La práctica de la separación de familias

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Se están separando a miles de niños de sus padres bajo el gobierno de Donald Trump al adoptarse la tolerancia cero en la política de migrantes indocumentados que son arrestados en la frontera de los Estados Unidos. A lo largo de los Estados Unidos así como por el mundo entero, la gente de la sociedad civil, de la clase política, jueces e incluso la comunidad internacional, están expresando su oposición a la política inhumana de inmigración del gobierno de Trump. La Organización de las Naciones Unidas instó a Washington a  “detener de inmediato” su controversial protocolo de separar a las familias que entran a los Estados Unidos.

 

Antecedentes

Aunque la encarcelación de inmigrantes ilegales y la separación de las familias no son prácticas nuevas en los Estados Unidos, desde que comenzó el nuevo gobierno, ha tomado una dimensión totalmente nueva. La administración de Obama y los gobiernos anteriores, se habían centrado en los procedimientos cívicos sobre los inmigrantes ilegales que podrían ser expulsados del país. Al entrar en los Estados Unidos, se separaba a los niños cuando no se sabía qué relación tenían con los adultos, en caso de que hubiera sospecha de tráfico de niños o por falta de espacio en los Centros de Detención de Familias.

El presidente Trump ha ampliado su alcance y sus órdenes gubernamentales están dando pasos hacia atrás muy preocupantes en contraste con el esquema de inmigración durante la era Obama. Las autoridades correspondientes bajo el liderazgo de Trump, decidieron perseguir y detener sistemáticamente a los extranjeros que entraron a los Estados Unidos de forma ilegal, y delegar a la Oficina de Relocalización de Refugiados (ORR) a los niños que llegaban.

En el año 2017, el presidente Trump deportó a más del doble de no-criminales que Obama en el año anterior. Esta tendencia ha hecho que crezca la preocupación en las entidades internacionales como, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Entre el 1ro. de Octubre de 2017 y el 31 de Mayo de 2018, al menos 2,700 niños han sido separados de sus padres. 1,995 de ellos fueron separados durante el periodo de seis semanas entre el 18 de Abril y 31 de Mayo. En este periodo, un promedio de 45 niños por día fueron separados de sus padres mientras que el gobierno de Trump aceleraba administrativamente sus políticas más estrictas de seguridad fronteriza. En Abril del 2018, el fiscal general Jeff Sessions anunció que su política sería de “tolerancia cero” según la cual los ilegales que entraran a los Estados Unidos serían procesados en La Corte Federal.

 

Lo que dice la Ley

La Ley de Naturalización e Inmigración (ICA) es la principal legislación federal a cargo de la actual política de inmigración que se ha formado bajo ciertos principios fundamentales: la reunificación familiar, la entrada de inmigrantes cualificados que tienen un valor especial en la economía, diversidad y protección como refugiados en los Estados Unidos.

El Convenio Flores fue creado para garantizar los estándares nacionales en el trato, detención y puesta en libertad de los niños bajo custodia del gobierno federal. El Convenio vincula al Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHS) con la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).

La Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de Personas (TVPRA) contiene disposiciones para proteger a los niños extranjeros que no estén acompañados (UAC) en Los Estados Unidos. El estatuto requiere que la Secretaría DHS desarrolle políticas y procedimientos con otras agencias federales para garantizar que los UACs en Los Estados Unidos sean repatriados de forma segura a sus países de origen. El Convenio Flores y el TVPRA –juntos– asignan obligaciones legales específicas al gobierno federal para que trate a los niños con dignidad y con especial atención en todas las etapas del proceso: en las órdenes de aprehensión, que la detención sea limpia y segura así como una rápida transferencia de la Implementación Inmigratoria (CBP o ICE) a la Custodia de Protección (ORR).

 

 

El 5 de Junio del 2018, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que la nueva política había: “conducido a la gente que entraba al país de forma irregular a ser sujetos al procesamiento penal y a que sus hijos, incluyendo a los más pequeños, fueran por ello separados de sus padres. Los Estados Unidos deben inmediatamente detener estas acciones. Separar a las familias interfiere de forma no legal y arbitraria en la vida familiar y es una vulneración a los derechos del niño”.

En el artículo tercero de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (posteriormente denominado UNCRC); el mejor interés para el niño debe siempre ser primordial, especialmente en lo que se refiere a asuntos migratorios. Aunque Estados Unidos es el único país que no ha ratificado el UNCRC y ha anunciado que no lo hará, aún así debe cumplir la ley de derechos humanos internacionales.

 

La justificación de esta política

El Secretario General de la Casa Blanca, John Kelly, ha anunciado que las separaciones serían un “duro freno disuasorio” para los migrantes que llegaran a Estados Unidos. El Fiscal General Jeff Sessions agregó que dicha política era un aviso legítimo para la gente que deseara entrar con sus hijos a Estados Unidos. La práctica de apartar a los niños de sus padres para evitar que otros lleguen al país, parece ser una práctica abusiva y completamente sin ninguna justificación.

“La entrada ilegal en los Estados Unidos es un crimen, y así debe ser tratado” declaró el Fiscal General Jeff Sessions durante su discurso a Agentes del Orden Público en Fort Wayne, Indiana. Además agregó: “Las personas que infringen la ley de nuestra nación son objeto de enjuiciamiento penal.” Más adelante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, defendió los comentarios de Sessions diciéndole a los periodistas en el avance de la rueda de prensa: “Puedo decir que es muy bíblico aplicar la ley, de hecho se  repite varias veces en la Biblia,” pero declinó dar citas específicas a ese respecto.

Además, la política de Estados Unidos va dirigida a frenar el aumento de familias desfavorecidas que principalmente llegan de Guatemala, El Salvador y Honduras a que no entren al país. Miles de personas cruzan la frontera de México-USA buscando asilo pero voluntariamente prefieren legitimizar su entrada. William Spindler de la agencia de refugiados de la ONU, recordó que “el derecho a pedir asilo es un derecho humano fundamental y forma parte de la ley en Estados Unidos.”  

 

Los efectos de esta política

El Departamento de Derechos Civiles y Libertades Cívicas (más adelante llamado CRCL) difundió aproximadamente 4,600 páginas de información sobre quejas que detallan diversas formas de abuso enviadas por profesionales jurídicos y abogados en derecho de los inmigrantes que representan a los niños migrantes. La información del CRCL también incluye documentos internos que revelan patrones de intimidación, acoso, abuso físico, negación a proporcionar servicios médicos y formas inadecuadas de deportación.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (posteriormente llamada ACLU) interpuso una demanda para impugnar dichas acciones. La ACLU está demandando al gobierno para defender a la solicitante de asilo congolesa a quien le quitaron durante varios meses a su hija de seis años para  ponerla bajo custodia gubernamental a más de 3,000 kilómetros de distancia. Según el gobierno, la documentación legal no fue capaz de confirmar la relación que existía entre ambas. Sin embargo, la ACLU argumentó que de haberse realizado un rápido test de DNA, habría sido suficiente para que se confirmara la relación familiar.

 

 

Avances Actuales

Tras las fuertes protestas a nivel nacional e internacional, Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de Junio a través de la cual se ordena que las familias ya no sean separadas aunque entren de forma ilegal a los Estados Unidos bajo la política de inmigración “de tolerancia cero”. Sin embargo, proporcionó indicaciones mínimas de cuándo o cómo se haría para volver a reunir a las familias.

El 26 de Junio, diecisiete estados entablaron demandas contra el Sr. Trump por sus acciones administrativas al separar a los padres inmigrantes de sus hijos en las que se explica que esas tácticas están causando “daños devastadores”. Entre los estados se encuentran Washington, California y Nueva York así como el Distrito de Columbia que condenan la separación forzosa de las familias de inmigrantes considerándola “ anticonstitucional, cruel y fuera de la ley” y una violación a los principios del proceso requerido y de protección equitativa.

Dana Sabraw, juez del tribunal del distrito de San Diego, emitió un requerimiento judicial a nivel nacional pidiendo a los agentes de inmigración de Estados Unidos  que ya no separen a los padres de sus hijos cuando cruzan ilegalmente la frontera desde México y que se vuelva a reunir a las familias cuando sean divididas en un máximo de 30 días. El juez Sabraw enfatizó que los niños menores de 5 años, deben volver a reunirse con sus padres en un máximo de 14 días y ordenó que a todos los niños se les permita hablar con sus padres en un máximo de 10 días. Según el juez Sabraw, los niños podrían sólo ser separados en la frontera si los adultos que los acompañan podrían ser un peligro inminente para los niños. También decretó que los adultos no sean deportados sin sus niños fuera de los Estados Unidos. El Lunes 9 de Julio, el juez Sabraw otorgó más tiempo al gobierno de Trump para que 102 niños migrantes menores de cinco años vuelvan a reunirse con sus padres ya que el gobierno está teniendo dificultades para que se reúna a las familias rotas debido a la política de inmigración de “ tolerancia cero.”

Afortunadamente se le ha puesto fin a dicha política pero todavía existe mucha incertidumbre respecto a cómo y cuándo el gobierno va a reunir a las familias.

 

Nos esforzamos por defender los derechos de cada niño en el mundo por medio de la sensibilización de adultos y niños para ir cambiando las actitudes y además estamos trabajando directamente sobre el terreno.

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Artículo escrito por Igi Nderi y Anja Finke

Traducción por María Guadalupe Suárez

 

Lista de Referencias

 

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