El derecho a la educación es un derecho fundamental, reconocido oficialmente por el Estado francés, que a menudo se presenta como defensor de los derechos humanos. Sin embargo, este derecho sigue estando garantizado de forma desigual en sus territorios de ultramar. Si bien las desigualdades educativas se explican en parte por factores sociales, culturales y económicos, también tienen su origen en un problema jurídico más profundo, recientemente puesto de manifiesto por una decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Al margen de estas causas socioeconómicas, la persistencia de las desigualdades se explica por un marco legal que excluye a los territorios de ultramar de ciertas protecciones fundamentales.
Un derecho a la educación garantizado de forma desigual
Francia firmó la Carta Social Europea de 1961, que garantiza diversos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la educación. Sin embargo, excluyó sus territorios de ultramar al firmarla y nunca ha reconsiderado esta decisión.
Hubiera sido posible hacerlo de otra manera: los Países Bajos se aseguraron de que sus territorios de ultramar se beneficiaran de esta Carta. Esto da lugar a una situación como la de la isla de San Martín, donde la Carta se aplica en la parte holandesa, pero no en la francesa. Según la jurista francesa Sabrina Cajoly, «es una cuestión de igualdad de derechos entre los territorios, pero también es una cuestión de reputación para la patria de los derechos humanos» (Péru-Gelly, 2025).
La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos se pronunció sobre este tema, mencionando una «cláusula colonial». Esta cláusula permitía anteriormente no aplicar un tratado a una parte de un territorio. Se utilizaba para reducir el ámbito de aplicación geográfico de un texto legislativo a un territorio concreto, con el fin de que lo rigiera un régimen específico. Finalmente, precisó que tales cláusulas ya no deberían existir, en particular en el ámbito de los derechos humanos (Péru-Gelly, 2025).
El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa dictó una resolución el 19 de marzo de 2025 sobre la discriminación de Francia contra las poblaciones de los territorios de ultramar, basándose en la aplicación de la Carta Social Europea.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) presentó ante el comité una denuncia contra Francia por posibles violaciones de los derechos sociales y económicos en Guadalupe y Martinica. A tal fin, la FIDH invocó, en particular, el artículo 11, sobre el derecho de los niños a la protección, y E, sobre la no discriminación.
El Gobierno francés impugnó la admisibilidad de esta denuncia, alegando que la Carta no se aplicaba a los territorios afectados por la denuncia (Comité Europeo de Derechos Sociales, 2025). El Comité concluyó que no podía pronunciarse sobre esta solicitud, ya que el texto invocado no se aplicaba en realidad a los territorios de ultramar, puesto que Francia los había excluido en el momento de la firma (Lingibé, 2025).
Obstáculos estructurales: pobreza, aislamiento y particularidades culturales
Al entrar en el sistema escolar se produce un proceso de selección debido al número insuficiente de plazas para acoger a todos los jóvenes (Péru-Gelly, 2025). De hecho, las zonas sin carreteras se ven más afectadas por la falta de escolarización, al igual que los niños de familias monoparentales o sin acceso al agua y la electricidad (Belanyi & Plancke, 2024). A modo de ejemplo, una cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 19 años de Guadalupe no tienen empleo, no están escolarizados ni siguen una formación, lo que representa el doble que en la Francia metropolitana (Chadli, 2023).
El aislamiento geográfico y las deficiencias del transporte escolar
En las Antillas, el transporte escolar no se adapta a los horarios lectivos (especialmente en el caso de las ramas profesionales), lo que obliga a los alumnos a levantarse temprano (a veces a las 4 de la madrugada), lo que no favorece ni su capacidad de concentración ni su recuperación (Lorion et al., 2021). Además, este transporte suele ser caro y las carreteras por las que circula están en mal estado y, por lo tanto, son peligrosas (Chadli, 2023).
En Guayana, una escuela situada en Taluen, cerca de la frontera con Surinam, ilustra las graves dificultades logísticas a las que se enfrentan los alumnos, algunos de los cuales deben recorrer casi dos horas en piragua para acceder a los servicios educativos. Estas condiciones complican la entrega del material escolar, que a menudo no llega según lo previsto (FS-SNUipp, 2023).
Una doble desventaja: invisibilidad y falta de medios adecuados
Los niños con discapacidad también se enfrentan a ciertas dificultades. En primer lugar, la detección de estos alumnos es complicada debido a la falta de infraestructuras médicas y sociales. Por lo tanto, el sistema de prevención no se aplica correctamente y es inadecuado, especialmente en lo que respecta a las herramientas de diagnóstico y orientación.
Además, las Casas Departamentales de Personas con Discapacidad (MDPH) disponen de medios limitados, lo que da lugar a plazos muy largos para la aplicación del plan de escolarización adaptado (al menos seis meses para una primera respuesta de la MDPH, según el sindicato SNES-FSU) (Lorion et al., 2021). La insuficiencia de medios hace que no se satisfagan las necesidades de los niños con discapacidad.
De hecho, según los servicios de Educación Nacional, el 57 % de estos alumnos necesitan acompañamiento humano. En Martinica, por ejemplo, la mitad de los alumnos con discapacidad no tienen acompañante. En Guadalupe, en 2021, se atendió a 2 de cada 43 alumnos con discapacidad visual o autismo (Lorion et al., 2021).
Entre identidades culturales y limitaciones climáticas en el acceso a la educación
Las escuelas tienden a cerrar con frecuencia, y las múltiples razones suelen estar relacionadas con las características específicas de los territorios afectados. Las tensiones sociales están en la raíz de huelgas que, a su vez, provocan cierres recurrentes. Además, las condiciones climáticas y medioambientales suelen generar situaciones de fuerza mayor, lo que añade una particularidad a los territorios de ultramar.
En 2023, el 25 % de los alumnos careció de continuidad escolar, frente al 5 % en la Francia metropolitana. Los alumnos escolarizados en Guadalupe y Martinica tienen menos días de clase que los niños que viven en la Francia metropolitana (Chadli, 2023). La emergencia climática tiene un impacto real en las condiciones medioambientales de las Antillas.
Esto implica, por tanto, adaptaciones especiales para que los centros escolares cumplan las normas previstas en el Plan Sísmico de las Antillas. De hecho, la adaptación a las normas sísmicas en las Antillas se ha retrasado mucho, lo cual es alarmante. En 2020, el 64 % de los escolares estudiaban en un entorno susceptible de verse afectado por terremotos en Martinica (Lorion et al., 2021).
En un instituto del oeste de Guayana, en el que están matriculados más de 1500 alumnos (para una capacidad máxima de 900 alumnos), la tasa media de absentismo diario es del 20 %. La falta de justificación de las ausencias de los alumnos, junto con la imposibilidad de que los empleados del edificio tramiten las 300 ausencias al día, tiende a banalizar el absentismo (Lorion et al., 2021).
¿Cuáles son las perspectivas de una educación equitativa en el futuro?
Los alumnos de los territorios franceses de ultramar son, por lo tanto, víctimas de discriminación en comparación con los de la Francia metropolitana. Sin embargo, se han planteado algunas iniciativas para mejorar la calidad de su educación en los territorios afectados y, de este modo, lograr un mayor equilibrio.
A escala específica, la organización de jornadas de recuperación podría garantizar el mismo tiempo escolar a los niños de Francia metropolitana y a los de los territorios de ultramar. Además, la creación de internados y autobuses escolares especiales, con horarios adaptados, facilitaría el acceso práctico a los centros escolares (Chadli, 2023).
Asimismo, el aumento del número de acompañantes para los niños con discapacidad, darles prioridad para los contratos a tiempo completo y consolidar su formación inicial permitiría una mayor inclusión. Una mayor sensibilización de los profesores para detectar y atender a los alumnos con discapacidad también podría contribuir a una evolución positiva (Chadli, 2023).
Desde un punto de vista más general, las autoridades francesas también tienen un papel clave que desempeñar. La uniformización de la legislación aplicable a todo el territorio francés, en lo que respecta a la aplicación de los derechos humanos, igualaría las oportunidades en términos de derecho a la educación, sin impedir que se tuvieran en cuenta las diferencias climáticas y culturales (Péru-Gelly, 2025). Estas reformas también deberían ir acompañadas de un reconocimiento explícito de la igualdad jurídica entre todos los territorios franceses, sin excepción.
Por último, organizaciones como Humanium dedican sus esfuerzos diarios a la protección de los derechos del niño y a la prestación de un apoyo esencial, que va desde la educación hasta la atención de la salud mental. Un cambio verdadero y duradero requiere tanto una concienciación global como una acción local. Por eso le invitamos a apoyar la misión de Humanium, ya sea como voluntario, haciendo una donación o apadrinando a un niño necesitado.
Escrito por Morgane Schmutz
Revisado internamente por Aditi Partha
Traducido por Adrian Ordinana Salvador
Corregido por Carolina de la Cruz Montserrat
Bibliografía:
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