Niños de Chile

Descubriendo los derechos infantiles en Chile

Aunque Chile se encuentra entre los países más desarrollados de América del Sur —relativamente libre de inestabilidad política—, los niños deben enfrentar varios obstáculos que impiden de manera directa el desarrollo de una vida en la que se respeten y defiendan sus derechos. Entre los problemas que persisten en las vidas de los niños de Chile, se incluyen el trabajo infantil, la trata infantil y la pobreza.

Chile a grandes rasgos

Chile es un país con una geografía angosta y de poca altitud que se encuentra a lo largo de la costa oeste de América del Sur. El país, cuya capital es Santiago, comparte fronteras con Argentina en el este, mientras que al oeste se encuentra el Océano Pacífico y al norte limita con Perú y Bolivia.

La cordillera de los Andes constituye una parte significativa del paisaje de Chile y la longitud extrema del país da como resultado una diversidad climática que va desde los desiertos costeros en el norte hasta una región subantártica más fría en el sur. Chile también experimenta varias catástrofes naturales extremas, como erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, fuertes tormentas en invierno y graves sequías en verano (Carmagnani, 2022).

Su pasado histórico estuvo caracterizado por la colonización española, lo que resultó en una realidad cultural fuertemente influenciada por la cultura española; así, la mayoría de la población es mestiza (con una herencia tanto española como indígena). Respecto de su desarrollo económico, al igual que la mayoría de sus contrapartes latinoamericanas, Chile no dependió demasiado en la agricultura y la minería, sino que se dedicó a desarrollar una economía que también se basara en la producción. Esto convirtió a Chile en uno de los países más urbanizados con una próspera clase media.

Desde el punto de vista político, a excepción de la junta militar que tomó el control del país entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, Chile se ha mantenido libre de golpes de Estado y de la suspensión de garantías constitucionales, lo que sí sucedió con mayor frecuencia a lo largo de la historia política de sus países vecinos (Carmagnani, 2022). Sin embargo, es importante reconocer el grave golpe de Estado de 17 años bajo el general Augusto Pinochet como uno de los más sangrientos de la historia latinoamericana en el siglo XX y que fue responsable de más de 3000 muertes y desapariciones (BBC, 2020). 

Desde 2022, el presidente de Chile es Gabriel Boric, quien se convirtió así en el presidente más joven de la historia del país. Su triunfo ocurrió luego de meses de malestar en 2019 producido como resultado de la previsión social deficiente, la corrupción y la desigualdad. Varios representantes políticos comenzaron a redactar una nueva constitución para reemplazar la establecida por el general Augusto Pinochet en 1980 y se llamó a un referéndum a comienzos de 2022 (Bartlett, 2022).

No obstante, los votantes rechazaron de forma abrumadora la nueva constitución, con casi un 62% de votos en contra del texto progresista. Esto reflejó un resultado que no se había anticipado, el margen de rechazo fue mucho mayor del sugerido en las encuestas. Sin embargo, Boric afirmó que trabajaría junto con el Congreso y la sociedad civil para crear un «nuevo proceso constitucional» (Buschschlüter, 2022).

Estado de los derechos del niño ^[1]

Entre 1990 y 2006, se dieron pasos fundamentales hacia el cumplimiento de los derechos de los niños. La coalición de partidos políticos de centroizquierda que fue electa, la Concertación, implementó políticas importantes a partir de 1990 en sus tres gobiernos consecutivos (Aylwin 1990-1994, Frei 1994-2000 y Lagos 2000-2006), por lo que se tomaron decisiones relevantes en cuanto los derechos de los niños. El Gobierno de Aylwin estaba fuertemente comprometido con la ratificación de los tratados internacionales que no se había llevado a cabo durante la dictadura militar. El 13 de agosto de 1990, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (Fuentes, 2010).

En 1992, el Ministerio de Planificación desarrolló un Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia gracias al compromiso establecido por el presidente en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990. Este plan es considerado como el primer paso del Gobierno chileno para promover políticas coherentes y coordinadas sobre cuestiones relacionadas con los derechos del niño. 

Durante el Gobierno de Frei (1994-2000), se continuó la estrategia del Gobierno anterior; se aprobaron iniciativas legales, entre las que se encontraba una ley que protege a los niños de cualquier forma de discriminación, una ley de adopción contra la discriminación de los niños nacidos fuera del matrimonio, otra contra la violencia doméstica, una regulación contra el secuestro nacional e internacional y la regulación sobre los derechos y las obligaciones de los padres concernientes a los beneficios económicos obtenidos por la pareja. En 1995, el Gobierno estableció el Comité Nacional contra el Abuso Infantil y en 1996 fundó el Comité Nacional Asesor para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Fuentes, 2010). 

Respecto de los tratados específicos que ratificó, Chile ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados el 31 de julio de 2003, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía el 6 de febrero de 2003 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 29 de julio de 2008.

Un abordaje de las necesidades de los niños

Derecho a la educación

En Chile, la educación es obligatoria para todos los niños de entre 7 y 16 años, pero mientras esto es una estadística, la realidad es que alrededor de 75.000 niños no asisten a la escuela y a menudo se les obliga a abandonar la escuela para trabajar y mantener a sus familias. Además, existen evidentes desigualdades relacionadas con el acceso a la educación, ya que en el sistema educativo superior los costos de matriculación se encuentran entre los más costosos del mundo (Marlys, 2020).

La pandemia de covid-19 tuvo enormes repercusiones sobre el sistema educativo a nivel mundial y, mientras que muchos se trasladaron a un espacio en línea para acceder a la educación, en Chile la brecha digital hizo que solo el 27% de los hogares con menores ingresos tuvieran acceso a la educación digital. La ausencia de dispositivos tecnológicos fue un claro obstáculo a la hora de recibir educación; la falta de Internet sumado a la imposibilidad de obtener almuerzos escolares derivó en la reticencia de los alumnos a conectarse (Human Rights Watch, 2022).

Asimismo, luego de que las escuelas retornasen a las clases presenciales, hubo varias denuncias de acoso sexual y de comportamientos violentos y sexistas, lo que ocasionó protestas estudiantiles y, a su vez, el cierre de varias escuelas en la capital chilena. De acuerdo con el departamento de educación del Gobierno, las denuncias de acoso sexual entre los estudiantes aumentó un 56% en comparación con el mismo período en 2018 (McGowan, 2022).

Derecho a la salud

Durante más de 25 años, el Servicio Nacional de Salud (SNS) fue fundamental al momento de brindar servicios de salud centralizados y económicamente eficientes. Sin embargo, a medida que el Gobierno se inclinaba por la privatización, el SNS no coincidía con estas nuevas ideas y hubo numerosas repercusiones que perjudicaron a los sectores con menos recursos de la población. En 1981 se creó un fondo de salud nacional (Fonasa) que se convirtió en la fuente más importante de financiación estatal.

Como la seguridad social se privatizó, los individuos pagaban directamente a Fonasa un 9% de sus salarios. La única alternativa era depender de un seguro de salud privado otorgado por las instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). ISAPRES se fundó a mediados de 1981 para financiar servicios de salud privados, estableciendo contratos independientes con personas o entidades. Este sistema podía seleccionar a los clientes según la edad, el tamaño de la familia o el riesgo de contraer alguna enfermedad y tenía el derecho de no renovar las pólizas anuales cuando expirasen.

Como consecuencia, los sectores menos favorecidos no podían pagar los costos de ISAPRES y solo podían acceder a Fonasa. Los hospitales públicos se deterioraron ininterrumpidamente, mientras que miembros más acaudalados de ISAPRES se unieron con grandes grupos financieros que construyeron sus propios hospitales ultramodernos a los que solo podía acceder un sector pequeño pero pudiente de la población.

Esto produjo la emergencia de un sistema doble en el que los médicos y otros profesionales de la salud elegían la práctica privada cada vez más y proveían un servicio simbólico o incluso inexistente a los hospitales públicos. Esto hizo que la salud se convirtiera en un lujo y no en una necesidad (Sepúlveda, 1994).

Derecho al agua y al saneamiento

A pesar de que el país era conocido por sus grandes reservas de agua, en la última década, Chile ha padecido una grave sequía y los niveles de precipitación cayeron entre un 20% y 40%. Según el Instituto de Recursos Mundiales, Chile se encuentra en la lista de los países que enfrentarán un alto estrés hídrico para el 2040. Alrededor de 1,4 millones de chilenos (el 8% de la población) no tienen acceso a agua potable o al saneamiento y la situación es peor en las comunidades rurales, ya que estas deben enfrentarse a grandes empresas por el acceso al agua (Langrand, n.d.).

Los glaciares proveen a Chile de gran parte del agua que posee, pero estos corren riesgo de desaparecer debido a que los índices de precipitación descienden y continúa la explotación de los yacimientos de cobre que se encuentran bajo varias zonas glaciales. Se estima que, si Chile no toma las medidas necesarias para preservar sus glaciares, a finales de este siglo la mitad del volumen total del hielo se habrá derretido y, así, el país perdería su mayor fuente de agua dulce (Roark, 2020).

Durante las dos últimas décadas, los desastres naturales han sido un fenómeno recurrente en Chile, como sucedió en 2017, cuando las inundaciones en Santiago dejaron a millones de personas sin acceso a agua potable. Muchos atribuyen la mayor propensión a las inundaciones al rápido desarrollo urbanístico y a la pérdida de espacios verdes del país, lo que ha causado que el agua no pueda drenarse durante las tormentas (Roark, 2020).

Factores de riesgo → Desafíos específicos del país

Trata infantil

Las mujeres y niños de Chile son las víctimas más comunes de explotación en el tráfico sexual del país, así como las mujeres y niñas de Asia y otros países latinoamericanos, especialmente de Colombia. La vulnerabilidad de los migrantes y su incapacidad para evitar el tráfico aumentó durante la pandemia de covid-19; más del 30% padeció la pérdida de empleo y tuvieron escasas o nulas posibilidades de acceder a otro en medio de las restricciones regionales a la circulación.

Las leyes migratorias más estrictas también contribuyeron a agudizar la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes, en especial la venezolana. Los niños que se encuentran en centros de protección de menores corren un mayor riesgo de padecer abusos, incluso la trata infantil.

Además, las autoridades chilenas registraron un número significativo de niños involucrados en actividades ilícitas, entre las que se encontraban el tráfico de drogas y el robo, y algunos de estos niños pueden haberse convertido en víctimas de la trata. Los traficantes someten a hombres chilenos para la explotación laboral en Perú y a las mujeres chilenas para la explotación sexual en Argentina y otros países (U.S Department of State, 2021).

Trabajo infantil

En 2020, Chile hizo avances específicos que buscaban eliminar directamente las peores formas de trabajo infantil. El Gobierno estableció la Ley 21271, que adecuaba el Código del Trabajo para que en este se pida una nueva lista de actividades que se consideren como trabajos peligrosos para los niños y los adolescentes, y ratificó el Protocolo Relativo al Convenio sobre Trabajo Forzoso de 2014 de la OIT. El Gobierno también estableció una mesa redonda biregional en Tacna y Arica para coordinar los esfuerzos realizados por los Gobiernos de Chile y Perú con el fin de erradicar el trabajo infantil en la frontera (Bureau of International Labor Affairs, 2021).

No obstante, a pesar de estos intentos, a los niños en Chile aún se los somete a las peores formas de trabajo infantil, como la explotación sexual comercial, que a veces se produce como resultado de la trata de personas. A los niños también se los obliga a participar en la producción y el tráfico de drogas (Bureau of International Labor Affairs, 2021).

Además, el abandono escolar posee una correlación directa con el trabajo infantil y los niños de entre 5 y 17 años suelen estar involucrados en actividades laborales. También existen grandes diferencias relacionadas con el género en el trabajo infantil, 9,5% de los niños y 3,9% de las niñas forman parte de la fuerza de trabajo. Las industrias de trabajo más comunes incluyen la gastronomía, la hotelería, el comercio, los servicios sociales, la agricultura y la construcción. Asimismo, las condiciones laborales causan graves consecuencias negativas y aproximadamente el 70,6% de los niños llevan a cabo trabajos considerados peligrosos. La ausencia de datos e información pública es una clara muestra de la realidad del país a la hora de abordar el trabajo infantil (Marlys, 2020).

Pobreza infantil

Entre 2017 y 2020, el porcentaje de niños y adolescentes que vivían en la pobreza ascendió de 13,9% a 15,16%, así, alrededor de 703.045 niños padecían pobreza por ingresos.

En cuanto a la pobreza extrema, hubo un aumento del 2%: más de 260.000 niños y adolescentes viven en estas condiciones (Unicef, 2021). Por otra parte, los niños indígenas y los niños migrantes son dos grupos marginalizados especialmente susceptibles de padecer pobreza infantil en Chile, ya que los niños de estas comunidades no poseen el mismo acceso a la educación y a los estilos de vida saludables que otros niños debido al menor nivel económico y la discriminación que sufren sus familias. En este país, son considerados inferiores debido a su origen indígena (Marlys, 2020).

Niños con discapacidad

No existe un programa específico que trate los derechos de los niños con discapacidad, lo que constituye un problema en Chile. El Gobierno chileno comenzó a reunir información sobre la discapacidad y la dependencia a través de una encuesta nacional que se centró en conocer su prevalencia en el país. El estado financiaría diferentes equipos para proveer apoyo educativo a las personas con discapacidad. 

El sistema de protección especializado del país apoyaba la existencia de centros especializados para niños con discapacidades agudas, mientras que también había otros programas para niños con discapacidad leve. Más de 700 niños con discapacidad estaban participando en esos programas (OHCHR, 2022).

Problemas medioambientales

Chile es vulnerable y se encuentra altamente expuesto a varios peligros naturales, como terremotos, actividad volcánica y tsunamis junto con otras cuestiones que pueden empeorar con el cambio climático, por ejemplo, incendios forestales, inundaciones, derrumbes y sequías. El país está experimentando un aumento de incendios forestales.

En 2017, los incendios forestales alcanzaron más de 1.000.000 hectáreas aproximadamente, lo que ha constituido un récord. El área entre Santiago y Puerto Montt se encuentra incluso más expuesta al fuego, con un promedio de entre 3.000 y 5.000 en cada temporada de incendios (Climate Change Knowledge Portal, n.d.).

Escrito por Aditi Partha

Traducido por Clara Roncoroni

Corregido por Adrian Cuellar Correa

Última actualización el 19 de diciembre de 2022

Bibliografía:

Bartlett, J. (2022, March 11). Gabriel Boric, 36, sworn in as president to herald new era for Chile. Retrieved from The Guardian at https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/gabriel-boric-chile-president-new-era , accessed on 18 December 2022.

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Bureau of International Labor Affairs (2021). Findings on the worst forms of child labor-Chile. Retrieved from U.S Department of Labor at https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/chile , accessed on 18 December 2022.

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Sepúlveda, C. (n.d.). The Right to Child Health: The development of primary health services in Chile and Thailand. Florence: Unicef., pp.1-71, https://www.unicef-irc.org/publications/131-the-right-to-child-health-the-development-of-primary-health-services-in-chile-and.html, accessed on 18 December 2022.

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^[1] Este artículo de ningún modo pretende dar una cuenta completa o representativa de los derechos del niño en Chile; de hecho, uno de los tantos desafíos es la escasa información actualizada sobre los niños en Chile, gran parte de la cual no es confiable, no es representativa, está desactualizada o simplemente no existe.