Recientemente, la historia de Colombia se ha visto marcada por el conflicto armado. En general, los problemas sociales y políticos – que surgieron a raíz del descontento del sector rural, la distribución inequitativa de la tierra y la falta de participación política en detrimento de ciertos sectores de la sociedad – han llevado al uso de la violencia (La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022). Con el tiempo, la situación ha empeorado a nivel nacional principalmente a causa del estallido del tráfico de drogas y el surgimiento de grupos armados.
El contexto de la situación de conflicto armado en Colombia
En el 2016, representantes del estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – un grupo armado insurgente, firmaron un acuerdo de paz (The New York Times, 2016). Sin embargo, las organizaciones criminales – conocidas como disidencias de las FARC – continuaron operando en diferentes regiones de Colombia. La situación actual parece ser más complicada de lo que solía ser pues, al parecer, no solo involucra una confrontación entre la guerrilla y el Estado, sino también entre los diferentes grupos armados que están disputándose el poder y control de varias áreas del territorio colombiano (BBC Mundo, 2022).
Como resultado, Colombia ha adoptado una política de seguridad donde la protección de la población civil ha sido relegada, y la eliminación de líderes de grupos delictivos parece ser la mayor prioridad política. Los “falsos positivos” – en los cuales oficiales militares ejecutaron y falsamente presentaron a jóvenes civiles como combatientes enemigos –llenaron los titulares en distintos periódicos (Aljazeera, 2021). Organizaciones como Human Rights Watch afirman que a los miembros de las Fuerzas Armadas Colombianas se les motiva con recompensas perversas, como una promoción a un rango más alto (HRW, 2019).
El gobierno de Iván Duque – quien estuvo en el poder entre el 2018 y el 2022– guio operaciones militares en contra de los grupos armados, muchas de las cuales fueron criticadas por la sociedad civil por las irregularidades bajo las cuales fueron ejecutadas (El País, 2022). En particular, los bombardeos en contra de grupos guerrilleros que se sabe que reclutan niños asiduamente (El Tiempo, 2019).
En agosto del 2019, el gobierno llevó a cabo un bombardeo en San Vicente del Caguán. Los exámenes forenses posteriores revelaron que 8 de las 14 personas asesinadas durante la operación eran niños (Cuestión Política, 2020). Guillermo Botero – el entonces ministro de defensa culpó a los grupos guerrilleros de los asesinatos (BBC Mundo, 2019).
En defensa de sus subordinados, el ex-ministro de defensa declaró que ellos no poseían información acerca de la presencia de niños en el campamento (Cuestión Política, 2020). Esta situación generó un debate público que culminó en la renuncia de Botero (Ministerio de Defensa Nacional, 2019).
Durante la primera mitad del 2021, la operación militar de las fuerzas armadas colombianas en Calamar- Guaviare, ha sido cuestionada debido al asesinato de 8 niños (El País, 2021). Las autoridades colombianas presentaron la operación como legal, “llevada a cabo siguiendo estrictamente las disposiciones del derecho internacional humanitario” (Ministerio de Defensa Nacional, 2021).
Posteriormente, el líder del Ministerio de Defensa – Diego Molano, declaró que los niños reclutados “dejan de ser víctimas cuando cometen crímenes”, subsecuentemente etiquetándolos como “máquinas de guerra” (Ministerio de Defensa Nacional, 2021). De manera similar, en septiembre de 2021, las fuerzas armadas bombardearon un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Litoral de San Juan – Chocó, donde fueron asesinados cuatro niños más, entre las edades de 13 y 17 años, (El País, 2022).
Los titulares resonaron alrededor en todo el mundo: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por […] la vulnerabilidad de los niños y adolescentes ante el reclutamiento forzado en Colombia” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2021); “Se emprenden investigaciones acerca de si los menores fueron víctimas en bombardeos de las Fuerzas Armadas Colombianas” (CNN Español, 2021).
La prensa nacional e internacional, los organismos internacionales, y las organizaciones no gubernamentales son quienes, normalmente, generan suficiente impacto para que el estado se atenga estrictamente a las disposiciones del derecho internacional, en este caso, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. A continuación, trataremos brevemente las regulaciones que se aplican al estado colombiano en estas situaciones.
¿Qué dice la ley?
Vale la pena mencionar que, el artículo 45 de la constitución política de Colombia cubre la protección de los niños, describiéndola como una obligación de la sociedad y el Estado, y debe ser acompañada por una formación holística. Asimismo, el Código de la Infancia y la Adolescencia – cuyo interés principal es garantizar el desarrollo pleno y armonioso de los niños – regula el derecho a la protección, en su primer artículo.
El artículo 20 del mismo cuerpo legal explícitamente provee en el sexto y séptimo párrafo que los menores de edad deben ser protegidos de los conflictos armados internos, el reclutamiento, y el uso de menores por grupos armados que operen fuera de la ley. En este sentido, el Estado es el garante del pleno ejercicio de los derechos de estos (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006, Art. 41). También es principalmente responsable de la investigación y castigo de estos crímenes y ofensas en las cuales los niños y adolescentes están involucrados, garantizando la reparación y restauración de los derechos violados (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006, Art. 41).
En la esfera internacional, los estándares del derecho internacional humanitario se detallan en el artículo 38 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Habiéndola ratificado en 1991, el estado colombiano está obligado a adoptar todas las medidas posibles para asegurar que los niños menores de 15 años no participen directamente en hostilidades, al igual que adoptar toda medida posible para asegurar la protección y cuidado de los niños afectados por los conflictos armados.
Esto es incluso más significativo cuando se consideran los comentarios realizados por los representantes del estado colombiano en el momento de ratificar la CDN en forma de reserva (United Nations Treaty Collection, 1991). En ellos aseguraron que el estado colombiano no limitaría la protección hasta los 15 años sino quela extendería hasta los 18 años de acuerdo con la ley colombiana (United Nations Treaty Collection, 1991). Por lo tanto, los estándares que se aplican en Colombia son muy claros, siendo incluso más estrictos que los provistos por este cuerpo legal.
Colombia también ratificó el Protocolo facultativo de la CDN acerca del involucramiento de los niños en el conflicto armado. Al ratificar el protocolo, los estados están obligados a desmovilizar todo niño menor de 18 años que haya sido reclutado o usado en hostilidades (Oficina de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, s.f.). También están obligados a reintegrar los niños a la sociedad, incluyendo la provisión de servicios de recuperación y apoyo psicológico y físico (Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, s.f.).
El derecho internacional también provee reglas especiales para la protección de la integridad física y psicológica de los niños cuando son involucrados en actividades militares (Vargas-Areco v. Paraguay, 2006, párr. 112-113). El protocolo adicional de la convención de Ginebra de agosto de 1949 y relacionándose a la protección de víctimas de conflictos armados no-internacionales (Protocolo II) provee para la necesidad de protección especial para los niños, tomen parte o no en los conflictos.
Más concretamente, el artículo 4 (3), afirma que debe facilitarse el cuidado y la asistencia necesarios a los niños. Otros principios básicos del derecho internacional humanitario, como la precaución y humanidad, también tienen fundamentos jurídicos irrefutables en el contexto actual.
¿Están los niños protegidos contra el conflicto armado?
Los ataques referenciados en este artículo no son los únicos que se han denunciado como violaciones del derecho internacional. De hecho, el modus operandi del gobierno de Iván Duque parecía presentar un patrón al operar sin tomar en cuenta las provisiones del derecho internacional, ignorando por completo estudios previos de inteligencia militar para después jactarse en declaraciones públicas de haber diezmado las filas de los cabecillas de los grupos criminales (Presidencia de la República, 2019).
No cabe duda de que el gobierno colombiano tiene la responsabilidad de asegurar la protección de los niños, recuperándolos del reclutamiento del cual son víctimas. Abordarla situación de esta forma, sin considerar a los niños como criminales o etiquetarlos como “máquinas de guerra” es un punto de partida esencial. Estos términos solo reducen a los niños a su revictimización en manos de quienes deberían protegerlos por completo.
Sin duda, el gobierno colombiano liderado por el señor Gustavo Petro y la señora Francia Márquez tiene mucho trabajo por delante, especialmente en lo concerniente a la investigación, castigo de los perpetradores y provisión de reparaciones de las víctimas y/o sus respectivas familias implementando medidas preventivas para evitar que esto suceda de nuevo.
El gobierno colombiano actual debería ser capaz de preparar suficientes mecanismos eficientes para que las víctimas y/o sus familias obtengan justicia en el territorio nacional. De no ser así, podría llevar años hasta que muchos de ellos puedan obtener respuestas de los organismos internacionales cuasi-judiciales y judiciales.
Las declaraciones más recientes del gobierno actual, en las cuales se han comprometido a no bombardear lugares donde pueda haber niños reclutados, son esperanzadoras (Euronews, 2022).Sin embargo, seguirán siendo nimias hasta que se demuestre que la teoría se está llevando a la práctica.
Como una ONG enfocada en el bienestar de los niños del mundo, Humanium condena firmemente el reclutamiento y la violencia en contra de los niños. Humanium continúa trabajando para concienciar acerca de los derechos de los niños que están involucrados en los conflictos armados y aquellos que no lo están pero que también se convierten en víctimas – como en el caso de Colombia y muchos otros países alrededor del mundo. Por este motivo, apelamos a la colaboración de aquellos que se identifican con esta causa.
Si le gustaría apoyar nuestra causa, por favor considere hacer un donativo, apadrinar a un niño, o ser voluntario en proyectos en los cuales Humanium está involucrado.
Escrito por Camila Ortiz Britez
Traducido por Juliana Parra Soacha
Revisado por Esperanza Escalona
Bibliografía:
Aljazeera (2021) Colombian army ‘false positives’ scandal: ‘No one listened to us’. Obtained from https://www.aljazeera.com/news/2021/2/23/colombian-army-scandal-no-one-listened-to-us#:~:text=Official%20reports%20that%20claimed%20Garzon,represented%20young%20civilian%20men%20as, accessed on September 12, 2022.
BBC Mundo (2019) Renuncia el ministro de Defensa de Colombia: Guillermo Botero dimite en medio de la polémica por la operación militar en que murieron varios menores. Obtained from https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50326172, accessed on September 12, 2022.
BBC Mundo (2022) 3 claves para entender la larga rivalidad entre las FARC y el ELN (y cómo ahora llena de violencia la frontera entre Colombia y Venezuela). Obtained from https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59863553, accessed on September 12, 2022.
Case of Vargas-Areco v. Paraguay, Inter-American Court on Human Rights (September 26, 2006) Obtained from https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_155_ing.pdf, accessed on September 12, 2022.
CNN Español (2021) Investigan si menores murieron en bombardeo de las Fuerzas Armadas de Colombia. Obtained from https://cnnespanol.cnn.com/2021/03/10/bombardeo-colombia-menores-investigacion-orix/, accessed on September 14, 2022.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022) Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia. Obtained from https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-08/CEV_NARRATIVA%20HISTORICA_DIGITAL_2022.pdf, accessed on September 12, 2022.
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