Kinderrechte in Zypern verwirklichen
Chipre ha avanzado en la protección de los derechos del niño mediante la ratificación de tratados internacionales y la adopción de reformas nacionales en materia de salud, educación y protección de la infancia. Sin embargo, el acceso desigual a los servicios, el limitado apoyo a los menores no acompañados y la creciente preocupación en torno al trabajo infantil, la documentación de identidad y el consumo de sustancias por parte de los adolescentes ponen de manifiesto la necesidad de adoptar unas políticas más inclusivas y aplicarlas homogéneamente en todos los sectores.
Population: 1,3 millones de habitantes
Pop. ages 0-14: 16 %
Life expectancy: 81,9 años
Under-5 mortality rate: 3,5 ‰
Chipre de un vistazo
La República de Chipre es una nación insular ubicada en el este del mar Mediterráneo, conocida por su riqueza histórica y su diversidad cultural. Su capital y principal ciudad es Nicosia. Geográficamente, Chipre está situado al sur de Turquía, al oeste de Siria y Líbano, al noroeste de Israel, al norte de Egipto y al sureste de Grecia. Los idiomas oficiales son el griego y el turco, que se corresponden con las principales comunidades étnicas de la isla (Hadjicostis, 2025).
Chipre se independizó del dominio colonial británico en 1960 y estableció una república constitucional. Sin embargo, las tensiones intercomunitarias entre grecochipriotas y turcochipriotas fueron en aumento y condujeron a conflictos significativos. En 1974, un golpe de estado de los nacionalistas grecochipriotas que pretendían unirse a Grecia provocó la intervención militar de Turquía (Hadjicostis, 2025).
Desde la división de 1974, Chipre ha buscado activamente la reunificación a través de distintas negociaciones, entre las que destaca el Plan Annan de 2004. Aunque los turcochipriotas aceptaron el plan, los grecochipriotas lo rechazaron, lo que dio lugar a la adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea (UE) ese mismo año (Bowman y Hunt, 2025).
Hoy en día, la isla permanece dividida: el tercio norte está ocupado por las fuerzas turcas y la parte sur está bajo el control de la República de Chipre. La República Turca del Norte de Chipre, autoproclamada en 1983, solo es reconocida por Turquía. Prosiguen los esfuerzos para resolver la división, como las recientes negociaciones para reanudar las conversaciones de paz celebradas con la mediación de las Naciones Unidas (Hadjicostis, 2025).
A pesar de las actuales divisiones políticas, el país ha alcanzado un notable crecimiento económico y se ha afianzado como líder en el sector de la energía solar. La industria solar ha creado empleos, ha favorecido a las familias con bajos ingresos y ha reducido el coste de la electricidad, contribuyendo al crecimiento económico (Smith, 2024). Sin embargo, queda mucho por hacer en el campo de los derechos de los niños, ya que las deficiencias sistémicas y las desigualdades persistentes siguen impidiendo que disfruten plenamente de la protección y las oportunidades que les corresponden.
Situación de los derechos del niño [1]
Chipre ha demostrado un firme compromiso con la protección de los derechos de los niños al ratificar varios convenios internacionales fundamentales. Estos acuerdos garantizan que todos los niños de Chipre, independientemente de su origen, tengan derecho a la seguridad, la educación, la atención médica y la protección. En 1991, Chipre ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), un tratado fundamental de las Naciones Unidas que contempla los derechos fundamentales de los niños (Refworld, 1995).
Para fortalecer aún más la protección de los niños, Chipre también ha ratificado los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2006, el país adoptó el protocolo relativo a la trata de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, reforzando su postura contra la explotación infantil. Además, en 2010, Chipre ratificó el protocolo que prohíbe el reclutamiento y la participación de menores de 18 años en conflictos armados (Naciones Unidas, 2025).
Chipre también ha ratificado el Convenio sobre la edad mínima de 1973 (núm. 138), que establece la edad mínima para trabajar, y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999 (núm. 182), destinado a eliminar las formas más graves de trabajo infantil. Estas ratificaciones llevaron a la adopción de normativas nacionales para determinar la edad mínima para trabajar y proteger a los niños frente a las condiciones de trabajo peligrosas (Department of Labor Relations, s. f.).
Al incorporar estas normas internacionales a su marco jurídico nacional, Chipre ha promulgado leyes que plasman los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos. La Constitución chipriota estipula que los tratados y convenciones internacionales ratificados prevalecen sobre la legislación nacional, lo que deja clara la importancia que concede el país a armonizar su ordenamiento jurídico con las normas internacionales en materia de derechos humanos (CRIN, s. f.).
Atender las necesidades de los niños
Derecho a la salud
Chipre ha experimentado cambios demográficos y económicos notables que no dejan de influir en la salud infantil. La disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población han contribuido al aumento de la edad media de las madres al dar a luz, mientras que la inestabilidad económica, particularmente después de la crisis financiera de 2011-2013, ejerció una presión adicional sobre la financiación de la salud pública y contribuyó al aumento de las tasas de pobreza (Efstathiou et al., 2020).
En respuesta a las disparidades de larga data, el gobierno introdujo el Sistema Nacional de Salud (GeSY) en 2017, con el objetivo de prestar cobertura universal e integrar los servicios de salud públicos y privados. Si bien el GeSY ha mejorado el acceso, aún queda mucho trabajo por hacer. Casi la mitad de los 336 pediatras registrados en el país tienen más de 60 años, lo que plantea dudas sobre la futura capacidad y la sostenibilidad de la atención especializada para los niños (Efstathiou et al., 2020).
Antes del GeSY, Chipre era el único país de la UE sin un sistema de salud universal. La atención pediátrica se dividía entre un sector público financiado por el gobierno, que ofrecía servicios de emergencia gratuitos, y un sector privado que requería pagarlo de su propio bolsillo o contar con un seguro privado. Se podía acudir a urgencias en cinco hospitales públicos, pero la atención primaria no era universalmente gratuita (Efstathiou et al., 2020).
En la actualidad, los servicios pediátricos se prestan a través de una combinación de profesionales públicos y privados. La atención primaria está disponible en consultas externas y consultas pediátricas privadas, mientras que la atención secundaria (especialistas) se concentra en los hospitales públicos. La atención terciaria, que incluye los tratamientos especializados y las intervenciones pediátricas complejas, está centralizada en un hospital materno-infantil universitario de Nicosia (Efstathiou et al., 2020).
Si bien el acceso a los servicios ha mejorado en general, persisten las disparidades. Las comunidades rurales tienen un acceso limitado a la atención especializada y las barreras financieras siguen afectando a las familias que no pueden pagar un tratamiento privado. Con solo 127 camas pediátricas disponibles en los hospitales públicos de todo el país, la infraestructura actual sigue siendo insuficiente para satisfacer la creciente demanda, particularmente de niños con afecciones complejas (Efstathiou et al., 2020).
Derecho a la identidad
El derecho a la identidad es un derecho fundamental de los niños consagrado en el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN). Implica el derecho de cada niño a ser inscrito inmediatamente después del nacimiento, a tener un nombre y a adquirir una nacionalidad. Este derecho garantiza que los niños sean reconocidos como individuos ante la ley y tengan acceso a servicios esenciales como la atención médica, la educación y la protección social.
Aunque Chipre ha recogido estos derechos en la ley, el sistema sigue privando de documentación de identidad y nacionalidad a algunos grupos concretos. Entre los más afectados se encuentran los hijos de matrimonios mixtos entre turcochipriotas y nacionales de Turquía o de otros países extranjeros que viven en la parte norte de la isla (Charalambidou, 2023).
Una excepción introducida en la ley de nacionalidad chipriota en 1999 establece que se considere que han entrado o residen en Chipre «ilegalmente» aquellos niños que tengan un progenitor chipriota y otro no chipriota, por lo que no tienen derecho a la ciudadanía automáticamente. Su nacionalidad depende de la aprobación discrecional del Consejo de Ministros (Charalambidou, 2023).
En la práctica, esta excepción afecta de manera desproporcionada a las familias turcochipriotas que residen en las zonas no controladas por el gobierno en el norte, donde la República de Chipre considera que todos los residentes infringen la ley de inmigración. Como consecuencia, se estima que unos 10 000 niños, muchos nacidos y criados en Chipre, permanecen en un limbo legal, privados de la nacionalidad chipriota a pesar de sus vínculos culturales con el país (Charalambidou, 2023).
Pese a esfuerzos legislativos como el proyecto de Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de la Infancia, la discriminación de las minorías sigue siendo preocupante. Los organismos internacionales han instado repetidamente a Chipre a adoptar procedimientos claros e inclusivos que garanticen la igualdad de trato en el registro de los nacimientos y la adquisición de la nacionalidad, independientemente de la ascendencia o condición parental (CRIN, s. f.).
Derecho a la educación
La educación en Chipre se rige por un marco nacional bien establecido que garantiza la escolarización gratuita y obligatoria desde la educación primaria hasta la secundaria inferior. El sistema incluye instituciones públicas y privadas en todos los niveles, desde la infancia hasta la educación superior. En los últimos años, el gobierno ha puesto en marcha reformas en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, con el objetivo de modernizar el sistema educativo a través de la digitalización y las prácticas inclusivas (UE, 2023).
A pesar de estos compromisos políticos, los problemas estructurales que vienen de lejos, intensificados por la división política de la isla, siguen obstaculizando el acceso equitativo a una educación de calidad para todos los niños. En la República, los estudiantes de habla turca suelen ir a colegios privados que se consideran de mayor calidad, pero se topan con la discriminación, las barreras lingüísticas y unos planes de estudios sesgados con unas narrativas históricas que fomentan la polarización (Erk, s. f.).
En el norte de Chipre, el sistema educativo está muy influenciado por Turquía y los planes de estudios suelen promover una propaganda y unas perspectivas históricas tendenciosas. Esto socava la calidad de la educación y perpetúa la desconfianza entre ambas comunidades. Además, problemas como la insuficiente financiación de la atención de necesidades especiales y la desigualdad de género institucionalizada obstaculizan aún más la calidad educativa (Erk, s. f.).
Chipre tiene unos elevados índices de abandono escolar temprano y bajo rendimiento en habilidades básicas, como destacan los resultados del informe PISA. Un gran porcentaje de los estudiantes carece de competencias satisfactorias en lectura, matemáticas y ciencias, y las tasas de bajo rendimiento escolar han aumentado en la última década (Comisión Europea, 2024).
Este problema es aún más grave para la comunidad romaní chipriota, que se engloba dentro de la «comunidad turca» en virtud de la Constitución y se encuentra con importantes obstáculos en la educación. El sistema educativo dividido y etnocéntrico, junto con sus deficientes condiciones de vida, generan un bajo índice de matriculación, unas altas tasas de abandono escolar y que los niños romaníes sean prácticamente analfabetos (Comisión Europea, 2009).
Incluso con todos estos problemas, Chipre ha avanzado en ciertas áreas, como la educación sobre sostenibilidad. Es el único país de la UE donde el aprendizaje sobre sostenibilidad es una asignatura obligatoria en educación primaria, con un marco estratégico nacional en vigor desde 2008. Sin embargo, los estudiantes chipriotas obtienen una puntuación inferior a la de sus compañeros europeos en conocimientos sobre sostenibilidad, lo que deja patente la brecha entre la política y su aplicación en la práctica (Comisión Europea, 2024).
Factores de riesgo → Desafíos específicos del país
Pobreza
Los niños del norte de Chipre, especialmente aquellos que son huérfanos o viven en la pobreza, se enfrentan con problemas a diario. Aunque los menores de 18 años representan alrededor del 19 % de la población, casi uno de cada cinco vive en la pobreza, especialmente en hogares monoparentales o en los que ningún adulto está trabajando. Alrededor del 9 % sufre privaciones materiales graves, lo que limita el acceso a lo esencial como los alimentos y la atención médica (Aldeas Infantiles SOS, s. f.).
Estos desafíos se ven agravados por la actual división política de Chipre, que afecta al acceso a los servicios y la financiación internacional en el norte. Los niños migrantes y refugiados son especialmente vulnerables y muchos llegan solos y viven en condiciones de hacinamiento e inseguridad (Aldeas Infantiles SOS, s. f.).
Esto contrasta con las tendencias nacionales recientes que muestran una mejora. Según los datos de Eurostat publicados en 2025, el 14,8 % de los niños de Chipre (unos 26 000) estaban en riesgo de pobreza en 2024, lo que supone una notable mejoría con respecto a 2023, cuando la tasa se situaba en el 16,7 % y afectaba a unos 29 000 niños. Esta caída de 1,9 puntos destaca el progreso en la reducción de la vulnerabilidad infantil, posicionando a Chipre como el segundo mejor resultado de la UE (Kathimerini, 2025).
Las autoridades gubernamentales atribuyen este progreso a las políticas sociales específicas introducidas desde 2023, que ampliaron el apoyo a las familias a través del aumento de los beneficios por hijos, los subsidios para la matrícula preescolar y el comedor escolar, y los descuentos en servicios públicos para familias numerosas y hogares monoparentales. Estos esfuerzos reflejan el compromiso del gobierno para luchar contra las dificultades económicas y garantizar que ningún niño en Chipre se quede atrás (Damaskinos, 2025).
El trabajo infantil
Chipre todavía está luchando por garantizar el acceso universal a la educación debido a la prevalencia del trabajo infantil, que se tolera social y legalmente tanto en la República de Chipre como en la República Turca del Norte de Chipre. Si bien la educación básica es gratuita para los niños mayores de tres o cuatro años en la República de Chipre, la República Turca restringe la educación gratuita a los niños de seis a 15 años (White, 2017).
Ambas comunidades toleran el trabajo infantil, con leyes que permiten que los niños de tan solo 11 años trabajen fuera del horario escolar y que los mayores de 15 años trabajen a tiempo completo en lugar de ir al colegio. Esta tolerancia al trabajo infantil perpetúa un ciclo de pobreza, ya que los niños muchas veces abandonan la escuela para contribuir a la economía familiar, devaluando la importancia de la educación (White, 2017).
El Gobierno de la República de Chipre ha tomado medidas para luchar contra el trabajo infantil a través de la Ley de Protección de los Jóvenes en el Trabajo (N.º 48(I)/2001), que establece la edad mínima para trabajar en 15 años y prohíbe el trabajo peligroso para los menores de 18 años. Sin embargo, la ley permite excepciones para la formación profesional bajo estricta supervisión, aunque hasta ahora no se han otorgado tales licencias (Gobierno de la República de Chipre, 2004).
Los esfuerzos para combatir el trabajo infantil incluyen la armonización de las leyes nacionales con las normas internacionales, como el Convenio sobre la edad mínima y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. El gobierno también ha establecido un comité para enmendar la legislación existente con el fin de atender los problemas planteados por los organismos internacionales. Sin embargo, la aplicación requiere medidas adicionales para cerrar las brechas legales y garantizar que todos los niños estén protegidos contra la explotación (Gobierno de la República de Chipre, 2004).
Menores no acompañados
A principios de 2024, Chipre experimentó un fuerte aumento en la llegada de embarcaciones sobre todo de sirios que huían del empeoramiento de las condiciones en el Líbano. En respuesta, el gobierno declaró un «estado de grave crisis», pidió la intervención de la UE y al mismo tiempo adoptó medidas restrictivas. Entre preocupaciones por los derechos humanos, Chipre intensificó las patrullas marítimas y, según los informes, mantuvo bloqueadas a algunas embarcaciones de migrantes sin comida ni agua (Litzkow, 2024).
Este aumento ha desbordado el sistema de apoyo existente, lo que ha llevado a un acceso limitado a la representación legal y a unas condiciones de recepción inadecuadas. Existe un déficit persistente en la representación legal de los jóvenes que alcanzan la edad adulta. Una vez que un joven cumple 18 años, ya no puede recibir asistencia legal ni aunque su solicitud de asilo siga sin resolverse (Cyprus Refugee Council, 2024).
A pesar de los repetidos llamamientos a la reforma del Defensor del Pueblo nacional y del Comisionado para los Derechos del Niño desde 2014, siguen sin resolverse problemas importantes. No se registraron mejoras sustanciales en 2022 ni en 2023, lo que dejó a muchos niños migrantes no acompañados en una situación precaria con una ayuda limitada y un futuro incierto (Cyprus Refugee Council, 2024).
Los niños y las adicciones
Una encuesta de HBSC sobre el comportamiento en materia de salud de los niños en edad escolar en Chipre reveló unas tendencias alarmantes en el consumo de sustancias, incluidos el alcohol, los cigarrillos, los cigarrillos electrónicos, la cachimba y el cannabis. La encuesta realizada en 2021-2022 entre 4800 estudiantes de 11 a 15 años reveló que el 73 % de los jóvenes de 15 años habían probado el alcohol y que el 48 % de los niños y el 44 % de las niñas habían consumido alcohol al menos una vez. Además, el 15 % de los niños admitían beber hasta emborracharse (Pitta, 2023).
Los factores que contribuyen al abuso de sustancias incluyen problemas familiares (por ejemplo, divorcio, abusos, inestabilidad financiera), presión de grupo y entorno social. Para abordar este problema, el Ministerio de Educación de Chipre y la Autoridad de Adicciones han implementado programas de prevención, que incluyen intervenciones escolares, programas web para estudiantes e iniciativas como equipamientos deportivos gratuitos y kits de lectura para familias vulnerables (Pitta, 2023).
A pesar de ser un miembro de la UE con niveles de vida relativamente altos, Chipre tiene dificultades para abordar el abuso de sustancias debido a los limitados recursos de salud mental. El país tiene solo 11 psiquiatras por cada 100 000 personas, muy por debajo de la media de la UE de 16, lo que subraya una grave escasez de atención especializada. Si bien se ha avanzado en la expansión de las opciones de tratamiento, la asignación de recursos y la atención a largo plazo siguen siendo problemas apremiantes (Samartzis, 2018).
Escrito por Lidija Misic
Traducido por Amber Groth
Revisado por Eva Milla
Última actualización el 1 de junio de 2025
Referencias:
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[1] Este artículo no pretende en modo alguno hacer un informe exhaustivo ni representativo de los derechos de los niños en Chipre; de hecho, uno de los muchos retos actuales es la escasa información actualizada disponible sobre los niños chipriotas, gran parte de la cual es poco fiable, no representativa, obsoleta o simplemente inexistente.
