Niños de Antigua y Barbuda

Aplicación de los derechos del niño en Antigua y Barbuda

Antigua y Barbuda tiene un estatus especial: forma parte de un grupo de siete Estados supervisados por la ONU a través de la Oficina del Clúster de Barbados y el Caribe Oriental. El último informe del Comité de los Derechos del Niño es alentador, pero queda mucho por hacer para garantizar una mayor protección de los derechos de los niños en el país. Deberá informar a esta Comisión sobre sus progresos. Por lo tanto, será interesante seguir esta presentación y las respuestas del Comité.

Antigua y Barbuda de un vistazo

Este «país de las 365 playas» basa su economía principalmente en el turismo, que representa el 80% del PIB y proporciona muchos puestos de trabajo (World bank group, s.d.). Ya debilitada por el huracán Irma en 2017, la pandemia mundial de COVID 19 está teniendo un fuerte impacto en la economía y en la población, especialmente la que se encuentra en una situación más precaria (Moore, 2020, p. 6). Cabe señalar que la OCDE considera a Antigua y Barbuda un paraíso fiscal, que el gobierno, representado por un sistema parlamentario, se compromete a cambiar mediante una mayor transparencia de las instituciones bancarias y fiscales (Observatoire des amériques – Montréal).

Situación de los derechos del niño [1]

A nivel internacional, Antigua y Barbuda es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1993. En 2002, el Estado ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Sin embargo, en el caso de este último, aunque el Estado es parte, no está cumpliendo con su obligación de informar. Se espera la presentación del primer informe desde el para el 30 de mayo de 2004.

Al mismo tiempo, Antigua y Barbuda todavía tiene que trabajar en términos de ratificaciones. No ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño por el que se establece un procedimiento de comunicaciones, ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ni instrumentos básicos de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

No forma parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores ni del Convenio sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional.

Sin embargo, en 2016 ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al tiempo que adoptó otras medidas institucionales y políticas relacionadas con los derechos de los niños destacadas por el Comité de los Derechos del Niño (Comité des droits de l’enfant, 2017). A nivel nacional, varias leyes de 2015 relacionadas con los derechos de los niños, para las reformas, muestran cierta buena voluntad del Estado^[2].

Estas leyes han permitido consagrar el principio del interés superior en el sistema legislativo (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 5). En cuanto al principio rector de la participación de los jóvenes, no está reconocido por la ley, pero se están haciendo esfuerzos, a través de mecanismos establecidos en las escuelas, para promoverlo (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 5).

Un problema recurrente para el Estado es la grave escasez de datos. Esto dificulta la planificación, la aplicación y el seguimiento de las políticas públicas para garantizar los distintos derechos de los niños. Esto se destaca especialmente en las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño en 2017.

Se explica, en particular, por un problema de fondos financieros y de asignación presupuestaria para la aplicación de los derechos derivados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, especialmente para los más vulnerables, mientras que los relacionados con la educación y la salud disminuyen (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 2). 

Sin embargo, disponer de datos es esencial para la aplicación de los derechos de la Convención, como menciona el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General nº 5 de 2003 sobre las medidas generales de aplicación de la Convención (Comité des droits de l’enfant, 2003). Es el caso, por ejemplo, de los niños con discapacidad: no hay datos fiables, ni política nacional, ni definición legal, por lo que no es posible conocer la situación de esta categoría de niños ni disponer de servicios adecuados para hacer valer los derechos. Además, en general, no existe ningún mecanismo independiente para supervisar los derechos de los niños (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 3).

Satisfacer las necesidades de los niños

Derecho a la educación

La educación es obligatoria para los menores de 5 a 16 años, y la enseñanza primaria y secundaria es gratuita. (Antigua and Barbuda: Children’s rights references in the universal periodic review, 2016). Al mismo tiempo, hay muy pocas escuelas y escasez de material educativo (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 11). Esto dificulta la aplicación del derecho a la educación. Además, la Convención no está incluida en los programas escolares, lo que obstaculiza su difusión entre los niños para que puedan conocer sus derechos y exigir su aplicación.

Derecho a la protección

El derecho a la protección implica el bienestar físico y mental de los niños en todo momento. Sin embargo, los castigos físicos son habituales en el Estado. La Ley de Castigo Corporal de 1949 y la Ley de Prisiones de 1956 permiten el uso de la flagelación por incumplimiento de la disciplina penitenciaria (Comité contre la torture, 2017, p. 8). 

La violencia está profundamente arraigada, hasta el punto de que es legal infligir castigos corporales no solo en el hogar, sino en todas las instituciones relacionadas con el desarrollo de los niños, como el sistema educativo (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 6)y las prisiones (Comité contre la torture, 2017, p. 8). Por ejemplo, en virtud de una ley de 2008 aún en vigor, el director y el subdirector de una escuela tienen derecho a administrar castigos físicos. Sin embargo, la Ley de Justicia Juvenil de 2015 prohíbe este tipo de castigos como medio para castigar a un niño por un delito.

El Estado ha comenzado a equiparse para hacer frente a los abusos, incluyendo una ley de 2015 sobre el cuidado de los niños y la adopción. Sin embargo, todavía debe hacerse un gran esfuerzo para documentar y detener el abuso infantil. El país alberga muy pocos centros de apoyo a las víctimas y no tiene ningún mecanismo de registro y seguimiento de las denuncias (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 6).

Derecho a la asistencia sanitaria

En Antigua y Barbuda, la atención médica es gratuita para los menores de 16 años y hay una buena cobertura de vacunación. Proteger y mejorar la salud mental de los jóvenes es también una preocupación del Estado. Sin embargo, en su informe de 2017, el Comité de los Derechos del Niño señala un fuerte aumento de la obesidad y la malnutrición entre los menores y la escasez de psiquiatras infantiles cualificados y de servicios de salud mental comunitarios (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 9). Además, el consumo de alcohol y marihuana está aumentando entre los jóvenes a pesar de que no hay leyes que prohíban su venta y consumo (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 9).

En cuanto a la salud sexual de los menores, la Asociación de Planificación Familiar proporciona anticonceptivos y asesoramiento gratuitos. Sin embargo, la salud sexual y reproductiva no se enseña en las escuelas y los niños reciben poco asesoramiento y escucha cuando se enfrentan a sus problemas de desarrollo, salud mental y reproducción. (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 9). Esto conduce a un alto número de embarazos tempranos, lo que puede tener un efecto negativo en la escolarización de las niñas ((UNESCO, 2017).

El problema de coordinación entre los diferentes organismos que trabajan en este ámbito deja pocas esperanzas de ofrecer una política estratégica viable para prevenir estos embarazos (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 9). No obstante, se están realizando esfuerzos en el ámbito de las personas que viven con el VIH.

Si una mujer embarazada tiene el VIH, su transmisión de madre a hijo está prácticamente eliminada, lo que forma parte de los esfuerzos de prevención (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 10). Sin embargo, cada vez son más las niñas que se infectan con el VIH y esto va acompañado de un estigma y una discriminación que hace que las personas seropositivas tengan menos acceso a la atención (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 11).

Factores de riesgo → Retos específicos del país

Tráfico de menores

La trata de personas, y por lo tanto de niños, es una verdadera lacra en el Estado (2019 Trafficking in Persons Report: Antigua and Barbuda, s.d.)pero se están tomando medidas para afrontarla, con cambios en la legislación, incluida la Ley de Prevención de la Trata de Personas de 2010. Incluso se puso en marcha un Plan de Acción Nacional para la Prevención de la Trata de Personas entre 2016 y 2018. Sin embargo, existen pocos datos sobre este tema, la identificación de las víctimas es difícil debido a los escasos recursos, y no existen servicios de atención, apoyo y refugio para ayudar a las víctimas de la trata (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 12).

Sin embargo, Antigua y Barbuda ha hecho esfuerzos, incluso con una enmienda en 2015 a la Ley de Prevención de la Trata de Personas de 2010 y la creación de la Oficina de Delitos Sexuales dentro de la policía en 2008 (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 7) para combatir la explotación sexual, que puede ser uno de los fines de la trata de niños.

Trabajo infantil

Para el trabajo en general, está legalmente prohibido emplear a niños menores de 14 años. Los menores de entre 14 y 18 años pueden ser contratados fuera del horario escolar y se requiere un permiso médico para trabajar de noche. Sin embargo, en lo que respecta a los trabajos peligrosos, la ley es muy imprecisa a la hora de proteger a los menores (Comité des droits de l’enfant, 2017, pp. 11-12). 

La discriminación

La discriminación es común en Antigua y Barbuda, pero se dispone de pocos datos para una acción política eficaz y eficiente, especialmente para los extranjeros (Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 2007). De este modo, se están haciendo esfuerzos para integrar mejor a los expatriados.

Por ejemplo, los niños de familias no estatales pueden ir a la escuela pública nada más llegar y no tienen que esperar los dos años necesarios. Sin embargo, debido a la falta de recursos del sistema educativo, estos niños no siempre están matriculados. No existe ningún mecanismo para evitar estas situaciones (Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 2007, p. 4).

Niños con discapacidades

Al mismo tiempo, los niños discapacitados de Antigua y Barbuda se enfrentan a verdaderos retos. Aunque no existe ninguna ley o política de apoyo a estos niños, hay una verdadera falta de inclusión de estos niños con necesidades especiales, especialmente en los servicios básicos. Facilitar el acceso a las personas con discapacidad no es un requisito legal.

Faltan servicios para seguir el desarrollo de estos niños e incluirlos lo más posible en la sociedad (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 8). Este problema de accesibilidad también afecta a otros grupos de niños especialmente vulnerables, como los niños de entornos precarios, los niños migrantes y los niños adoptados informalmente (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 4).

La justicia juvenil

La justicia juvenil se rige por una ley del mismo nombre de 2015, en vigor en 2016. A pesar de esta reciente ley, que se supone que sigue los principios rectores y los derechos contenidos en la Convención, hay muchos aspectos que se pueden mejorar.

Por ejemplo, la edad mínima de responsabilidad es muy baja: niños de hasta 8 años pueden ser procesados y detenidos. Existen pocos medios para proteger a los jóvenes, entre ellos las escasas posibilidades de adoptar medidas alternativas a los procedimientos judiciales. La libertad condicional parece ser la única alternativa a la condena y el encarcelamiento

Cuando no se les coloca con presos adultos (Comité contre la torture, 2017, p. 7),los chicos que tienen que ir a los albergues acaban en la Escuela de Formación de Chicos, un programa que no cumple con la Convención de los Derechos del Niño ni con las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Règles de La Havane) (Comité des droits de l’enfant, 2017, p. 13).

Retos medioambientales

Debido a su condición de isla y a su posición en el Caribe, Antigua y Barbuda se encuentra a la vanguardia de los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar y el aumento de los fenómenos climáticos (World bank group, s.d.), ya que el estado suele sufrir huracanes y tormentas (CIA, 2022). El huracán Irma en 2017 es un ejemplo (Moore, 2020, p. 6). Estos hechos tienen repercusiones en el cumplimiento de los derechos de los niños. Un ejemplo es la violencia sexual que pueden sufrir las niñas que se encuentran en refugios masificados. (Dernières informations à propos de la crise : Récupérer la dignité et rétablir les moyens de subsistance après la crise aux Caraïbes, 2018). 

Además, debido a la topografía de las islas, Antigua y Barbuda sufre regularmente sequías (Momsen, s.d.). El Estado también es vulnerable a los fenómenos climáticos de la región, como la erupción del volcán La Soufrière en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, que provocó una crisis humanitaria y económica que también afectó gravemente a Antigua y Barbuda (Agence France Presse, 2021). 

Escrito por Juliette Bail

Traducido por Marta Ancín

Revisado por Nieves Carazo

Última actualización el 26 de febrero de 2022

Referencias:

2019 Trafficking in Persons Report: Antigua and Barbuda. (n.d.). Consulté le 15 février 2022,  du site internet U.S Department of state: https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/antigua-and-barbuda/

Agence France Presse. (2021, 14 avril). Longue crise en perspective, prévient l’ONU. Consulté le 24 février 2022, du site internet La Presse: https://www.lapresse.ca/international/caraibes/2021-04-14/saint-vincent/longue-crise-en-perspective-previent-l-onu.php

Antigua and Barbuda: Children’s rights references in the universal periodic review. (2016, 9mai). Consulté le 17 février 2022, du site internet Child Rights International Network: https://archive.crin.org/en/library/publications/antigua-and-barbuda-childrens-rights-references-universal-periodic-review.html

CIA. (2022, 16 février). Antigua and Barbuda. Consulté le 25 février 2022, du site internet The World Factbook: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/antigua-and-barbuda/

Comité contre la torture. (2017, 30 août). Observations finales concernant Antigua-et-Barbuda en l’absence de rapport.Consulté le 15 février 2022, du site internet des Nations Unies: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/253/86/PDF/G1725386.pdf?OpenElement

Comité des droits de l’enfant. (2003, 27 novembre). Observation générale °5. Consulté le 24 février 2022, du site internet des Nations Unies: https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_5_2003_FR.pdf

Comité des droits de l’enfant. (2017, 30 juin). Observations finales concernant le rapportd’Antigua-et-Barbuda valant deuxième à quatrième rapports périodiques.Consulté le 15 février 2022, du site internet des Nationes Unies: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhssgYL1OdqFkpqxKws0oHsu%2fSCfv%2fZans%2fSEyT%2b0yyvbiHMTXKzZT0KDiD15SZF0YdQT9cUcBCu51xr%2bWUUdpBmAMpayUqs4XtjLFhmkHOcKO

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. (2007, 11 avril). Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention. Consulté le 25 février2022, du site internet des Nations Unies: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/417/04/PDF/G0741704.pdf?OpenElement

Dernières informations à propos de la crise : Récupérer la dignité et rétablir les moyens de subsistance après la crise aux Caraïbes. (2018, 15 août). Consulté le25 février 2022, du site internet ONU Femmes: https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2018/8/feature-caribbean-humanitarian-update

Momsen, J. D. (n.d.). Antigua and Barbuda. Consulté le 24 février 2022, du site internet Britannica: https://www.britannica.com/place/Antigua-and-Barbuda

Moore, W. (2020, juillet). Antigua and Barbuda : Covid-19 Heat report human and economic assessment of impact.Consulté le 25 février 2022, du site internet UN Women: https://caribbean.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Caribbean/Attachments/Publications/2020/Human%20Impact%20and%20Economic%20Assessment%20of%20Impact%20%20Antigua%20%20Barbuda.pdf

Observatoire des amériques – Montréal. (n.d.). Antigua et Barbuda.Consulté le 13 février2022, du site internent de l’UQAM: https://www.ameriques.uqam.ca/spip.php?article144&lang=fr

UNESCO. (2017). Grossesses précoces et non désirées: recommandations à l’usage du secteur de l’éducation.Consulté le 29 mars 2022, du site internet UNESDOC: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248418_fre

World bank group. (n.d.). Antigua and Barbuda. Consulté le 15 février 2022, du site internet Climate Change Knowledge Portal: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/antigua-and-barbuda

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[1] Este artículo no pretende ser un relato exhaustivo o representativo de los derechos de los niños en Antigua y Barbuda. De hecho, uno de los muchos retos es la escasez de información actualizada sobre los niños, especialmente en inglés o francés. Este artículo se basa en gran medida en fuentes de las Naciones Unidas, que deben ser corroboradas con recursos de otros organismos.

[2] Incluyendo la Ley de Justicia Juvenil 23 de 2015, la Ley de Niños (Protección y Adopción) 24 de 2015 y la Ley de Violencia Doméstica 27 de 2015.