Niños de Papúa Nueva-Guinea
Descubriendo los Derechos del Niño de Papúa Nueva-Guinea
La situación de los niños de Papúa Nueva-Guinea es realmente difícil. A pesar de algunas mejoras, sobre todo en materia de justicia y educación, todavía hay grandes lagunas en términos de protección de los derechos de los niños. Ellos son las principales víctimas de maltrato, explotación y fallas en el sistema sanitario.
Nivel rojo: Situación difícil Población: 6.43 millones Esperanza de vida : 62,4 años |
Principales problemas que afectan a los niños en Papúa Nueva-Guinea
Con un 37% de la población viviendo por debajo del umbral internacional de pobreza (1,25 USD/día), muchos niños de Papúa Nueva-Guinea no tienen acceso al agua potable ni a una alimentación adecuada. Un 28% de ellos están moderada o severamente desnutridos. Por su parte, un 43% sufre un retraso en el crecimiento. La pobreza es una de las principales causas de la desescolarización, así como del tráfico, explotación y trabajo infantil en el país.
Los castigos corporales como medida educativa no están prohibidos por la ley. Los padres, los tutores y los profesores a menudo hacen uso de ellos para disciplinar a los niños. Tanto en la casa como en el colegio, los niños frecuentemente son víctimas de negligencias y maltratos, especialmente sexuales, dans la vie de tous les jours, à la maison comme à l’école.
Los actos de violencia física en torno a las mujeres y niñas están omnipresentes y son considerados “normales” por gran parte de la población. Más de la mitad ya han sido agredidas por un hombre e incluso en las parejas jóvenes, los maridos golpean a sus mujeres. Además, el riesgo de ser agredida fuera de casa también es muy elevado. La ausencia de persecución judicial contra los culpables de tal violencia no disuade a los criminales. Asimismo, las fuerzas del orden, reputadas por su brutalidad, son las propias culpables de numerosos actos de violencia, incluso sexual, contra chicas jóvenes.
Niños brujos
Se ha informado de actos de torturas bárbaras y asesinatos de personas acusadas de brujería, a menudo mujeres y chicas jóvenes. Así, se habrían perpetrado unos cincuenta asesinatos en 2010 en las provincias de Tierras Altas Orientales y Simbu. Las cifras indican que el número de víctimas está aumentando, mientras que el gobierno no hace nada por prevenirlo o sancionar a los culpables.
Las capacidades del sistema de sanidad del país y la educación sanitaria de base son insuficientes. El sistema de atención sanitaria gratuito puesto en marcha por el gobierno hace unos años está abandonado, debido a que el presupuesto destinado a ello es muy poco y las infraestructuras se deterioran. Además a causa de las condiciones climáticas y medioambientales desfavorables, son muchas las epidemias de dengue, malaria y hepatitis A. Por esta razón las tasas de mortalidad materna e infantil son muy elevadas, sobre todo en las regiones rurales. Así pues, 1 de cada 21 niños no sobrevive más allá de los 5 años.
El país posee además, la tasa más alta de contagio de VIH/SIDA en la región; según la OMS, más del 1% de la población sería atendida a causa de este mal. Las malas condiciones de acceso a pruebas, tratamientos y medios de prevención; aunado al hostigamiento a los enfermos y personas que tienen preservativos, favorecen la transmisión de la enfermedad.
Las mujeres están más expuestas a la infección a causa de las agresiones sexuales y desigualdades en el tratamiento que sufren. Representan más del 60% de los enfermos y la tasa de contagio en las chicas de 15 a 19 años es la más elevada del país, cuatro veces más elevada que la de los chicos de la misma edad.
Por otra parte, las Naciones Unidas estiman que 5.610 niños se convirtieron en huérfanos a causa del VIH/SIDA en 2009, de los cuales 3000 niños estaban contagiados.
Gratuita durante los dos primeros años de primaria solamente, la educación no es obligatoria. Por falta de medios o a causa de situaciones familiares complejas, muchos niños tienen poco o nulo acceso a ella. Algunos van al colegio de forma tardía, lo que favorece el fracaso escolar. En consecuencia, más del 30% de los jóvenes de 15 a 24 años son analfabetos.
Los niños que viven en regiones rurales están más afectados por la desescolarización. Menos del 50% de ellos van a la escuela y solo la mitad termina el ciclo de primaria. Las niñas son menos susceptibles de seguir una educación completa, víctimas especialmente de abusos sexuales en el colegio o en el camino al mismo.
La edad mínima legal para el matrimonio es de 16 años para las chicas y 18 para los chicos, pero puede bajar respectivamente a 14 y 16 años con el consentimiento de los padres y de la justicia. Sin embargo, en las comunidades rurales donde se practica el matrimonio consuetudinario no es raro que los niños se casen aún más pronto, inclusive a los 12 años.
Estos matrimonios precoces tienen consecuencias especialmente graves para las chicas, sobre todo en términos de sanidad y educación. De las chicas de 15 a 19 años, 15% ya están casadas o en unión. La práctica del “precio de la novia” (forma de dote), la poligamia y los matrimonios forzados son también fuentes de violencia y discriminación. Así pues, puede ocurrir que las chicas se den en matrimonio para pagar las deudas de su familia y así se vean explotadas.
Tráfico y explotación de niños
A pesar de haber firmado el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, Papúa Nueva-Guinea no ha tomado suficientes medidas de prevención para proteger a los niños de la trata. Sólo está prohibida la trata de chicas y aquélla con fines de explotación sexual. El tráfico de niños con fines de explotación laboral no es ilegal. En todos los casos, apenas se persigue a los traficantes y menos aún se les sanciona.
La explotación de niños está muy extendida, incluso para los trabajos peligrosos. Se toman muy pocas medidas para luchar contra este fenómeno y proteger a las víctimas. Así pues, aunque la legislación establece que la pornografía infantil es ilegal y contempla penas graves en caso de relaciones sexuales con un meno la prostitución de niñas inclusive de 10 años de edad, se ha convertido en un medio de supervivencia económica importante.
No es raro que los propios padres participen en la explotación de sus niños, contratándolos como sirvientes o prostituyéndoles a falta de medios para alimentarlos. Una práctica extendida consiste en que un miembro más rico de la familia, o una familia acomodada “adopte” de manera informal a su hijo, a menudo como pago de una deuda. El niño se encuentra así en una situación de servidumbre, obligado a trabajar durante horas, sin descanso, ocio, cuidados ni educación.
La violencia doméstica, la disgregación de la familia, el desempleo de los padres, el éxodo rural y la presión de los compañeros son los principales factores que conducen a los niños a vivir y/o trabajar en la calle.
Hoy en día hay muchos se encuentran en las calles de la capital vendiendo cigarrillos, CD o comida; o en las inmediaciones de las instalaciones mineras y forestales, a pesar de que la ley prohíbe el trabajo minero para los menores de 16 años (salvo en ciertas circunstancias y siempre que no interfiera en la educación). La mayoría de ellos nunca han estado en el colegio o lo han abandonado rápidamente. El gobierno trabaja en la elaboración de una política nacional para luchar contra este fenómeno, pero por el momento no se ha adoptado ninguna medida concreta.
La pobreza, el éxodo rural y el desmoronamiento de la célula familiar serían responsables del aumento de los delitos cometidos por menores. Estos serían autores del 10% de los actos criminales en la capital. No menos del 40% de los jóvenes, sobre todo chicos de 14 a 18 años, están envueltos en conflictos con la justicia.
El sistema judicial se ha visto reforzado recientemente por una ley relativa a las infracciones y crímenes sexuales hacia menores, y otra relativa a la protección de la infancia (Lukautim Pikinini). Sin embargo, los progresos son lentos y aún faltan muchos esfuerzos. Así pues, la responsabilidad criminal sigue fijada en 7 años, un límite demasiado bajo.
A la mayoría de los jóvenes se les detiene por pequeños delitos, negándoles el goce de sus derechos fundamentales, especialmente el acceso a cuidados. Muchos son maltratados por las fuerzas del orden, cuyas coacciones son de notoriedad pública, en particular en torno a los menores delincuentes, prostituidos u homosexuales.
Desde la aplicación de los tribunales de jóvenes, a los delincuentes menores se les separa del ssistema judicial clásico. Pero a los jóvenes condenados siguen poniéndoles en prisión junto con adultos, donde tienen muchas posibilidades de ser agredidos. Las condiciones de la detención son también inapropiadas para los niños, en especial en materia de higiene y cuidados.
Expropiaciones
Algunas compañías poco escrupulosas dedicadas a la explotación de recursos naturales; desalojan por la fuerza a las comunidades que viven en las zonas de explotación, sin darles ninguna ayuda financiera. Se ha informado de destrucción de pueblos, violaciones en grupo y otras transgresiones a los derechos humanos. A falta de regulación por parte del gobierno, la brutalidad de estas expropiaciones, así como el desarraigo y la miseria que siguen, tienen graves consecuencias en los niños.
La discriminación social persiste en torno a las chicas y ciertos grupos de niños vulnerables, tal es el caso de niños minusválidos o nacidos fuera del matrimonio, por ejemplo. Además, en la constitución del país no se prohíbe la discriminación basada en la minusvalía.
En lo que respecta al matrimonio y su disolución; las relaciones en el seno de la familia y las cuestiones de herencia, las chicas y mujeres son especialmente afectadas por ciertas costumbres discriminatorias, especialmente en las comunidades rurales remotas.
