La selva amazónica y los derechos bajo amenaza

En medio de la emergencia climática mundial, la selva amazónica está bajo una amenaza inminente e intensa. La destrucción sin precedentes que sufre la selva tropical desde la presidencia de Jair Bolsonaro se intensificará aún más este año, y con ella la erosión de innumerables medios de vida y derechos en todo el mundo.

La crisis mundial derivada de la pandemia del Coronavirus ha afectado particularmente a la región infra financiada del Amazonas en Brasil, con la selva amazónica – hogar de al menos el 10% de la biodiversidad del mundo – sujeta a una explotación cada vez mayor. Sólo en los primeros cuatro meses de 2020, la deforestación de la selva amazónica fue un 55% mayor que el año anterior, año en el que también se reportó un récord de deforestación (BBC, 2020).

La presidencia de Bolsonaro y la selva Amazónica bajo amenaza

El presidente anti ambiental de Brasil, Jair Bolsonaro, ha solicitado el desarrollo de la selva tropical. Su Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, fue revelado recientemente por percibir la pandemia de coronavirus como una oportunidad para abogar por una mayor desregulación ambiental, ya que los medios de comunicación «sólo hablan de COVID-19»; todo ello, en un momento en el que mientras se redactaba este texto, 829.000 brasileños sufrían el virus (primavera, 2020). La pérdida de la selva tropical ha alcanzado un máximo de 11 años desde que Bolsonaro asumió el cargo en enero de 2019, con casi 10.000 kilómetros cuadrados destruidos en agosto de 2019; una tasa equivalente a 2 campos de fútbol por minuto (Watts, 2019) acompañada de imágenes de incendios forestales que devastan el paisaje y que apareciendo como titulares de noticias en todo el mundo. Desde entonces, las tasas de enfermedades respiratorias en los niños que viven en la Amazonía han aumentado debido a la contaminación tóxica del aire resultante de la quema de bosques.

Las palabras y acciones del presidente Bolsonaro han debilitado a las agencias ambientales federales, socavado la aplicación de la ley ambiental, criticado y puesto en peligro a quienes trabajan para preservar la selva tropical y, en última instancia, han dado «luz verde» a las redes criminales de tala (Human Rights Watch, 2019). La lucha por la preservación, o explotación, de la selva tropical es cada vez más feroz.

La selva amazónica se expande a través de nueve países sudamericanos, con más del 60% de su extensión en Brasil (y más del 90% de los estados de Surinam, Guayana Francesa y Guayana siendo terreno de selva tropical). La deforestación, la minería ilegal, los desmontes de tierras, los incendios forestales y la consiguiente degradación de los ecosistemas forestales se combinan para contribuir a la diezma del mayor sumidero de carbono terrestre del mundo, hogar de la mayor variedad de especies del planeta, con una quinta parte del bosque emitiendo ahora más carbono del que absorbe y contribuyendo a la rápida escalada de la emergencia climática mundial (BBC, 2020).

Responsabilidad ambiental corporativa

Según la ONG Amazon Watch, entre las principales empresas que financian la deforestación de la selva amazónica se incluyen: BlackRock, BNP, JPMorgan Chase, HSBC, Santander y JBS. El periódico The Guardian reveló en 2020 que bancos con sede en Gran Bretaña y casas de financiación dieron más de $2.000 millones a corporaciones brasileñas del sector cárnico (carne de vacuno) implicadas en la deforestación (Howard, 2020). La responsabilidad de las corporaciones multinacionales, así como de los políticos y los estados nacionales debe ser comprometida de manera imperativa. Estos, deben rendir cuentas con el fin de preservar lo que queda de los pulmones de la Tierra, sus poblaciones indígenas perseguidas y las generaciones actuales y futuras del planeta Tierra. Los individuos de todas partes tienen el poder, así como la responsabilidad colectiva de exigir esa rendición de cuentas.

Derechos de los indígenas y niños del Amazonas

Las implicaciones de la destrucción del Amazonas son planetarias, sin embargo, su impacto tiene una fuerza especial en las comunidades indígenas, que ven como sus tierras son robadas y destruidas y sus derechos violados de manera rutinaria. La gravedad del peligro al que se enfrentan las poblaciones indígenas ha llevado a presentar una petición contra Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional, exigiendo una investigación sobre los ataques a los derechos humanos indígenas y afirmando que los pueblos indígenas de la selva amazónica corren el riesgo de ser objeto de etnocidio y genocidio por las políticas socioambientales de Bolsonaro (Branford, 2020).

Los indígenas no contactados, como los Moxihatea, están siendo atacados en particular, y la deforestación en los territorios indígenas del Amazonas más afectados aumentó un 80% en el último año, lo que indica una amenaza sin precedentes a las vidas, la existencia y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del Amazonas.

«Los blancos no pueden destruir nuestra casa porque, si lo hacen, las cosas no terminarán bien para el mundo entero. Estamos cuidando el bosque para todos, no sólo para los Yanomami y los pueblos aislados. Trabajamos con nuestros chamanes que entienden bien estas cosas, que poseen sabiduría que proviene del contacto con la tierra.»
Davi Kopenawa, Líder Yanomami de las Naciones Unidas (Branford, 2020).

Además, los adultos y niños indígenas que se esfuerzan por proteger sus hogares en la selva tropical, lo pagan a menudo con sus vidas. El asesinato de líderes indígenas en la Amazonía de Brasil alcanzó su máximo de dos décadas en 2019 después de que se encontrara el cuerpo sin vida de Erisvan Guajajara as sus 15 años de edad (Hanbury, 2019). Los niños, los indígenas, los defensores de los derechos humanos y ambientales son las principales partes interesadas activas en la preservación de la selva tropical, a veces consideradas «guardianas» del bosque, y también corren el mayor riesgo de violencia.

Más de 300 personas han muerto en la última década debido a conflictos por tierras y recursos en la selva tropical, con aún más personas sufriendo violencia y amenazas de muerte con impunidad según lo documentado por Human Rights Watch (HRW) en su informe de septiembre de 2019 Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon. HRW fue más tarde etiquetando la destrucción como una «emergencia de seguridad pública» (Human Rights Watch, 2020). En respuesta al asesinato de un líder indígena Emrya Wajopi, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al gobierno brasileño que tomara una acción más decisiva, afirmando:

«Se deben tomar medidas eficaces para salvar las vidas y la integridad física del pueblo Waiapi. Insto al Gobierno a que actúe con decisión para detener la invasión de los territorios indígenas y garantizar sus derechos colectivos a sus tierras.«
Universal Rights Group, 2019

Por lo tanto, la lucha por proteger la selva amazónica y detener la emergencia climática está intrínseca e inextricablemente ligada a la lucha por el respeto de los derechos de los niños y los pueblos indígenas. Los derechos ambientales y los derechos humanos son íntimamente interdependientes, y la adquisición de justicia en la selva amazónica es más importante ahora que nunca.

Humanium se compromete a trabajar por la mejora urgente y sostenible de los derechos ambientales de los niños. Estamos orgullosos de habernos asociado con la Iniciativa de Derechos Ambientales de la Infancia y también participamos activamente a través de un grupo de trabajo conjunto de ONGs en los Derechos del Niño y el Medio Ambiente que involucra los mecanismos de las Naciones Unidas para el cumplimiento de los derechos del niño. Nuestro proyecto de socorro de emergencia en Rwanda tiene como objetivo mitigar el impacto del Coronavirus en los niños y las familias en este momento crucial.

Escrito por Josie Thum

Traducido por Eva Fernandez