Justicia Juvenil

Justicia Juvenil

Justicia Juvenil: un niño no puede ser juzgado como un adulto

La Justicia Juvenil, también conocida como Justicia del Menor, es la ley que se aplica a los niños. Con el fin de que se respeten sus derechos, ésta debe adaptarse a las necesidades específicas de los niños.

Responsabilidad criminal y la cuestión de la edad

La Justicia Juvenil, tal y como se deduce de su nombre, está reservada para aquellos que no han alcanzado aún la mayoría de edad. En muchos países, sin embargo, no se registran todos los nacimientos y los niños mismos pueden ignorar qué edad tienen. Puede resultar muy difícil saber con seguridad si determinados adolescentes son realmente menores de 18 años o si, por el contrario, ya han alcanzado la edad de responsabilidad criminal.

La responsabilidad criminal comienza a una determinada edad, pero depende de la ley del país donde se ha cometido el delito y de si considera que el niño ya ha alcanzado una madurez emocional, psicológica e intelectual adecuadas como para responsabilizarse de haber cometido un crimen.

La mayoría de los países han establecido un límite de responsabilidad criminal, pero suele ser a una edad muy temprana, muy por debajo de la recomendada internacionalmente de 15 años. Esta edad varía de una cultura y área a otras, y va desde los 7 a los 18 años.

El sistema judicial debe adaptarse a la edad del acusado o de la víctima, ya sean adultos, adolescentes con responsabilidad criminal o niños.

Los Derechos del Niño en el Sistema Judicial

Un niño que se ve involucrado en el Sistema Judicial tiene los siguientes derechos:

– El Derecho a la Información: un niño que es acusado tiene derecho a realizar preguntas sobre cualquier aspecto que no entienda. Debe saber de qué se le acusa y conocer sus derechos.

– El Derecho a la Defensa: es fundamental. El niño tiene derecho a no estar de acuerdo con aquellos que le acusan. También debe poder expresar sus opiniones.

– El Derecho a la Asistencia: el niño debe tener acceso a un abogado conocedor de las leyes, porque el menor no suele tener conocimiento de ellas ni de cómo funcionan los sistemas judiciales. Toda conversación que tenga con su abogado debe ser en privado y en la lengua nativa del niño. Otro tipo de asistencia incluye servicios financieros, sociales, lingüísticos y sanitarios, especialmente si el niño es la víctima. Asimismo, se le deberá proporcionar una ayuda especial si está enfermo o es discapacitado.

– El Derecho a la Protección: todo niño debe poder actuar dentro del Sistema Judicial sin ningún sentimiento de presión o intimidación, y sin temer por su vida o la de su familia, especialmente si el niño actúa como testigo. El contacto directo entre la víctima y la parte acusada deberá evitarse, en la medida de lo posible, durante la investigación y el juicio. Esto significa también que el niño tiene derecho a la protección contra posibles daños posteriores.

– El Derecho a la Compensación: la compensación puede reparar daños y ayudar al niño a recuperarse. Puede incluir ayuda financiera, atención médica o servicios sociales, y puede provenir de quien ha cometido el crimen o del gobierno.

– El Derecho a permanecer en silencio.

– El Derecho a que uno de sus padres o tutor estén presentes.

– El Derecho a la Privacidad: es el derecho de mantener ciertas cosas en privado, como información personal (incluida la identidad en determinadas situaciones); de hablar con otras personas sin que otros les oigan; y de estar solo, fuera de la vista de los demás. También significa que no puede publicarse en los medios de comunicación ninguna información que facilite la identificación de un delincuente menor de edad.

Trato especial para el niño

El interés del menor

Debe ser lo más importante para cualquier niño que comparezca ante un tribunal, y significa que los actores legales deben ser conscientes de las consecuencias que sus decisiones pueden tener en la vida del menor. Cualquier aspecto que afecte al niño no debe ni dañar, ni destruir su futuro. La dignidad del niño debe respetarse, ya sea este acusado, víctima o testigo. En especial, el niño que es víctima debe ser tratado con compasión.

Al niño se le debe asegurar protección contra la violencia y la negligencia, y deben cubrirse sus necesidades, incluidas aquellas relacionadas con el agua, la alimentación, la seguridad y la higiene. El bienestar y el interés del menor deben ser factores determinantes en la investigación.

Un juicio rápido, justo y con decisiones adecuadas

Es importante que los juicios sean especialmente rápidos cuando interviene algún niño, de manera que el menor acusado no permanezca mucho tiempo en prisión y, en el caso de ser víctima, pueda recibir una indemnización lo más rápidamente posible.

La justicia debe ser, además, completamente neutral e imparcial. Esto incluye la presunción de inocencia, así como la no discriminación. Deben aplicarse las mismas normas a todos los menores, no recibir un trato diferente por cuestiones de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión, práctica cultural, salud, clase social, nacimiento, situación familiar u origen étnico o social. Los juicios deberán ser siempre justos y equitativos.

Por último, todas las decisiones tomadas por las autoridades judiciales y miembros del tribunal respecto a las sanciones penales deben ser las adecuadas conforme la gravedad de la infracción. El niño no debe ser castigado de la misma manera por haber robado una manzana que por haber robado un coche. El Sistema Judicial deberá, así mismo, tener en cuenta las circunstancias personales del niño, incluida su posición social, la situación familiar y la intención y circunstancias del crimen.

Un servicio especializado

Con el fin de que el niño reciba un tratamiento especializado, la justicia del menor deberá ser un servicio independiente de la justicia de los adultos. En los países en los que no existe tal separación, normalmente por razones políticas o debido a la falta de recursos, los niños suelen ser tratados como adultos, lo cual no ofrece indemnizaciones apropiadas a las víctimas, ni una rehabilitación correcta de los delincuentes en la sociedad.

Existen varios derechos y procesos establecidos por el gobierno para ocuparse de los niños. Algunos crean un tribunal de menores y otros realizan procesos especiales para niños en el tribunal común. En algunas grandes ciudades también se han creado fuerzas policiales especializadas.

Es importante que estos servicios sean siempre fácilmente accesibles. La información sobre los procesos también permite que cualquier niño, ya sea víctima o detenido, preste atención a la violación de cualquier derecho y se mejore la eficiencia del Sistema Judicial.

Personal involucrado

¿Quién tiene contacto con el niño?

Hay muchas personas involucradas en los procesos judiciales de menores. Además de las personas responsables de hacer respetar los Derechos del Niño, se encuentran aquellas encargadas de los servicios civiles, como son los asistentes sociales que trabajan frecuentemente codo con codo con el personal del Sistema Judicial.

En el Sistema Judicial intervienen: policía, fuerzas armadas, detectives, jueces y miembros del tribunal, ministros de justicia y mediadores con menores, personal de prisión de menores, de adultos, de campos de detención temporal, de campos de trabajo y campos militares, oficiales probatorios y agencias reguladoras.

En la sociedad: oficiales judiciales de la comunidad, jefes de comunidades rurales, trabajadores de los servicios de protección del menor, miembros del consejo del menor, personal de reformatorios y refugios cerrados para jóvenes y oficiales de asistencia social.

Formación adecuada

Con el fin de que todos puedan llevar a cabo sus funciones de la mejor forma posible, deberán recibir formación específica y aprender la mejor manera de proteger a un niño y de satisfacer sus necesidades. Esto contribuye a que los procesos judiciales sean más justos y eficientes. Las personas que trabajan sólo con niños suelen emplear soluciones de vigilancia que evitan el Sistema Judicial, lo que suele repercutir en el beneficio del menor.

Estas técnicas –arresto y detención de delincuentes juveniles e interrogatorio de testigos- deben aprenderlas especialmente la policía y los guardas de prisión ya que, en la mayoría de casos, son los responsables de que se violen los Derechos del Niño dentro del Sistema Judicial. En algunos países, el abuso y la tortura son prácticas comunes de las fuerzas policiales.

Condena de menores

Cuando un menor en conflicto con la ley es declarado culpable, normalmente recibe una condena que puede variar enormemente dependiendo de la naturaleza y las circunstancias del crimen, así como del país en el que tiene lugar el juicio, pues no todos los países aplican las mismas penas.

Lo ideal es no separar al niño de su familia y debe evitarse el instalarlo en una prisión. Cuando está en la cárcel, las necesidades del menor y las razones reales de su conflicto con la ley suelen ignorarse. La detención sólo debería llevarse a cabo cuando no existen otras soluciones, y debería durar siempre el menor tiempo posible.

Las condenas más positivas apoyan al niño en su reintegración en la sociedad, tratando los orígenes de las causas del crimen. Esto permite que el menor se desarrolle de manera normal y se reduzca el nivel de incidentes criminales.

Dichas condenas pueden ser las siguientes:
– Multa, indemnización o restitución de bienes;
– Participación en grupos de orientación y actividades comunitarias;
– Servicios comunitarios;
– Acogida en una familia;
– Acogida en un centro educativo;
– Libertad condicional;
– Régimen de semilibertad.

Desafortunadamente, las penas que privan a las personas de su libertad son las medidas más utilizadas, tanto en justicia de adultos como de menores. Algunos países mandan al niño a prisión por infracciones de menor importancia. En Sierra Leona, por ejemplo, un joven de 15 años fue condenado a 3 años de cárcel por haber roto la ventanilla de un coche.

En otros, todavía emplean las penas corporales (palizas, mutilaciones) como penas judiciales para el niño, aún cuando las Convenciones Internacionales lo prohíben. En Tonga, por ejemplo, el Sistema Judicial autoriza a azotar (propinar una paliza) a niños mayores de 7 años. También, a pesar de las protestas de la Comunidad Internacional, algunos países todavía condenan a muerte a los niños. Esto supone un problema especialmente en Irán, Mauritania, Sudán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria y Yemen.

Un caso especial: los niños y la Justicia en los conflictos armados

La cuestión de la justicia de menores en los conflictos armados plantea dos problemas concretos: la falta de Justicia para las víctimas y los juicios de los niños soldado.

La falta de Justicia a nivel nacional

Durante un conflicto armado, muchos niños son testigos o víctimas de actos de violencia horribles que les afectan profundamente. Con frecuencia, sufren manipulación, abusos o violaciones, y también pierden a miembros de su familia y sufren falta de educación o de la propia infancia.

La mayoría de las veces, el Sistema Judicial de un país no funciona durante un conflicto y se necesita bastante tiempo para restablecerlo una vez que la paz ha regresado. Esto impide que las víctimas accedan a sus indemnizaciones legítimas y que los testigos informen de manera segura de lo que han presenciado.

Afortunadamente, la Comunidad Internacional ha llevado a la práctica nuevos procesos en los últimos veinte años para ayudar a los países en la lucha contra la impunidad tras los conflictos, tanto en tribunales y juzgados formales como extrajudiciales. Los más comunes son la Corte Internacional de Justicia y la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que tratan de reunir a las poblaciones divididas.

Los niños que se convierten en víctimas desempeñan un papel cada vez más importante en estos procesos. Sin embargo, muchos no han actuado aún como testigos, pues los procesos son tan largos que los menores se hacen adultos antes de que los juicios terminen, o porque las autoridades judiciales no suelen creer lo que dice el niño, especialmente si el hecho tuvo lugar mucho tiempo antes del juicio.

¿Se debería castigar a los niños soldado?

Los niños soldado representan un caso especialmente delicado. En las guerras modernas, cientos de miles de niños son alistados en el servicio militar, a veces con menos de 8 años, a pesar de que se trata de un crimen grave ante los ojos de la Ley. La mayoría de ellos no se han presentado voluntariamente al servicio militar, sino que han sido forzados por adultos a cometer crímenes terribles.

Es importante que reconozcan la responsabilidad de sus actos, pero presentarlos ante el sistema de justicia y encarcelarlos no es necesariamente la mejor solución al problema. Esto impide que esos niños, que son también víctimas, puedan separase de su difícil pasado. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, se arresta a estos niños bajo el pretexto de que representan una amenaza para la sociedad.

Además, las comunidades no acogen bien a los antiguos niños soldado, que suelen ser rechazados por sus familias y por su entorno. En muchos pueblos de Uganda, por ejemplo, se cree que los antiguos soldados poseen el “cen”, un espíritu demoníaco. Estos niños no pueden reintegrarse en la sociedad y suelen sufrir pobreza y vergüenza sin la posibilidad de dejar atrás su pasado.

Traducido por: Ana Mª Bennasar López
Corregido por: Victoria Méndez

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