Los niños migrantes en Italia se enfrentan a una discriminación y exclusión sistémicas impulsadas por las arraigadas políticas migratorias del país. Las leyes y prácticas italianas, en lugar de proporcionar protección y oportunidades, aíslan cada vez más a los jóvenes migrantes de la sociedad, los priva aún más de sus derechos a la educación, la asistencia sanitaria y la protección, derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional. El clima político cada vez más hostil y los cambios legislativos deliberados continúan marginando a uno de los grupos más vulnerables del país.
La migración a Italia en cifras
En 2022, se registró la presencia «ilegal» de 138 420 personas de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE), mientras que en 2021 se contabilizaron 92 070 casos. Sin embargo, las estimaciones sobre el número real de migrantes irregulares en el país superan los 500 000 (ECRI, 2024). Solo en los primeros meses de 2024, unas 55 000 personas llegaron a Italia por vía marítima, entre ellas más de 6350 eran menores no acompañados. Y lo más preocupante es que las estadísticas generales muestran un aumento significativo en el uso de otras rutas para llegar al país (Human Rights Watch, 2025).
Las leyes italianas ponen en peligro los derechos de los migrantes
Italia está gobernada por un partido nacionalista de extrema derecha que ha implementado la tramitación de solicitudes de asilo en el extranjero, ha externalizado activamente los controles fronterizos a países con antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos y, además, ha obstaculizado los rescates humanitarios en el mar, practica que se ha documentado al menos 25 veces entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 (Human Rights Watch, 2025).
Desde entonces, las autoridades han recibido el poder para imponer multas y detener las aeronaves de las ONG que intentan brindar ayuda a migrantes en el mar (Human Rights Watch, 2025). Estas acciones violan las obligaciones internacionales de Italia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1991.
Recientemente, Italia ha aprobado una legislación que afecta directamente a la protección de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, lo que ha aumentado su vulnerabilidad frente a violaciones de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos a la vida y a la seguridad. Entre estas medidas se encuentran la Ley 132/2018, de 1 de diciembre de 2018, sobre inmigración y seguridad, y la Ley 50/2023, de 6 de mayo de 2023, conocida como la Ley Cutro, en referencia a la localidad calabresa donde un trágico naufragio en 2023 motivó su redacción (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2023).
Las consecuencias directas de esta ley representan mayores dificultades para que migrantes y solicitantes de asilo accedan al procedimiento de determinación del estatuto de refugiado y a la protección internacional. Asimismo, ha provocado condiciones de vida precarias en los centros de acogida, junto con una reducción aún más marcada de los servicios psicológicos y legales disponibles (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2023).
Además, los procedimientos fronterizos acelerados introducidos en 2023 para la tramitación de solicitudes de asilo de personas procedentes de países que Italia ha designado como «seguros» continúan siendo impugnados ante la ley (Amnistía Internacional, 2024).
A estas dificultades se suma que la Ley Zampa, aunque haya entrado en vigor en marzo de 2027, todavía no se ha implementado por completo. La adopción de esta ley tenía como objetivo facilitar el acceso de los menores migrantes no acompañados a la atención sanitaria, la educación y la representación legal. Sin embargo, Italia no ha destinado, hasta la fecha, los recursos financieros ni la capacidad necesaria para prestar estos servicios (Forced Migration Review, 2025).
Discriminación y racismo sistémico contra niños y niñas migrantes
Desde hace años, Italia ha evidenciado un discurso racista generalizado, así como estigmatización y estereotipos negativos dirigidos hacia los migrantes. La mayoría de los casos de violencia contra personas pertenecientes a minorías étnicas registrados en este contexto corresponde a actos de violencia contra personas con antecedentes migratorios y personas de ascendencia africana. Solo en 2022, se denunciaron a las autoridades 47 casos de agresiones violentas, en su mayoría físicas, contra extranjeros, algunas de las cuales causaron lesiones graves (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019; ECRI, 2024).
El Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley ha expresado su preocupación por la práctica de categorización racial por parte de la policía, el encarcelamiento desmedido de personas africanas y afrodescendientes y la falta de datos exhaustivos basados en la raza, entre otros indicadores de racismo sistémico (Human Rights Watch, 2025).
En Italia, la exclusión de las personas migrantes del entramado social genera profundas tensiones y una palpable sensación de inseguridad. Los desafíos persistentes que enfrentan los grupos étnico-religiosos, en particular las personas musulmanas, debido al racismo institucional y a las actitudes sociales, siguen siendo motivo de gran preocupación (El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial examina el informe de Italia, 2016; ACNUR, 2018).
Asimismo, el racismo profundamente arraigado que la sociedad en general dirige hacia los afroitalianos es motivo de gran preocupación, ya que revela una resistencia de la sociedad para integrar plenamente a este grupo a la comunidad (El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial examina el informe de Italia, 2016; ACNUR, 2018).
Organizaciones internacionales han denunciado repetidamente a Italia por no abordar la exclusión legal de las personas migrantes y por perpetuar un sistema que consolida las desigualdades sociales. Actualmente, la falta de datos oficiales relevantes es una de las principales dificultades para evaluar la magnitud de la discriminación que enfrentan las personas migrantes y el impacto de las medidas antidiscriminatorias implementadas (ECRI, 2024; European Student Think Tank, 2025).
Las barreras burocráticas y el riesgo de exclusión
Los niños y niñas migrantes en Italia suelen enfrentarse a retrasos al solicitar permisos de residencia o documentos de identidad los cuales son esenciales para el acceso a los derechos humanos básicos. Sin estos documentos, quedan excluidos tanto de los servicios públicos como privados, y con el tiempo, esta falta de protección legal puede impedir el acceso a prestaciones públicas, retrasar o impedir las solicitudes de naturalización e incluso imposibilitar el registro de una residencia legal (ECRI, 2024).
La vivienda es otro ámbito en el que los niños y niñas se encuentran en situación de vulnerabilidad. Si bien, por ley, las personas beneficiarias de protección internacional y los menores no acompañados deberían tener acceso al Sistema de Acogida e Integración, no todos obtienen una plaza debido a la falta de disponibilidad. Incluso cuando se les concede un lugar, normalmente se les permite permanecer solo durante seis meses, tras lo cual se espera que consigan una vivienda por cuenta propia, una expectativa poco realista para muchos jóvenes migrantes sin apoyo familiar ni recursos económicos (ECRI, 2024).
Las barreras en el acceso a la educación, la salud y la protección
La educación está legalmente garantizada para todos los niños y niñas en Italia, independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, los menores migrantes suelen ser ubicados en cursos por debajo de su nivel de competencia, principalmente debido a las dificultades lingüísticas.
Esta asignación inadecuada retrasa su progreso académico y contribuye a una tasa de abandono escolar más alta en comparación con sus compañeros italianos. Además, se registran con mayor frecuencia casos de acoso escolar entre los niños y niñas migrantes, lo que agrava su sentimiento de exclusión del entorno educativo (ECRI, 2024; Journal of Ethnic and Migration Studies, 2011).
Aunque el acceso a la atención sanitaria está garantizado por ley para las personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección, en la práctica sigue siendo desigual. El registro en el Servicio Nacional de Salud implica obstáculos administrativos y, a menudo, exige el pago de una contribución, aunque teóricamente existen excepciones para quienes cuentan con recursos limitados.
No obstante, muchos migrantes tienen dificultades para acceder a estas exenciones debido a la falta de información clara, las barreras lingüísticas y la escasez de mediadores culturales. Estas deficiencias se agravan con frecuencia por la falta de formación y sensibilización entre los funcionarios locales y el personal sanitario (ECRI, 2024).
Los niños y niñas migrantes que viven en situación irregular son especialmente vulnerables a la pobreza y la explotación. Muchos viven en asentamientos informales o carecen por completo de vivienda. El miedo a la deportación les disuade, tanto a ellos como a sus familias, de denunciar abusos laborales, especialmente en sectores como la agricultura y el trabajo doméstico, donde se sabe que hay explotación. Los migrantes describen esta experiencia compartida como «condiciones de vida degradantes y situación de calle» (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019).
Reforzar el apoyo a los niños y niñas migrantes en Italia
Algunos avances positivos merecen ser reconocidos, como la creación de centros de acogida para menores migrantes no acompañados, pero los discursos políticos negativos que persisten siguen obstaculizando los esfuerzos de integración, mientras que el trabajo de las ONG que brindan apoyo esencial continúa viéndose amenazado (Naciones Unidas, 2023; ECRI, 2024).
Para mejorar las condiciones de los niños y niñas migrantes, es necesario adoptar medidas prácticas. Es decir, Italia debe tomar medidas concretas para reforzar el apoyo en áreas clave. En el ámbito educativo, se debe garantizar un número suficiente de plazas escolares cerca de los centros de acogida y de las comunidades migrantes, asegurar un transporte fiable de ida y vuelta a la escuela y ofrecer un apoyo lingüístico adecuado (ECRI, 2024).
También son necesarias reformas institucionales, como la creación de un organismo independiente para la igualdad y el refuerzo de la Oficina Nacional contra la Discriminación Racial que ayudaría a coordinar los esfuerzos para reducir la desigualdad. Asimismo, un plan de acción nacional centrado en la lucha contra el racismo, apoyado por campañas de sensibilización pública, podría contribuir a unas políticas y actitudes más integradoras (ECRI, 2024).
Actualmente, Italia carece de datos detallados sobre las condiciones socioeconómicas por origen étnico lo cual limita el desarrollo de medidas eficaces contra la discriminación. Entonces, será esencial seguir las recomendaciones internacionales como las del Comité de los Derechos del Niño para garantizar el pleno respeto y la protección de los derechos de los niños migrantes (Comité de los Derechos del Niño, 2017; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2023).
Humanium, como organización defensora de los derechos de los niños y niñas que lleva a cabo numerosos proyectos en todo el mundo, mantiene su compromiso de proteger los derechos de los niños y niñas a la educación, la salud y la protección. Si deseas contribuir con nuestro trabajo, considera la posibilidad de hacer un donativo, colaborar como voluntario o hacerte miembro.
Escrito por Moïra Phuöng Van de Poël
Traducido por Maira Selene Castro
Revisado por Cristina Morillo Berral
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