Aunque Francia está considerada en Europa como un país rico que garantiza los derechos humanos, muchos de sus ciudadanos, sobre todo niños, viven en condiciones de precariedad preocupantes y se ven amenazados a diario por la exclusión social. Aunque la normativa europea y los compromisos de Francia tienden a garantizar los derechos de los niños y su acceso a los servicios esenciales, la realidad no está a la altura. Además, una ley reciente discrimina a los niños inmigrantes y agrava su vulnerabilidad, lo que va en contra del compromiso de Francia de garantizar el bienestar de la infancia.
Retrato de la tasa de la pobreza infantil en Francia
Francia tiene alrededor de 14,47 millones de niños, de los cuales el 22,8% estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2021. Esta cifra representa alrededor de 3,3 millones de niños en total (Eurochild, 2022). UNICEF ha observado igualmente un aumento de la tasa de pobreza en Francia, «definida como la combinación de bajos ingresos y graves privaciones materiales y sociales», así como un aumento de la precariedad de las familias (UNICEF, 2022).
En Francia, la pobreza se refiere generalmente a la pobreza financiera y a las condiciones de vida (UNICEF, 2022). De hecho, los niños que viven en la pobreza se enfrentan a obstáculos para acceder a la educación, la atención sanitaria, a una alimentación adecuada, a una vivienda digna y servicios de guardería (UNICEF, 2022).
Garantía Europea por la infancia
La pobreza y la exclusión social amenazan a unos 19 millones de niños en la Unión Europea. Dada esta alarmante situación, y el hecho de que los niños y los jóvenes están especialmente expuestos a numerosas crisis sanitarias, económicas y humanitarias, así como a guerras y conflictos armados, el 24 de marzo de 2021 la Comisión Europea adoptó una recomendación del Consejo de la Unión Europea por la que se establece una Garantía Infantil Europea (UNICEF, 2021). Su objetivo es «promover la igualdad de oportunidades y romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión social de los niños, garantizándoles un acceso efectivo a servicios esenciales de calidad» (UNICEF, 2021).
De hecho, el objetivo de esta Garantía Infantil Europea es «prevenir y combatir la exclusión social garantizando que los niños necesitados tengan acceso efectivo a un conjunto de servicios esenciales: educación y acogida gratuita en la primera infancia, escolarización gratuita (incluidas las actividades extraescolares y al menos una comida saludable cada día escolar), atención sanitaria gratuita, alimentación sana, y una vivienda digna» (Comisión Europea, s.f.).
Sobre la base de esta garantía, el Consejo de la Unión Europea invita a los Estados miembros a presentar planes de acción que establezcan cómo se aplicará la garantía. Estos planes de acción deben cubrir el periodo hasta 2030 y también «tener en cuenta las circunstancias nacionales, regionales y locales, así como las medidas y acciones políticas existentes para apoyar a los niños necesitados», con el fin de mejorar el acceso de los niños necesitados a todos los servicios esenciales clave (Comisión Europea, s.f.).
La protección de la infancia en Francia
El objetivo de la protección de la infancia es «garantizar que se tengan en cuenta las necesidades básicas del niño, apoyar su desarrollo físico, emocional, intelectual y social y preservar su salud, seguridad, moral y educación» (Ministerio de Trabajo, Salud y Solidaridad, s.f.). Esta definición se rige por el artículo L. 112-3 del Código francés de Acción Social y de la Familia (CASF).
Además, dos leyes han reformado la protección de la infancia y reafirmado los derechos fundamentales de los niños en Francia. Se trata de las leyes nº 2016-297, de 14 de marzo de 2016, sobre la protección de la infancia, y nº 2022-140, de 7 de febrero de 2022, sobre la protección de la infancia (Légifrance, 2016 y 2022).
Además, al adoptar la Garantía por la Infancia el 14 de junio de 2021, Francia se ha comprometido a aplicar esta garantía a escala nacional mediante un plan de acción para el periodo comprendido entre 2022 y 2030. Se trata de una verdadera oportunidad para los países europeos, entre ellos Francia, de estructurar «una política pública de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social» y de contribuir de manera significativa «a la protección y promoción de los derechos del niño» (UNICEF, 2021).
Desde la elaboración del plan de acción, Francia se ha comprometido concretamente a «desarrollar los indicadores existentes de lucha contra la pobreza y la exclusión social infantil, y a concebir otros nuevos» y a aplicar el plan a nivel local en consorcio con «los consejos de lucha contra la pobreza y los socios locales» (Secretaría General de Asuntos Europeos, 2022).
El impacto de la Ley de Inmigración de 2024 en los niños inmigrantes
La pobreza puede adoptar muchas formas y afecta especialmente a los grupos más vulnerables, entre ellos los niños. En todo el mundo, los niños refugiados y migrantes son las primeras víctimas. De hecho, ya sea «en familia o solos, se desplazan para escapar de la violencia, la miseria y la pobreza y esperan ser acogidos en un país que sea capaz de protegerlos«, pero en cuanto llegan a Europa, no se salvan de la pobreza extrema (UNICEF, s.f.).
De acuerdo con la legislación internacional y los derechos fundamentales de los niños, «sean refugiados o no, todos los niños inmigrantes tienen derecho a ser protegidos, a vivir en un entorno sano, a recibir educación y a no ser discriminados». En Francia, se constata que este caso está muy lejos de ser así. Estos niños a veces incluso se encuentran «sin alojamiento ni acceso a la atención sanitaria o a la educación» (UNICEF, s.f.).
En este contexto, que ya era precario para los niños inmigrantes, Francia adoptó la ley nº 2024-42 del 26 de enero de 2024 para controlar la inmigración y mejorar la integración (Légifrance, 2024). Entre las disposiciones preocupantes de esta ley, destaca una en particular, ya que condiciona prácticamente todas las prestaciones familiares de los extranjeros «únicamente a un período de presencia en el país de al menos cinco años o a un período mínimo de actividad profesional», lo que tiene el efecto nefasto de limitar las prestaciones para la educación y la vivienda de los niños, así como de empeorar las condiciones de vida ya precarias de estos niños (Reporterre, 2024).
Aunque esta ley acaba de ser adoptada por el gobierno francés a principios de 2024, y ha sido reexaminada de acuerdo con la reciente decisión del Consejo Constitucional en Francia, varias organizaciones y estudios señalan ya que «el número de personas que se verían privadas de sus derechos sociales, a igualdad de cotización, y únicamente por razón de su lugar de nacimiento o de la nacionalidad de sus padres se estima en al menos 110.000, entre ellas 30.000 niños» (Le Monde, 2024; Reporterre, 2024).
Ya en situación precaria, muchas de estas familias y niños inmigrantes caerán en la pobreza extrema, y es probable que esta situación alarmante afecte a más de la mitad de los niños afectados por la preferencia nacional promovida por esta ley (Reporterre, 2024).
Queda mucho camino por recorrer
Si bien la consagración de los derechos del niño en la legislación y las directivas francesas es esencial, Francia también tiene el deber de garantizar su aplicación y el seguimiento riguroso de los indicadores correspondientes, a fin de luchar contra la pobreza y la exclusión social que amenazan a los niños.
Francia debe garantizar, sin distinción de ningún tipo, que:
- Se crear un servicio público destinado a la protección de los más pequeños;
- Se apoya a cada niño excluido de la escuela a causa de la pobreza, y se elimina los obstáculos administrativos a la escolarización;
- Se garantiza a cada niño el acceso a una comida sana y asequible todos los días escolares;
- Se garantiza la igualdad de acceso a los servicios sanitarios;
- Se garantiza una atención incondicional y respetuosa a las familias y los niños sin hogar; (UNICEF, 2022)
- Se garantiza el bienestar psicosocial de los niños tanto dentro como fuera de la escuela, a través de unidades de servicios sociales adecuadas;
- Se evantan las restricciones al acceso de los niños a los servicios y prestaciones sociales y se aplica la igualdad de trato en su acceso a estos servicios;
- Se garantiza de forma general la igualdad de trato, en la ley o en la práctica, para todos los niños ubicados en el territorio francés.
Humanium condena este régimen jurídico de trato diferenciado en el acceso de los niños a los servicios esenciales y sociales y, a través de sus propios proyectos, Humanium se esfuerza por crear un mundo en el que se respeten siempre los derechos de los niños a la educación y la salud. Si desea contribuir a la causa de Humanium, considere la posibilidad de hacer un donativo, colaborar como voluntario o hacerse socio.
Escrito por Moïra Phuöng Van de Poël
Traducido por Adrian Ordinana Salvador
Revisado por Nieves Carazo
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