Hacer realidad los derechos de los niños en San Cristóbal y Nieves
San Cristóbal y Nieves ha ratificado un número importante de instrumentos internacionales para la protección de los derechos de los niños. A pesar de ello, la ausencia de datos recientes sobre los menores del país, así como su historial de medidas punitivas y castigos corporales a los jóvenes delincuentes, debilita la protección de los niños en todo el país. Esto se agrava si tenemos en cuenta las normas arcaicas que no protegen a la comunidad LGTB.
Índice de los Derechos del Niño: 7,86/10
Nivel naranja: Problemas sensibles
Población : 53,19 millones
Pob. de 0 a 14 años : no hay datos disponibles
Esperanza de vida: 71,3 años
Mortalidad en menores de 5 años: 15 ‰
San Cristóbal y Nieves de un vistazo
San Cristóbal y Nieves, oficialmente Federación de San Cristóbal y Nieves, es un pequeño país formado por dos islas ubicado en las Antillas Menores, en la parte oriental del mar Caribe. Basseterre, la capital del país, está ubicada en la isla de San Cristóbal.
En 1493, Cristóbal Colón la rebautizó como San Kitts y San Cristóbal durante su segundo viaje en honor a su santo patrón. Los colonos ingleses acortaron posteriormente el nombre a San Kitts tras su llegada en 1623, cuando se estableció la primera colonia inglesa. Más tarde, en 1625, llegaron los franceses y la isla cayó en manos del dominio colonial francés dirigido por Pierre Bélain sieur d’Esnambuc.
Durante el siglo XVII, la isla se dividió entre franceses e ingleses. En 1783, después de firmar el tratado de paz de París, la isla fue devuelta a Gran Bretaña (Momsen, 2021). San Cristóbal y Nieves se independizó en 1983 y desde entonces es un miembro independiente de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) con el monarca británico como jefe de Estado (Momsen, 2021).
Cristóbal Colón avistó la isla vecina y la bautizó como Nieves en 1493, por las nubes de su cima, las nieves. La isla se formó como resultado de la actividad volcánica y fue más tarde ocupada por colonos británicos en 1628 (Momsen, 2021).
San Cristóbal, la primera isla, tiene 176 kilómetros cuadrados (68 millas cuadradas). Cuenta con una cordillera volcánica en su centro conocida como Monte Liamuiga (antes conocido como Monte Miseria). Nieves, la segunda isla, está situada a 3 kilómetros (2 millas) de San Cristóbal, al otro lado del canal denominado Los Estrechos, tiene 93 kilómetros cuadrados (36 millas cuadradas) y está rodeada de arrecifes de coral (Momsen, 2021).
Situación de los derechos de los niños
San Cristóbal y Nieves ha ratificado un número importante de instrumentos internacionales para la protección de los derechos de los niños.
En 1990, el gobierno ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). San Cristóbal y Nieves también forma parte de otros instrumentos internacionales para la garantía de los derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM), que fue ratificada en 1985, el Protocolo Facultativo en 2006 y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2020.
El gobierno no ha firmado ni ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ni el relativo a la venta de niños, la prostitución y la utilización de niños en la pornografía.
A pesar de ello, el gobierno ha demostrado su compromiso con la protección de los niños a través de la Ley de Trata de Personas (Prevención) n.º 2 de 2008, la Ley de Delitos Electrónicos n.º 6 de 2012 y la Ley de Aduanas (Control y Gestión). San Cristóbal y Nieves ha ratificado todos los convenios internacionales importantes sobre el trabajo infantil, incluidos el Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (N.º 138) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Convenio sobre las peores formas de Trabajo Infantil, 1999 (n.º 182).
San Cristóbal y Nieves es miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y está vinculado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 1995, el gobierno ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará).
A escala nacional, el gobierno ha tomado medidas para proteger a los niños de la violencia, el abandono, el abuso, la explotación y también a los niños en conflicto con la ley a través de la aprobación y aplicación de leyes nacionales como: el proyecto de ley de Cuidado y Adopción de niños, el proyecto de ley de Violencia Doméstica, el proyecto de ley de Justicia Infantil, el proyecto de ley de Manutención de Niños y el proyecto de ley de Tutela, Custodia y Acceso (UNICEF, 2021).
Atender las necesidades de los niños [1]
Derecho a la educación
San Cristóbal y Nieves fue el primer país del Caribe en instaurar la enseñanza secundaria universal en 1968, un avance que permitió al país alcanzar una tasa de alfabetización del 98 %. La educación primaria universal era una prioridad nacional dentro del objetivo del gobierno de buscar la igualdad de oportunidades para niños y niñas. A mediados de los años ochenta, la educación pasó a ser gratuita y obligatoria entre los 5 y los 16 años (UNICEF, 2017). En 2016, las tasas de escolarización eran altas, con niveles más elevados entre las niñas (100 %) que entre los niños (96 %) (UNICEF, 2021).
A nivel regional, existen cuatro marcos legales que guían el desarrollo y las normas educativas de la región: (1) Política Regional de Igualdad de Género y Justicia Social 1995; (2) Educación para Todos en el Caribe: un plan de acción para los años 2000-2015; (3) Marco de Acción Regional para la Infancia 2012-2015 y (4) Declaración de Montego Bay. A nivel nacional, la educación se rige por la Ley de Educación de 2005, que regula desde la primera infancia hasta la educación superior (UNICEF, 2017).
El gobierno concede una gran importancia a la educación, con el 16 % del presupuesto nacional invertido en el sector educativo. En el territorio de San Cristóbal, hay diecisiete escuelas públicas de primaria y seis de secundaria. En Nieves, hay siete escuelas primarias públicas y dos de secundaria (Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de Género y Servicios Sociales, 2021).
En las escuelas públicas de San Cristóbal, los niños reciben comidas gratuitas gracias al Programa de Comidas Escolares. En Nieves, las comidas escolares cuestan 25 dólares estadounidenses a la semana. Para las familias que no pueden pagar esta tasa, cabe la posibilidad de recibir una ayuda financiera de los servicios sociales y empresas locales si la solicitud se acepta (Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de Género y Servicios Sociales, 2021).
Adicionalmente, el Programa Educativo para Estudiantes, gestionado por el Ministerio de Educación, proporciona libros de texto de manera gratuita a los estudiantes, con la condición de que se devuelvan a final de curso (Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de Género y Servicios Sociales, 2021).
Derecho a la salud
El Ministerio de Sanidad es el responsable de organizar los servicios sanitarios del país. No existe la asistencia médica pública, pero los niños menores de 18 años y los adultos de más de 62 pueden recibir asistencia sanitaria de forma gratuita. La atención sanitaria también es gratis para las mujeres embarazadas (Pacific Prime, s. f.).
En total, existen once centros médicos en San Cristóbal, seis en Nieves, y cuatro hospitales, de los cuales dos son hospitales de referencia y los otros dos son regionales. El país no dispone de hospitales privados o clínicas (Pacific Prime, s. f.).
Derecho a agua potable y saneamiento
Según un informe de UNICEF de julio de 2021, el 99 % de las personas que viven en San Cristóbal y Nieves tienen acceso a agua potable procedente de una fuente de agua de calidad suficiente y el 92 % tienen acceso a servicios básicos de saneamiento (UNICEF, 2021).
La isla experimenta con frecuencia escasez de agua y la sequía representa una amenaza crítica, ya que la mitad de la isla recibe menos de 2500 milímetros de lluvia al año. La parte sureste de la isla, particularmente Charleston y Butlers Manning, es la más afectada (OCHA, 2022).
Derecho a la identidad
Debido a la particular historia sociopolítica de la isla y según el artículo 92 de la Constitución, las personas nacidas antes de septiembre de 1983 tienen garantizada la nacionalidad británica; y aquellos nacidos después de septiembre son ciudadanos de San Cristóbal y Nieves (Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de Género y Servicios Sociales, 2021).
El registro de nacimiento empieza en el hospital y la información pasa al Registro de Nacimientos, lo que asegura que el nacimiento del niño quede registrado oficialmente. Una vez registrado el nombre, se garantiza la identidad del niño (Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de Género y Servicios Sociales, 2021).
Al nacer, los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio adoptan el apellido del padre. De acuerdo con la Ley del Menor, la paternidad puede declararse y demostrarse de varias maneras. Esta ley también aplica el artículo 15 de la Constitución, ya que concede a los niños nacidos fuera del matrimonio los mismos derechos y protecciones legales que a los nacidos dentro de él (Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de Género y Servicios Sociales, 2021).
Factores de riesgo → Retos específicos del país
Violencia
Según el artículo 49 de la Ley del Menor: «Se puede aplicar el castigo corporal cuando otras formas de castigo no resulten efectivas o convenientes» (Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de Género y Servicios Sociales, 2021). Se permite el castigo corporal en las palmas de las manos de los estudiantes, sin que este supere los cuatro golpes a un estudiante en el mismo día.
El instrumento que se permite utilizar y que recomienda el Director de Educación es una correa de cuero de 45 centímetros. La persona que se encarga de aplicar el castigo tiene que ser del mismo género que el estudiante que lo recibe y durante este proceso otro miembro del equipo, también del mismo género, debe estar presente (Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de Género y Servicios Sociales, 2021).
El uso del castigo corporal ha descendido con el tiempo, del 55 % en 2014 al 39 % en 2019 (UNICEF, 2021). Aunque el castigo corporal aún exista, a menudo se usa como medida de última instancia. Normalmente, los profesores hacen que los estudiantes escriban o borren líneas como medida disciplinaria.
En 2017, con el apoyo de UNICEF, el Ministerio de Educación puso en marcha el llamado «Programa de Escuelas Eficaces», cuyo objetivo es proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y sano para todos los niños. El programa pretende instruir técnicas de gestión del comportamiento positivo para emplearlas en los colegios y recompensar las conductas positivas (Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de Género y Servicios Sociales, 2021).
Discriminación
En San Cristóbal y Nieves existen estrictas leyes contra la sodomía y la indecencia que discriminan a la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB).
Existen leyes similares en otros países caribeños como: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Estas leyes son vestigios del colonialismo y resultan discriminatorias para la comunidad LGTB. Organizaciones civiles y activistas de San Cristóbal y Nieves trabajan para fomentar los derechos LGTB mediante la concienciación y la exposición de las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrenta ese colectivo (Observatorio de Derechos Humanos, 2018).
Durante la 41.ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, se instó a San Cristóbal y Nieves a despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. El país aún no ha tomado medidas relacionadas con esta recomendación. Los artículos 56 y 57 de la «Ley de Delitos contra la Persona» prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que vulnera la legislación internacional en materia de derechos humanos y tiene un impacto perjudicial en la vida de las personas LGTB (Observatorio de Derechos Humanos, 2018).
El gobierno no ha firmado ni ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), que le obligaría a defender los derechos civiles y políticos y supondría una mayor protección de la comunidad LGTB (UNICEF, 2017). En una serie de entrevistas a la comunidad LGTB organizada por el Observatorio de los Derechos Humanos, los entrevistados expresaron sentimientos de rechazo, acoso, estigmatización, ostracismo y miedo a la violencia física. La ley de sodomía e indecencia prohíbe a las personas LGTB denunciar cualquier tipo de abuso que sufran (Observatorio de los Derechos Humanos, 2018).
Violencia de género
Entre los años 2010 y 2014 hubo 521 denuncias por abuso infantil y abandono en San Cristóbal y Nieves.
La mayoría de estos delitos se cometieron contra niñas y fueron clasificados como abuso sexual y emocional, desamparo y abandono infantil. En 2014, un estudio social organizado por UNICEF demostró que aproximadamente el 40 % de las personas encuestadas no sentía que denunciarlo fuera «asunto suyo»; el 80 % tenía miedo de las consecuencias negativas de denunciar o de la vergüenza de dar un paso hacia adelante; y casi la mitad de los entrevistados no creían en que el abuso sexual justificara una denuncia (UNICEF, 2017).
Embarazo adolescente
A pesar de que existen datos muy limitados del número de adolescentes embarazadas en el país, es un tema de interés para el gobierno. Desde 1996, las tasas de embarazos adolescentes han descendido de 36 % en 1996 a 12,7 % en 2014. Este descenso se ha atribuido a la introducción de la «píldora del día después» y a que, aunque los abortos sean ilegales, siguen siendo accesibles (UNICEF, 2021).
En San Cristóbal, la mayoría de edad se alcanza a los dieciocho años y el consentimiento sexual a los dieciséis. La ley establece que, por debajo de la mayoría de edad, se requiere el consentimiento de los padres para tomar decisiones médicas. Por lo tanto, las adolescentes necesitan el consentimiento de sus padres para poder acceder a anticonceptivos y a otros servicios de salud sexual y reproductiva (UNICEF, 2021).
A pesar de un aumento de adolescentes sexualmente activos, los centros educativos no proporcionan ningún tipo de anticonceptivo y la educación sexual y reproductiva es limitada. No obstante, los servicios sanitarios reparten preservativos. Los colegios permiten a las adolescentes embarazadas continuar su educación el máximo de tiempo posible y retomar sus estudios después de dar a luz (UNICEF, 2021).
En 1997, el Departamento de Asuntos de Género organizó el programa llamado «Proyecto Viola» para apoyar a las madres adolescentes que asisten a los centros públicos. Este programa ayudaba a cubrir los gastos de guardería mientras las madres estaban en el colegio (UNICEF, 2021).
Justicia juvenil
En la región del Caribe del Este y del Sur (por sus siglas en inglés: ESC), reina una cultura ligada al castigo y centrada más en la justicia punitiva que en la rehabilitadora. Los países de la región apuestan por castigar a los delincuentes por las infracciones cometidas, a pesar de las pruebas de que este sistema aumenta las probabilidades de volver a delinquir (Barnes-Ceeney et al., 2021).
La tasa de homicidios de San Cristóbal y Nieves es de 41,8 por cada 100 000 personas, siete veces por encima de la media mundial. Los altos índices de inseguridad impiden el desarrollo económico y suponen riesgos para la salud física y mental de las comunidades afectadas (Barnes-Ceeney et al., 2021).
En 2012, se creó el Centro de Rehabilitación Mixto New Horizons (por sus siglas en inglés: NHRC) como parte de la estrategia integral del gobierno para proporcionar servicios de reinserción a los niños que habían cometido actos delictivos en un esfuerzo por reintegrarlos en la sociedad. Este centro funcionó como una infraestructura donde los niños estaban separados de los adultos en la cárcel. Las condiciones dentro del centro son adecuadas y el país ha puesto fin a la práctica del aislamiento (CRIN, 2015).
En 2013, el gobierno aprobó la Ley de Justicia Infantil (por sus siglas en inglés: CJA). En virtud de dicha ley, se iniciaron importantes medidas para la creación del Comité de Justicia de Menores. Este Comité estaba formado por un magistrado y dos trabajadores sociales que revisaban los casos de delincuencia juvenil, asignaban a los jóvenes programas de reinserción y velaban por los menores que tuvieran problemas con la ley para garantizar su rehabilitación y reintegración. La Ley de Justicia Infantil aumentó la edad de responsabilidad criminal de los 8 a los 12 años (Barnes-Ceeney et al., 2021).
Un informe de agosto de 2021 de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés: USAID) identificó el abuso de sustancias, la pertenencia a bandas, la pobreza, la corrupción, el papel de los padres y el sistema educativo como factores impulsores del comportamiento delictivo (Barnes-Ceeney et al, 2021).
A pesar de las prácticas punitivas, San Cristóbal y Nieves ha comenzado a enfocar la justicia juvenil con medidas más reintegradoras y rehabilitadoras. Las estrategias de reinserción y recuperación aún necesitan mayor financiación. Los funcionarios de vigilancia penitenciaria también requieren una mayor formación y supervisión para garantizar el cumplimiento de las normativas adecuadas y un control más estricto (Barnes-Ceeney et al, 2021).
Escrito por Vanessa Cezarita Cordeiro
Original corregido por Aditi Partha
Traducido por Desirée Riñé Prados
Revisado por Eva Milla
Última actualización el 7 de agosto de 2022
Referencias:
[1] Este artículo no pretende de ninguna manera dar un informe completo o representativo de los derechos de los niños en San Cristóbal y Nieves. De hecho, uno de los muchos desafíos es la escasa información actualizada sobre los niños en San Cristóbal y Nieves, gran parte de la cual es poco fiable, no representativa, está desactualizada o simplemente no existe.
