Niños de Brasil

Descubriendo los derechos infantiles en Brasil

A pesar del reciente desarrollo económico de Brasil, porciones significativas de la población permanecen en la pobreza. En particular, son las áreas rurales y los suburbios urbanos las zonas a las que no han llegado los beneficios del progreso económico a nivel nacional. Esta pobreza sigue siendo un factor clave para muchos de los obstáculos para los derechos del niño en el país.

Las dificultades económicas privan a los niños del acceso a sanidad y salud adecuadas, los empujan hacia trabajos ilícitos y peligrosos en busca de la generación de ingresos, incrementan el riesgo de matrimonio infantil, abuso sexual y problemas consiguientes, proveen una vía de entrada para la actividad criminal y, últimamente, incrementan interacciones indeseadas entre los niños y la ley. Todos estos riesgos privan a los niños de alcanzar sus derechos humanos fundamentales.

Índice de los Derechos del Niño: 7,76 / 10

Nivel naranja: Problemas sensibles

Población : 213 millones
Población de 0-14: 20.71%

Esperanza de vida: 76 años
Mortalidad en menores de 5 años: 14.7‰

Brasil en un vistazo

La República Federativa de Brasil (República Federativa do Brasil) es una antigua colonia portuguesa, el país más grande en Sudamérica y el quinto país más grande del mundo. Se enfrenta al Océano Atlántico, y cuenta con 7.400 kilómetros de costa y más de 15.000 kilómetros de fronteras internas con casi todos los países sudamericanos con excepción de Ecuador y Chile (Britannica, 2022).

De norte a sur, Brasil abarca 4.350 kilómetros y engloba una variedad de sabanas, montañas, paisajes tropicales y subtropicales y humedales. Brasil es el hogar de la mayor parte de la cuenca del río Amazonas (Britannica, 2022). La lengua oficial del país es el portugués. 

En 1822, luego de 3 siglos de dominio portugués, Brasil obtuvo su independencia, pero permaneció como monarquía hasta 1889 (World Vision, 2010). En los últimos años, el crecimiento económico ha aumentado con el descubrimiento de reservas de petróleo de alta mar, convirtiendo a Brasil en un poder económico recientemente emergente conocido como “BRICs”, un acrónimo para Brasil, Rusia, India y China (SOS Children’s Village). Durante la presidencia de Luís Ignacio da Silva, los niveles de pobreza disminuyeron notablemente. En 2003, cerca del 38% de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza y esta cifra cayó a 21% en 2011 (SOS Children’s Village). 

La economía brasilera ha sido construida en base al cultivo de granos como el café, el azúcar, la soja y otros materiales como la bauxita, el mineral de hierro, entre otros bienes industriales. El país es hogar de complejos hidroeléctricos e industriales, tierras agrícolas fértiles y diversas reservas minerales.

No obstante, a pesar de la existencia de abundantes recursos naturales, una gran parte de los brasileños aún continúa viviendo en la pobreza (World Vision, 2010). Existen desigualdades sociales extremas con discrepancia significativa entre ricos y pobres, con pobreza extrema en el Noreste así como también en áreas urbanas (World Vision, 2010).

La historia de Brasil lo ha llevado a ser un crisol de culturas. A lo largo del país, los pueblos originarios son superados en número por brasil eros de raíces europeas y africanas (World Vision, 2010). Desde épocas coloniales, han ido en aumento los matrimonios mixtos, lo que llevó a que más de la mitad de la población sea de procedencia étnica mixta (Britannica, 2022).

Los brasil eros de descendencia europea representan una mitad de la población. Los mulatos, personas con ancestros europeos y africanos así como los mestizos, personas con ancestros europeos e indios, representan 2/5 de la población. El resto de la población está formado por descendientes africanos, afro-indios o asiáticos (Britannica, 2022).

Brasil tiene uno de los niveles de desigualdad de ingresos más alto del mundo, lo que fomenta las desigualdades sociales. En respuesta, el innovador programa de transferencia de efectivo, conocido como la Bolsa Familia, es el programa de transferencia de efectivo más grande del mundo y ha beneficiado a aproximadamente 42 millones de brasileros. Este programa tiene como objetivo alivianar el hambre, la pobreza y las desigualdades sociales en Brasil, asegurando que las familias tengan derecho a comida, atención sanitaria, asistencia social y educación (Neves, Vasconcelos, Machado et al, 2020).

Situación de los derechos del niño [1]

Brasil se ha comprometido con diversos instrumentos internacionales para la protección de los derechos del niño. En 1990, Brasil ratificó la Convención de los Derechos del Niño (CDN). La CDN fue incorporada a la ley nacional bajo el Decreto nº 99.710 (CRIN, 2019). En 2004, ratificó el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil y el Protocolo Facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, y en 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (OCHR, 2022).

Regionalmente, Brasil es un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ratificó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1992. Esto ocurrió luego de la implementación de su emblemático Estatuto del Niño y del Adolescente en 1990 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017). Más recientemente, la estrategia de protección de niños y adolescentes está regida por su plan a 10 años (2011-2020), la Política Nacional sobre los Derechos del Niño y del Adolescente, y el Plan Nacional Multianual (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).

Estas políticas se complementan con estrategias concretas que desprenden de las metas y objetivos del país: La Agenda de la Convergencia para la Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes, Vive Joven y la Constitución de Estrategias en Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescentes (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).

En términos de legislación, Brasil ha implementado un trio de leyes que protegen colectivamente a losniñoscontra el castigo físico y los tratos crueles o degradantes, criminalizan la explotación sexual y refuerzan políticas para la protección a temprana edad (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017). Estos marcos legales son fortalecidos por revisiones recientes del Plan Nacional de lucha contra la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes y la creación del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).

El trabajo infantil recibe más atención a través del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajador Adolescente, ya que el país tiene como objetivo acabar con esta práctica atroz (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017). Bajo el artículo 403 del Código de Trabajo de Brasil, todas las formas de trabajo infantil están prohibidas antes de los 16 años. En el 2000, Brasil ratificó el Convenio Nº182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y en el 2001, el Convenio Nº138 sobre la Edad Mínima (International Labour Organization, 2010). 

Brasil cuenta con legislación adicional para la protección de los niños contra la explotación sexual, violencia y trata. A pesar de las disposiciones jurídicas, mecanismos inadecuados de aplicación siguen obstaculizando la habilidad del país para cumplir plenamente los derechos de los niños. 

Abordando las necesidades de los niños en Brasil

Derecho a la educación

Bajo la Constitución de Brasil de 1824, cada niño tiene el derecho a educación primaria gratuita, una obligación del Estado como derecho básico para todos los ciudadanos de Brasil. El gobierno comenzó a involucrarse activamente en los derechos educacionales después de la revolución de 1930 en la cual el sistema fue transformado por la ley 5.692/71. La implementación de esta ley trajo cambios que incluían educación primaria básica obligatoria y un currículo de nivel primario unificado, que era además inclusivo de diferencias regionales. 

A pesar de que la educación elemental (entre los 7 y los 14 años) sea obligatoria y gratuita en Brasil, esto no ha impedido el analfabetismo y el trabajo infantil ya que muchos niños buscan – o se ven forzados a – trabajar para generar ingresos para el hogar (State University). Uno de los principales objetivos del programa Bolsa Familia fue incrementar la inscripción en escuelas y la asistencia. A través del programa, se esperaba que los niños fuesen menos propensos a ser involucrados en el mercado laboral (Brauw et al, 2012). Entre agosto y septiembre 2016, 14.6 millones de niños se vieron beneficiados por el programa al aumentar la asistencia escolar (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).

Derecho a la salud

Las mujeres jóvenes y niñas enfrentan des proporcionalmente una serie de riesgos para la salud en Brasil. Con los abortos prohibidos – y dada la prevalencia de los matrimonios infantiles y violencia contra las mujeres – los embarazos adolescentes son una preocupación y se requiere una mayor educación para las niñas jóvenes (FIGO, 2019). Como la edad promedio para el consentimiento sexual se estima alrededor de los 17 años, se deben realizar mayores esfuerzos para proteger a las mujeres jóvenes contra riesgos sexuales y apoyarlas a lo largo del embarazo si fuera necesario (CSP, 2020).

Además de los riesgos relacionados a la maternidad durante tiempos normales, el gobierno decidió suspender la anticoncepción y los abortos legales durante el inicio y desarrollo de la pandemia de Covid-19, poniendo a las niñas aún más en riesgo (Human Rights Watch, 2020). Esta decisión perjudicó el trabajo previo positivo llevado a cabo por el gobierno para introducir nuevas políticas sanitarias y educativas a cuerpos públicos, con el objetivo de educar a las niñas jóvenes sobre los riesgos de encuentros sexuales tempranos (Figueiredo, 2016).

Hasta entonces, Brasil estaba desplegando programas educativos generalizados al mismo tiempo que potenciaba la capacidad de la salud pública. Para el año 2012, el país había alcanzado exitosamente la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio al reducir la mortalidad infantil en un 70% entre 1990 y 2012 (United Nations General Assembly, 2017).  

Aunque Brasil haya puesto a disposición de todos en el país los kits de testeo de VIH/SIDA en forma gratuita, cerca de un millón de personas en el país están viviendo con la enfermedad (Avert, 2019). La violencia de género y el estigma sigue permitiendo la propagación del VIH/SIDA y la emergencia de nuevas infecciones (Avert, 2019).

Una preocupación sanitaria persistente y más generalizada en Brasil es la malnutrición infantil. El gobierno, reconociendo los estrechos lazos entre pobreza y malnutrición, implementó la estrategia NutriSUS en 2014 junto con un marco paralelo para la promoción de la lactancia y alimentación saludable complementaria para los niños (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).

Derecho a agua limpia y saneamiento

A pesar de la fuerza económica del país, las disparidades de riqueza en Brasil indican que 1.2 millones de personas están aún sin acceso a agua segura, mientras que otros 20 millones no tienen acceso a saneamiento adecuado (Water, 2021). Esta situación es particularmente preocupante en el contexto de enfermedades en curso como Covid-19 y es lo que suscitó la “Semana del Agua” de Brasil en 2020: un evento colaborativo inter-sectorial diseñado para abordar los desafíos relativos al agua del país (World Bank, 2020).

Mientras el país ha intentado fomentar y promover mayores prácticas de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) a través de campañas, se necesita trabajo para movilizar recursos financieros hacia áreas donde el acceso a buen WASH es aún escaso (UNICEF, 2020). Un estudio reciente de UNICEF muestra que los niños se encuentran entre las víctimas más afectadas por una pobre WASH en el país, y solo el 39% de las escuelas a lo largo del país tienen instalaciones adecuadas para el lavado de manos (World Bank, 2020).

En 2020, el gobierno estableció e implementó un nuevo Marco Legal de Agua y Saneamiento para fomentar colaboraciones público-privadas (Government of Canada, 2020). El mecanismo tiene como objetivo tratar las aguas residuales y residuos para reutilizar agua accesible, reducir las pérdidas de agua y otorgar acceso a agua a áreas remotas (Government of Canada, 2020). En última instancia, se espera que un 99% del país tenga acceso a agua potable hacia 2033 (Government of Canada, 2020). 

Derecho a la identidad

Brasil está dando pasos positivos para asegurar que todos los niños puedan cumplir su derecho a una identidad. Específicamente, a través de la iniciativa de la Movilización Nacional para los Certificados de Nacimiento, el país ha logrado disminuir el promedio nacional de nacimientos no registrados en un 50% (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017). A través de oficinas de registro más eficientes, sistemas de información nacional fortalecidos, y una mayor supervisión en clínicas de salud y hospitales, el país ha podido crear conciencia sobre la importancia del registro de los nacimientos entre comunidades indígenas, rurales y urbanas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).

Factores de riesgo → Desafíos específicos del país

Explotación sexual

Brasil es un país fuertemente afectado por la explotación sexual infantil y la trata de niños. El país es fuente, tránsito y destinación para la trata (US Department of State., 2021). Es también considerado un país con el segundo índice más alto de explotación sexual en el mundo (Conectas, 2020). 

Conducidas por la pobreza endémica a lo largo de todo el país, las niñas con frecuencia se entregan a la explotación sexual como un medio para obtener dinero (Townsend, 2016). La explotación sexual fue el segundo crimen más alto reportado contra los niños en 2016. Como resultado, el país ha construido una desafortunada reputación como un destino atractivo para turismo sexual (Townsend, 2016). Marcos legales débiles e incompletos son parcialmente culpables de este fenómeno, ya que las políticas nacionales existentes han definido la edad de consentimiento a los 14 años y fallan en distinguir claramente sexo consensuado de la violación (Townsend, 2016). 

Brasil no ha podido establecer un tono claro y consistente para prohibir la práctica. La prostitución está permitida solo para aquellos mayores de 18. Sin embargo, la jurisprudencia de la última década muestra decisiones de la corte en las que hombres fueron declarados no culpables de violación con niñas de apenas 12 años (Townsend, 2016). Del mismo modo, la redacción jurídica falla en definir las agudas diferencias entre explotación sexual y prostitución, poniendo a los trabajadores sexuales en gran riesgo de explotación física y emocional (Townsend, 2016).  

La prostitución infantil puede ser también una puerta de entrada a la trata de personas ya que los turistas sexuales sienten que pueden atraer a las niñas vulnerables al extranjero con la promesa de un futuro más próspero (Townsend, 2016). En esta posición, las mujeres son con frecuencia traficadas ilegalmente, sin identificación válida y, en consecuencia, incapaces de sobrevivir en sus países de destino sin la supervisión de sus traficantes (Townsend, 2016). 

Tráfico infantil

Aunque Brasil haya ratificado el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo) y otras convenciones internacionales relevantes, la legislación doméstica del país está implementada de forma deficiente. A pesar de la existencia de un Estatuto del Niño y del Adolescente, un Plan Nacional de lucha contra la trata de personas, y un Plan Nacional de lucha contra la violencia sexual contra niños, los sistemas del país están mal preparados para cumplir con objetivos ambiciosos. Los Consejos Tutelares para la infancia de Brasil (CTN) – diseñados para informar políticas públicas y garantizar los derechos del niño – cuentan con escasa financiación y carecen de experiencia o recursos para alcanzar una protección integral (Dolby, 2018). 

A raíz del Covid-19, un reporte de Estado de EE.UU. muestra que la reducción de recursos para instituciones gubernamentales relevantes probablemente perjudique la protección de los niños y permita la trata de niños. En el reporte, Brasil se clasifica como un país de categoría 2 que falla en cumplir completamente con los estándares para la eliminación de la trata (US State Report, 2021).

Desde la aparición del Covid-19, el país ha reducido sus esfuerzos para la aplicación de la ley para combatir traficantes, así como también ha disminuido sus esfuerzos para prevenir que la trata ocurra (US State Report, 2021). La capacidad reducida de la lucha contra la trata, combinada con las dificultades económicas, una cultura generalizada que sexualiza a las chicas y más discriminación basada en la raza y otros factores, pinta un cuadro sombrío en el contenido de la trata de niños (Dolby, 2018). 

De forma preocupante, Brasil también cuenta con la población online de más rápido crecimiento del mundo, lo que vuelve a las niñas vulnerables más accesibles para los traficantes en el extranjero y genera nuevas vías para la facilitación de la trata de niños (Dolby, 2018).

Trabajo infantil

El trabajo infantil está profundamente arraigado en la sociedad brasilera. Habitualmente, los niños están involucrados en el sector agrícola y son obligados a cosechar sisal, arroz, cacao, açaí, caña de azúcar, entre otros; a procesar anacardos y harina de mandioca, así como también a trabajar en canteras de piedra. Dentro del sector de servicios, los niños se ven implicados en trabajo callejero, venta de alcohol, trabajo doméstico, trabajos en mercados y hurgando en la basura. Los niños se ven sujetos a las peores formas de trabajo infantil, lo que incluye la explotación sexual comercial forzada y son explotados por pandillas para desempeñar actividades ilícitas como el tráfico de drogas o humanos (US Department of Labour, 2020). 

Desde la pandemia de Covid-19, el número de niños involucrados en trabajo infantil se ha incrementado. El Secretariado Especial para la Seguridad Social y Trabajo, en 2020 reportó un incremento del 271% en el número de niños involucrados en trabajo infantil a lo largo de Brasil. Se estableció que hubo un incrementó en el número de niños en trabajo callejero y mendigando, lo que apunta a un fuerte lazo entre los crecientes niveles de pobreza y la incidencia del trabajo infantil. Dados los factores económicos que conducen al trabajo infantil, se debe trabajar más para erradicar la práctica y proveer fuentes alternativas de ingresos.  

Violencia contra los niños

En rankings globales, Brasil es constantemente identificado como uno de los países más peligrosos para mujeres jóvenes y niñas debido a los niveles excepcionalmente altos de violencia de género. Cifras del 2016 indican que más de 12 mujeres son asesinadas por día en el país (Wilson Center, 2021). Información más reciente afirma que 67% de las víctimas de violencia física en el país son mujeres y cada 7 horas una mujer muere debido a feminicidio (Wilson Center, 2021). Una investigación de una ONG local muestra que 4 niñas de menos de 13 años son violadas cada hora en Brasil (CNN, 2019).

Un análisis de las tendencias de estas estadísticas da motivos para una mayor preocupación. Luego de la aparición del Covid-19 en 2020, cifras del Banco Mundial demostraron un incremento del 22% en feminicidios y un incremento del 27% en violencia contra las mujeres (World Bank, 2020). 

Estas alarmantes estadísticas existen a pesar de la presencia de numerosas leyes recientes diseñadas para poner fin a la violencia de género y apoyar a las víctimas. La Ley de Feminicidio y Joana Maranhao – ambas del 2015  – permiten a menores denunciar abuso sexual y penaliza el feminicidio como una forma específica de homicidio (Wilson Center, 2021). Más tarde, en 2021, la ley 14188 se introdujo para asegurar que la violencia psicológica este también presente en el Código Penal del país (Wilson Center, 2021).  

Además de las aparentemente rigurosas disposiciones jurídicas, Brasil estableció un programa contra la violencia doméstica en 2021 denominado Señal Roja, diseñado para establecer canales de comunicación para apoyar a las víctimas de violencia doméstica lo más rápido y eficientemente posible (Library of Congress, 2021). A pesar de estos esfuerzos, una implementación inconsistente y mecanismos de aplicación débiles continúan limitando la efectividad de los esfuerzos del país. 

Discriminación

Los niños de pueblos originarios de Brasil se encuentran entre los grupos más vulnerables y enfrentan una marginalización extrema. Desde la colonización de los portugueses en los años 1500, los pueblos originarios de Brasil han luchado por conservar sus derechos, particularmente sus derechos a su tierra ancestral, cultura, lengua, familia, comida y plegaria (Langlois, 2020). En el Estado sudoccidental de Mato-Grosso do Sul, en la reserva indígena de Dourados (una comuna brasilera), muchos niños indígenas son tomados por la fuerza de sus hogares y puestos en adopción. Dourados es una de las siete reservas que fue establecida entre 1910 y 1928, hogar de los grupos indígenas Kaiowá y Guarani (Langlois, 2020). 

Estos niños con frecuencia son arrebatados de sus tekohas – sus familias y comunidades – y puestos en hogares de acogida donde son forzados a desaprender sus costumbres y cultura y adaptarse a una forma de vida más moderna (Langlois, 2020). Ser expulsados de los tekohas ha vuelto más difícil para las familias indígenas vivir, cazar, pescar, orar y los ha desconectado aún más de su cultura (Langlois, 2020). Bajo la ley nacional de Brasil, los niños que viven en hogares de acogida no deberían quedarse ahí durante más de 18 meses; sin embargo, con frecuencia se quedan más tiempo. Los niños indígenas solo pueden ser adoptados por familias no-indígenas si todas las demás vías han sido agotadas (Mendes, 2018). 

En 2019, la Fundación Nacional Indígena de Brasil (FUNAI), retiró su apoyo a los pueblos originarios de Mato Grosso do Sul, decretando que no era tierra indígena reconocida oficialmente. Esta decisión ha dado a las cortes otra razón para alejar a la fuerza a niños indígenas de sus familias (Langlois, 2020).  

Matrimonio infantil

Desde el 2019, Brasil alberga el 4to mayor número de niñas novias del mundo, con 36% de las niñas a lo largo del país casadas para la edad de 18 años (UNICEF, 2019). Previo a una reforma legal en 2019, las menores de 16 años podían casarse si quedaban embarazadas o si tenían parejas sexuales mayores acusadas de violación (Plan International, 2019). Tras la aprobación de nuevas leyes, el matrimonio infantil está ampliamente prohibido para los menores de 16 años, aunque todavía existen excepciones para los de 16 y 17 años, que pueden casarse con el consentimiento de tutores legales válidos (Plan International, 2019).

Contrariamente a concepciones erróneas habituales, el matrimonio infantil prevalece en áreas urbanas y rurales de Brasil, lo que ilustra una aceptación cultural generalizada de la práctica (Plan International, 2019). El matrimonio infantil es impulsado por una dominación subyacente de las mujeres y promueve la creencia de que las mujeres son inferiores a los hombres.

Las niñas que son forzadas a casarse son más propensas a no finalizar el colegio, vivir en la pobreza, quedar embarazadas y experimentar complicaciones durante la gestación (Plan International, 2019). Las niñas victimiza das también son más propensas a experimentar abuso doméstico y violencia sexual, lo que pone tanto su salud mental como física en riesgo (Plan International, 2019). 

Justicia juvenil

Brasil tiene una de las poblaciones penitenciarias más grandes del mundo (Yamamoto). Hay aproximadamente medio millón de prisioneros actualmente siendo detenidos en el país – de los cuales un 59% tienen entre 18 y 29 años (Yamamoto). Más allá de los reclusos jóvenes, 21.000 niños están siendo recluidos en centros de detención bajo los sistemas socio-educativos del país (Human Rights Watch 2019). El gran número de adolescentes y jóvenes reclusos habla tanto sobre la forma en que la violencia urbana y la pobreza afectan específicamente a los sectores más jóvenes de la población, así como también sobre la voluntad intercultural de detener a infractores juveniles (Yamamoto).  

Desde 2015, ha habido un incremento en el número de niños en establecimientos penitenciarios para delincuentes juveniles en Brasil. Se espera que el número de jóvenes infractores continúe en aumento si la edad de responsabilidad criminal se baja de 18 a 16 años de edad – un tema que se ha estado debatiendo en el país desde el 2015 (UN OHCR, 2016). Una mayoría de los crímenes cometidos por jóvenes delincuentes son actividades relacionadas con robos o tráfico de drogas, ambos tipos de crímenes que se alimentan en forma inherente de la vulnerabilidad y la pobreza (Bowater & Moraes, 2015). 

Contrariamente a las realidades in situ, el marco legal de Brasil presenta y describe protecciones integrales para los delincuentes juveniles que entran en contacto con la ley. Redactada conforme a la CDN, la Constitución Federal y Estatuto del Niño y del Adolescente del país, consagra colectivamente la protección integral para los derechos del niño. Leídos conjuntamente, estos documentos encomiendan procedimientos específicos centrados en el niño para lidiar con niños que se encuentran envueltos con el sistema legal y definen la privación de la libertad del niño como último recurso y “respuesta excepcional” (Yamamoto).

Pese a estas disposiciones, los jóvenes acusados de delitos en Brasil rara vez son capaces de acceder a un consejo de defensa legal de calidad, lo que hace difícil para ellos tener acceso a un juicio justo. Además, como hay precedentes nacionales limitados para la sentencia de jóvenes infractores, los jueces y fiscales son con frecuencia influenciados por prejuicios socioculturales y percepción negativa de los niños de sectores demográficos vulnerables (Yamamoto).

Escrito por Vanessa Cezarita Cordeiro

Traducido por María Eugenia Lodeiro

Revisado por Lorraine Valarino

Última actualización el 27 febrero 2022

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[1] Este artículo bajo ningún concepto busca dar un informe completo o representativo de los derechos del niño en Brasil; de hecho, uno de los tantos desafíos es la escasa información actualizada disponible sobre los niños de Brasil, mucha de la cual es poco fiable, no representativa, desactualizada o simplemente inexistente.