Niños de Cabo Verde

Descubriendo los derechos del niño en Cabo Verde

Cabo Verde forma parte de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo o PEID. Este Estado ha presenciado grandes cambios en relación con los derechos de los niños. Sin embargo, los escasos recursos del país y de su población frenan la puesta en marcha de medidas que puedan asegurar y profundizar el respeto de los derechos de los niños. El país afronta todavía numerosos desafíos, aunque la buena voluntad del gobierno permite apreciar un futuro mejor para los niños caboverdianos.

Índice de los Derechos del Niño: 7,89/10
Nivel naranja: Problemas sensibles

Población: 543,767
Pob. de 0 à 14 años: 28.7%

Esperanza de vida: 72.7 years
Mortalidad en menores de 5 años: 14.9‰

Cabo Verde de un vistazo

Cabo Verde es un estado insular. Se compone de diez islas volcánicas. Esta República de África occidental es conocida por su estabilidad política desde que consiguiera la independencia el 5 de julio de 1975. Es también uno de los países más dinámicos y arroja algunos indicadores esperanzadores. Con un buen gobierno y un bajo nivel de corrupción, Cabo Verde cuenta con un PIB por habitante que triplica la media del África subsahariana. En 2019, dentro de la clasificación por índice de desarrollo humano, ocupaba la primera posición del África occidental y la posición decimotercera de todo el continente africano. A nivel mundial, se encuentra en el puesto 163 de 228 (Direction générale du Trésor, 2020).

El archipiélago es pobre en cuanto a recursos naturales, sobre todo de agua dulce, y sufre largos períodos de sequía (Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 2003). Esta configuración presenta todo un desafío, pues Cabo Verde es un país que depende del exterior también tanto para obtener recursos financieros como cubrir sus necesidades interiores. Por ejemplo, como el territorio no tiene más que un 10% de tierras cultivables, el país debe importar alimentos para cubrir sus necesidades (Direction générale du Trésor, 2020). Al igual que sucede con muchas islas con escasez de recursos, para Cabo Verde es difícil garantizar los servicios esenciales (Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 2003).

Estatuto de los derechos de los niños [1]

En lo que a los derechos de los niños se refiere, el país. Después de muchos años, ha realizado grandes esfuerzos para mejor la situación. A nivel mundial, Cabo Verde ha mostrado su buena voluntad al adherirse y/o ratificar tratados internacionales. Por ejemplo, ha ratificado el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo que estableció en 1973 la edad mínima para trabajar y las peores formas de trabajo para niños en 1999. Lo hizo el 7 de febrero de 2011 (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 2015).

A estos dos ejemplos se une la adhesión al Convenio internacional sobre los derechos del niño (CDN) el 4 de junio de 1992. Es más, Cabo Verde ha ratificado Protocolos facultativos relativos a esta Convención sobre la venta de niños y la prostitución y la pornografía infantil y el Protocolo facultativo sobre la intervención de niños en conflictos armados de 2002. Para poder aplicar la CDN, se han puesto en marcha varias iniciativas con la creación destacada de la Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos y la Ciudadanía en 2004 y la adopción del Estatuto del Niño y el Adolescente en 2013 (Comité des droits de l’enfant, 2019). 

El país y los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo se han vuelto conscientes de la importancia de los derechos del niño y se han aplicado esfuerzos con sentido. Sin embargo, se dedican escasos recursos humanos, técnicos y financieros a medidas políticas y económicas encaminadas a asegurar el respeto total por los derechos del niño (Comité des droits de l’enfant, 2019). Por ejemplo, el Estatuto del Niño y del Adolescente se ha aplicado con dificultad, lo que limita considerablemente su alcance (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Cabo Verde tiene por delante mucho progreso que realizar, especialmente a la hora de tener en cuenta los principios que guían la CDN. Por ejemplo, este estatuto de 2013 no tiene en consideración el principio de respeto de la opinión del niño en muchas áreas, que es uno de los principios de la CDN. La formación dirigida a profesionales y campañas de sensibilización y promoción de los derechos del niño permitirían que los esfuerzos para que estos derechos fueran más eficientes e incorporarlos a las prácticas y valores morales de la sociedad (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Al mismo tiempo, conocer la situación y mejorarla resulta difícil, pues hay pocos datos sobre políticas públicas y seguimiento. Los informes sobre Cabo Verde procedentes de diferentes organizaciones de las Naciones Unidas, como el de 2019 emitido por el Comité de los derechos de los niños, a menudo se refieren a esta falta de datos. El informe anterior se refiere a la creación de un Observatorio de la infancia y la adolescencia que permite poner en marcha un sistema de datos para ver la evolución de los derechos anteriormente referidos por parte de (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Respuesta ante las necesidades de los niños

Derecho a la educación

En Cabo Verde, los niños tienen derecho a una educación gratuita y obligatoria durante 8 años (Comité des droits de l’enfant, 2019). Es más, la tasa de escolarización ha aumentado, pasando del 63,5 % en 2000 a 85,3 % en 2010 según el Ministerio de Educación de Cabo Verde. Lo mismo se ha dado en cuanto a la tasa de alfabetización (Pires Ferreira, 2013). Prácticamente todos los niños tienen acceso a la educación primaria y en los presupuestos públicos la educación representa una parte importante (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Sin embargo, hay frenos en el acceso de los niños a la educación. Por ejemplo, aunque la educación sea gratuita, los costes indirectos como el transporte o las comidas de los niños son importantes para las familias con escasos ingresos (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 2018). La educación secundaria y universitaria están al alcance de aquellos que tienen dinero. En todos los niveles educativos hay disparidades significativas entre las zonas urbanas y rurales (Comité des droits de l’enfant, 2019). Incluso si se están haciendo esfuerzos, la educación de los niños con discapacidad está limitada (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 2018).

Por otro lado, la educación es un tema que materializa los retos de la identidad y del país. Por ejemplo, la enseñanza se hace en portugués. Sin embargo, unos cuantos utilizan el creole caboverdiano, sobre todo las clases sociales con pocos recursos. Cabo Verde es un buen ejemplo de disglosia, es decir de una «situación de bilingüismo por parte de un individuo o de una comunidad en la que dos lenguas tienen un estatuto sociopolítico inferior» (Larousse, s.d.), donde  la lengua oficial es el portugués. El problema de la lengua, entre lengua nacional y lengua oficial, presenta un verdadero freno en el derecho a la educación. De hecho, resulta cada vez más difícil compartir conocimientos y los alumnos encuentran  dificultades, en particular aquellos que hablan creole (Pires Ferreira, 2013).

La calidad de la enseñanza y su pertinencia han sido puestos de manifiesto por el Comité de los derechos del niño en 2019. Esta dificultad e ineficiencia en la enseñanza tienen como resultado una elevada tasa de abandono escolar. Esta tendencia afecta especialmente a la población femenina, a pesar de las reformas legislativas que permiten a las jóvenes embarazadas seguir estudiando (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 2018). Del mismo modo, las niñas están poco representadas en los estudios en áreas tradicionalmente dominadas por los hombres (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019). Además, los programas contienen numerosos estereotipos discriminatorios en cuanto al lugar que se les supone a las mujeres y a los hombres en la sociedad y en el seno de la familia (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019).

Derecho a la salud

Se está notando el progreso. Las tasas de mortalidad infantil y maternal han bajado en picado y se ha destinado parte del presupuesto público a financiar el servicio de salud de los niños (Comité des droits de l’enfant, 2019). Sin embargo, el derecho a la salud está lejos de que sea totalmente adquirido y respetado. Muchas enfermedades afectan a los niños, especialmente aquellas enfermedades que cuentan con vacunas conocidas, como la poliomielitis. Los niños pequeños se ven particularmente afectados por esta enfermedad, pero también por enfermedades perinatales, infecciones respiratorias agudas, diarreas, gota y tuberculosis (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Se han dado pasos adelante también en cuanto a la salud de los adolescentes, en particular con la creación en 2008 de servicios de salud sexual y procreativa dirigida a este grupo de edad. No obstante, muchas jóvenes se quedan embarazadas (Comité des droits de l’enfant, 2019) y en 2018 un 12% de adolescentes entre 15 y 19 años han dado a luz (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019). La maternidad pone en riesgo su futuro, por ejemplo, limitando su acceso a la educación o a una mejor situación socio profesional (OMS, 2020).

Una buena nutrición tiene un impacto positivo en la salud. Muchos niños en Cabo Verde comen cuando tienen hambre, como muestra la bajada de las tasas de insuficiencia ponderativas, desnutrición y retraso en el crecimiento (Comité des droits de l’enfant, 2019). Sin embargo, la anemia se encuentra muy extendida entre los más pequeños y las mujeres embarazadas (Comité des droits de l’enfant, 2019). Es más, el 25% de la población rural no tiene acceso al agua potable y el 35% de los habitantes de áreas rurales no tienen baños ni un sistema de evacuación de aguas (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019). El agua no potable y el escaso acceso a la higiene son causas de enfermedades que afectan a los niños (OMS, 2019), que sin embargo tienen derecho al agua potable.

En relación con la salud física, se cuenta con poca información y hay poca ayuda disponible sobre salud mental, y más aún en lo que concierne a los niños. De hecho, el país no puede facilitar información alguna sobre las causas de suicidio entre niños y adolescentes (Comité des droits de l’enfant, 2019). El consumo de drogas está extendido, afectando igualmente a niños de 15 años (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Derecho a la identidad

Se ha realizado un esfuerzo importante para registrar nacimientos. El derecho a la identidad entra dentro de esta práctica administrativa, lo que permite asociar a los niños a un país, a una nacionalidad. El niño de este modo adquiere derechos y protección. Por ejemplo, si no se registra su nacimiento, al niño se le pueden rechazar servicios, como la educación. Igualmente hay más probabilidad de que sean víctimas del tráfico de personas, la explotación, el trabajo forzado o incluso la adopción ilegal (UNHCR Genève, 2015).

La cuestión de registrar nacimientos muestra sin embargo la dificultad que este país tiene para hacer frente a las necesidades de su población y de su geografía: muchos nacimientos siguen siendo invisibles por cuestiones administrativas en áreas rurales debido a la falta de servicio y de recursos concedidos (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 2018). La apatridia es un problema que acepta todavía a muchos niños  (Comité des droits de l’enfant, 2019).

El derecho a la identidad perjudica de la misma manera a los niños migrantes. Los migrantes del África occidental tienen dificultades para registrar sus nacimientos. Los niños, por lo tanto, no tienen acceso a los sistemas sanitarios y educativos, sin olvidar que se les dificulta el acceso a la nacionalidad (Comité des droits de l’enfant, 2019). Estos niños son especialmente vulnerables al maltrato y a la explotación, en especial cuando proceden de familias en situaciones irregulares (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Factores de riesgo -> desafíos específicos del país

La violencia y el maltrato infantil

La violencia y el maltrato hacia los niños caboverdianos es un problema persistente. En el seno de las familias, están muy extendidos los castigos corporales, lo que va en contra de su bien estar y buen desarrollo. Esta práctica no está explícitamente prohibida en todas las situaciones (Comité des droits de l’enfant, 2019). A pesar de la creación de un sistema de protección, se denuncian muchos casos de maltrato. La falta de persecución de los verdugos y de información sobre los niños víctimas en sus manos dificulta dar con soluciones pertinentes y eficientes (Comité des droits de l’enfant, 2019).  

Se denuncian muchos casos de violencia sexual, principalmente perpetrados por familiares o personas cercanas, aunque también en el entorno escolar De hecho, muchos alumnos consideran que la escuela es un peligro (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019). En su mayoría los casos de abuso sexual afectan a las niñas (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019).

A pesar de la puesta en marcha en 2016 del Programa Nacional para la lucha contra la violencia sexual sobre niños y adolescentes 2017-2019 (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019), Cabo Verde cuenta con pocos servicios para dar apoyo social, psicológico, médico y jurídico a los niños víctimas de tales atrocidades (Comité des droits de l’enfant, 2019). No es obligatorio informar a las autoridades de los casos de violencia (Comité des droits de l’enfant, 2019). Los niños son también vulnerables a la explotación bajo un clima de violencia exacerbada  (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Por otro lado, se dan casos de violencia policial con los niños, en particular aquellos en la calle, según se refleja en el informe de 2019 del Comité sobre los derechos del niño, que resalta la impunidad que reciben las acciones extrajudiciales de los policías (Comité des droits de l’enfant, 2019). Los representantes del gobierno se vuelven ellos mismos los recursos, dado que la violencia representa todo un reto a Cabo Verde a la hora de garantizar el derecho a la protección de los niños, conscientes de que los medios y la clase política parecen tolerar estas prácticas (Comité des droits de l’homme, 2019).

Juzgar la violencia es un elemento clave en nuestra sociedad. Los niños que infringen una norma deben ser juzgados más por su edad que por la gravedad. Como sucede con los adultos, tienen derechos que deben ser respetados. En Cabo Verde, la edad mínima de responsabilidad penal se ha fijado de ahora en adelante en 16 años. Sin embargo, desde los 12 años los niños pueden ser objeto de medidas socioeducativas y privativas de libertad que desgraciadamente se emplean con frecuencia a partir de los 16 años A menudo se encierra a los niños en celdas con adultos, lo que va en contra del artículo 37 del CDN. Es más, de manera sistemática carecen de derecho a ayuda y asesoramiento y de maneras para quejarse (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Trabajo infantil

Cabo Verde es un país que acoge un alto porcentaje de familias que viven en la pobreza. Esta precariedad afecta en gran medida a los niños, debilitando sus derechos. La CND defiende el trabajo infantil, declarando que no pone en peligro la educación de los pequeños. Sin embargo, la precariedad obliga a ciertos padres a sacar a sus hijos del sistema educativo porque pueden suponer una fuente de ingresos (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 2018).

En Cabo Verde se debe avanzar, especialmente fijando la edad mínima para entrar en el mercado laboral en los 15 años. En 2014, adoptó el Plan de acción para la prevención y eliminación del trabajo infantil (Comité des droits de l’enfant, 2019). No obstante, muchos niños trabajan en actividades peligrosas en diferentes sectores tales como la agricultura, la pesca o los trabajos domésticos. Esto afecta especialmente a los niños procedentes de áreas rurales (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Prostitución y turismo sexual

Por su posición geográfica, Cabo Verde desde hace tiempo ha sido una plataforma comercial triangular (Semedo, 2016). Incluso hoy en día, sigue siendo un lugar importante en el tráfico de personas. De hecho, es un país de origen, de transición y de destino para esta práctica ilegal que afecta sobremanera a los menores. El tráfico de personas está reconocido desde 2015 como delito penal en Cabo Verde y para 2018-2021 se adoptó un Plan nacional para la lucha contra el tráfico de personas (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019). No obstante, hay poca información disponible actualmente para medir y seguir los procedimientos de protección de los niños víctimas de esta práctica y sobre la persecución de sus autores (Comité des droits de l’enfant, 2019).

El tráfico con fines de explotación sexual y prostitución es especialmente importante en el caso de las mujeres y niñas en Cabo Verde, para las que la pobreza y la situación precaria se convierten en factores de riesgo (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 2015). Este problema sigue siendo relevante y Cabo Verde ha hecho mucho para encontrar soluciones eficaces para atajar la explotación sexual y la prostitución, que adquiere mayores dimensiones en vista del auge del turismo (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 2015). Utilizar y reclutar a niños entre 16 y 18 para con fines de ejercer la prostitución y/o la pornografía no está oficialmente prohibido y perseguido en Cabo Verde (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Hay situaciones bastante inquietantes: en su informe de 2019, el Comité para la eliminación de la discriminación de las mujeres resaltó su alarma ante el caso de familias que animan a sus hijas a prostituirse con visitantes americanos a los resorts para obtener una visa o ganar dinero. Este Comité informó igualmente de casos en los que niñas, que no debían superar los 12 años, habían sido víctimas de la explotación sexual a cambio de drogas (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019).

Discriminación de género

La sociedad caboverdiana está en progreso. Por ejemplo, en 2011, el gobierno adoptó la Ley especial sobre la violencia de género, que ha desencadenado acciones de formación y sensibilización (Comité des droits de l’enfant, 2019). Aun así, sigue siendo una sociedad patriarcal que minimiza el lugar de las mujeres y los niños y sus derechos. De hecho, como menciona el Comité de derechos de los niños en su informe de 2019, persisten los estereotipos de género, en concreto el modelo clásico, en el que la madre es la que se ocupa de los niños. Perdura la discriminación de la mujer. (Comité des droits de l’enfant, 2019). Se exacerba hasta el extremo en Cabo Verde, donde se dan numerosos casos de violencia sexista (Comité des droits de l’enfant, 2019).

Si bien se considera que el matrimonio infantil es una práctica perjudicial, los adolescentes aún pueden casarse si tienen el consentimiento familiar (Comité des droits de l’enfant, 2019). Existen uniones de hecho con niñas y adolescentes menores de 18 años, que, en el caso de los niños, se considera matrimonio infantil (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019). El Código Civil caboverdiano reconoce las uniones de hecho de niñas de 19 años cuando la pareja ha convivido al menos 3 años. Al final, este tipo de unión se ve legitimada en el caso de niñas que tan solo tienen 16 años (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2019).

Medio ambiente y los derechos de los niños

El cambio climático tiene un impacto en el respeto por los derechos del niño (UNICEF, 2007). Los habitantes de Cabo Verde, en particular las familias pobres, deben pasar penurias para conseguir agua potable y enfrentarse a sequías continuas (Comité des droits de l’enfant, 2019). El de Cabo Verde es un estado insular, preocupado por las subidas del nivel del mar, además de por el incremento de temperaturas y los diferentes regímenes pluviométricos (Comité des droits de l’enfant, 2019). Sin embargo, hay pocos datos disponibles para poder medir los efectos del cambio climático en los niños.

Escrito por Juliette Bail

Traducido por Nieves Carazo

Última actualización el 8 de septiembre de 2020

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[1] Este artículo no pretende de ninguna manera presentar un informe completo o representativo de los derechos de los niños en Cabo Verde. De hecho, uno de los muchos desafíos se encuentra en la falta de información actualizada sobre los niños. Este artículo se basa en gran parte en fuentes de las Naciones Unidas que deberían ser corroboradas con recursos procedentes de otros organismos.