Niños de Honduras

Descubriendo los Derechos del Niño en Honduras

Es innegable que, la pandemia del covid-19 y las diferentes catástrofes naturales experimentadas por la población hondureña debido al cambio climático, han impactado negativamente la situación de los niños y niñas en Honduras. No obstante, es menester señalar que, diversos fenómenos y desafíos ya existían desde mucho tiempo antes. La pobreza, migración, violencia sexual, e inseguridad son fenómenos que deben ser abordados con urgencia a fin de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en Honduras. 

Índice de los Derechos del Niño: 6,15 / 10
Nivel rojo: Situación difícil

Población: 9.904.608
Pob. de 0 a 14 años : 31.27%

Esperanza de vida: 62.8 años
Mortalidad en menores de 5 años: 16.8

Honduras en un vistazo

Honduras es un pequeño país ubicado en América Central, limitando al oeste con Guatemala y El Salvador y al este con Nicaragua. Está dividida en 18 departamentos y 298 municipios. Este país cuenta con instituciones democráticas desde 1982. Sin embargo, la consolidación de las mismas no se dio sino hasta los años 90 (Taylor-Robinson, M., 2009, pág. 472). 

Entre los años 1994 y 2001 se realizó importantes modificaciones en la constitución nacional, entre ellas, la subordinación del ejército militar al poder ejecutivo, el término del servicio militar obligatorio además de la separación de la policía de la órbita militar. (Taylor-Robinson, M., 2009, pág. 472-473). A partir del 2009, las mujeres y los candidatos de minorías étnicas ganaron espacios representativos en las elecciones generales (Taylor-Robinson, M., 2009, pág. 487).

Los desafíos ante los cuales el país se ha enfrentado en los últimos años han sido la pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, impunidad, crisis sanitaria provocada por el COVID-19, crisis humanitaria, y las pérdidas provocadas por los huracanes Eta e Iota en noviembre del 2020. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), 2022, pág. 2). 

En ese sentido, la declaración del estado de emergencia durante el COVID-19 permitió un abuso de poder por parte de las autoridades en donde se dieron más de 80 mil detenciones, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada, ejecuciones sumarias, violencia de género por parte de las autoridades públicas, violación de la libertad de expresión (OACNUDH, 2022).

Crecer como niño, niña o adolescente en Honduras se ha vuelto más bien una cuestión de supervivencia y de protección contra la violencia que de compromiso y mejoramiento de espacios de formación. Indudablemente se ha caracterizado por las altas tasas de inseguridad al posicionarse en la última década como uno de los países más violentos del mundo, llegando a un total de 86.5 homicidios por cada 100.000 habitantes (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 2019, pág. 36). Un principal factor generador de violencia se atribuye al sistema de tráfico de drogas y crimen organizado existente en el país en conexión con otros países de la región (CIDH, 2019, pág.36).

Situación de los derechos del niño y la niña [1]

Honduras ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) en el año 1990. Así también lo ha hecho con el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2002) y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2002), ambos en el año 2002. 

Las denuncias individuales y colectivas relativas a las violaciones de las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, no podrán aún ser presentadas ante el Comité de Derechos del Niño debido a que el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones (2011)aún continúa pendiente de ratificación por el estado de Honduras.   

Desde el punto de vista regional, Honduras ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” (1969) en el año 1977. En este sentido es importante mencionar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado y aplicado el artículo 19 de la Convención de una manera muy creativa. En numerosas ocasiones lo ha estimado a este, junto con la Convención International sobre los Derechos del Niño como un comprensivo corpus iuris (Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, 1999,párr. 194). 

Así también, Honduras ha ratificado el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador” (1988) en el año 2011. Este último establece principalmente la obligatoriedad de los estados partes en garantizar una adecuada alimentación y educación para los niños, niñas y adolescentes.

Por último, desde el ámbito nacional, tanto la Constitución de la República de Honduras como el Código de la Niñez y la Adolescencia actúan como principales cuerpos legales de protección y garantía de los derechos de los niños y las niñas en el territorio hondureño.

En su momento, el Comité de Derechos del Niño celebró los esfuerzos del estado hondureño en armonizar la legislación nacional con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, destacó la situación preocupante por la escasa aplicación de las leyes relacionadas con la infancia (Comité de Derechos del Niño, 2015, párr. 7).

Abordando las necesidades de los niños y niñas

Derecho a la educación

Conforme al artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia, la educación primaria es obligatoria y gratuita. No obstante, son muchas las dificultades que atraviesa el sistema educativo hondureño que no permiten el ejercicio de un derecho tan básico como lo es el de la educación.

Entre ellas se puede citar al deterioro de la infraestructura escolar, el escaso acceso a servicios básicos tales como agua potable y electricidad, la falta de medidas de bioseguridad en un contexto pandémico (Agencia EFE, 2022; Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Gobierno de España, 2021). Por supuesto, esta situación se vio profundamente agravada debido a los cambios climáticos, lo cual posteriormente, se reflejó en el bajo nivel de escolaridad registrado en último año (El Heraldo, 2022).

Fueron muchos los meses de discontinuación de la educación primaria y secundaria en Honduras debido al confinamiento con aras a reprimir el avance del contagio del COVID-19. En muchos países del mundo, se generaron nuevos escenarios de aprendizaje como aquella en modalidad virtual. El internet ha sido una alternativa a fin de evitar el retroceso de la educación y así dar continuidad a las clases en los diferentes niveles educativos. Sin embargo, esto no fue totalmente posible en Honduras. 

En el 2021, se registró que tan sólo el 26.8% de la población menor de 15 años tiene acceso a internet para fines educativos formales y actividades de capacitación (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2021). En ese sentido, se estima que de 2.9 millones de estudiantes en edad escolar, 1.2 millones quedaron excluidos de la educación formal en muchos casos debido a la falta de medios para acceder a servicios de internet o aparatos electrónicos (OACNUDH, 2022, pág. 11).

Esto afectó particularmente a los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas afro hondureñas y de las zonas rurales, quienes debido a la ubicación en la que se encuentran, no tienen acceso a ninguno de los servicios citados (OACNUDH, 2022, pág. 11).

Ante esta problemática, la reanudación de clases presenciales y semipresenciales representa hasta hoy en día un desafío para el gobierno de turno. De hecho, se estima que, tan sólo el 2% de la población infantil ha vuelto a clases (Casa Alianza Honduras, 2022, pág.14). En parte, esto se debe al infortunio causado por Eta e Iota en el territorio hondureño, arrastrando a su paso con más de 500 escuelas dejando a niños, niñas y adolescentes sin la posibilidad de estudio.

Es más, se ha dado cuenta de que casi el 20% de los centros educativos no tienen acceso al agua potable, el 40% de ellos no cuenta con servicios de electricidad y menos del 5% cuenta con servicios de internet y/o laboratorios de computación (OACNUDH, 2022, pág. 11). Situación preocupante debido a que esto potencia una ola de deserciones escolares de niños, niñas y adolescentes quienes han tenido que salir a las calles en búsqueda de trabajo y comida. 

Derecho a la salud

La salud es un derecho humano fundamental indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita llevar una vida digna. En un contexto pandémico, se ha dado cuenta las restricciones de acceso a servicios de salud de calidad en beneficio de la población general hondureña, sobre todo respecto a aquellos que se ubican lejos de los principales centros urbanos (OACNUDH, 2022, pág.11). 

Mientras la vacunación global contra el COVID-19 iniciaba a finales del 2020, dosis de vacunas arribaban al territorio hondureño recién en marzo del 2021, principalmente gracias a la cooperación internacional a través del mecanismo COVAX. Así, la vacunación de menores de edad en Honduras, alcanzó su turno recién en enero del 2022.

En conexión con los niños, niñas y adolescentes hondureños, son varios los factores que hoy en día afectan su bienestar. A continuación, se abordará brevemente algunas de esas problemáticas, lo que pone en evidencia el incumplimiento del estado hondureño en la protección y garantía del derecho a la salud.

Derecho a la alimentación

La desnutrición en los niños y niñas es un problema enraizado en factores sociales, económicos y ambientales. Aun cuando el derecho a la alimentación y a la nutrición es un derecho humano fundamental, la inseguridad alimentaria lastimosamente permea la población infantil hondureña desde mucho antes de la pandemia.

En el 2001, el 33% de niños y niñas menores de 5 años vivía con desnutrición crónica. Ello vio una mejoría once años después (2012), al registrar una tasa de 22,6% (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019). 

Ciertamente, un gran porcentaje de la población no cuenta con acceso a una alimentación adecuada. De hecho, se estima que hubo un incremento de 41,6% en 2016 al 45.6% en 2020 (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2021), situación preocupante debido a las tasas de malnutrición de los menores de edad al igual que madres embarazadas y lactantes.

Derecho al agua

Las condiciones de salud también están estrechamente relacionadas al escaso acceso a servicios básicos como el agua, saneamiento e higiene. En el 2015, la UNICEF realizó una encuesta en diferentes hogares en la que, el 44.7% declaró no tener acceso al agua de consumo, ya sea pública o privada; el 46.5% de ellos dependía de fuentes no cercanas, debiendo realizar trayectos prolongados a fin de obtenerlos (UNICEF, 2016, pág. 17).

El 47,3% de los hogares pasa por un proceso de limpieza doméstica del agua, es decir, agregan cloro al agua para posteriormente consumirla (UNICEF, 2016, pág. 17).Por el contrario, 24% de los hogares manifestó no realizar ningún tipo de tratamiento del agua antes de consumirla (UNICEF, 2016, pág. 17). Esta situación expone a muchos niños, niñas y adolescentes a contraer enfermedades tales como la diarrea, y otras enfermedades varias (UNICEF, 2016, pág. 17). 

Factores de riesgo → Desafíos específicos del país

Explotación sexual 

Un gran número de niños, niñas y adolescentes hondureñoses sometido a la explotación sexual comercial. En muchos casos son puestos en esa situación por algún miembro familiar o bien amigos (US. Bureau of International Affairs, 2020, pág. 2). Naturalmente, aquellos niños que cuentan con menores recursos económicos además de educación básica son quienes se posicionan en una situación aún más vulnerable. 

Estos son por lo general víctimas de las bandas quienes los constriñen a perpetrar delitos y crímenes tales como homicidios, prostitución, tráfico de armas, tráfico de drogas, entre otros (US. Bureau of International Affairs, 2020, pág. 2). Además, Honduras se ha caracterizado por ser el paraíso de pedófilos provenientes principalmente de Estados Unidos y Canadá (US. Bureau of International Affairs, 2020, pág. 2).

Violencia

Luego de los desastres naturales, un número importante de albergues permanecieron activos en el país a fin de paliar la emergencia. Sin embargo, muchos de estos, al no contar con medidas de protección suficiente contra abusos, entiéndase, separaciones de cuartos por categoría, personal capacitado, información amigable para la prevención de violencia, se convirtieron en focos de exposición y riesgo de menores de edad (UNICEF, 2020).

Así también, el confinamiento como medida sanitaria dio lugar a una alta tasa de violencia doméstica. En marzo y mayo del 2020, se reportó en Honduras más de 40.000 denuncias de violencia domestica e intrafamiliar (ACNUR, UNICEF, 2020). 

La tasa de homicidio también resulta preocupante. Entre el 2008 y el 2016, 3540 niñas y niños fueron víctimas conforme a la UNICEF (UNICEF, 2018, pág. 83). En total se registraba 1 homicidio cada 25 horas (UNICEF, 2018, pág. 83). En el 2014 en particular, el Observatorio de Violencia registró una tasa de 15.9% de homicidios contra niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años. (UNICEF, 2019). En este sentido 83% eran niños y 70% cometidos contra personas que integran el rango de edad de 16 y 18 años (UNICEF, 2019). 

La legislación hondureña prevé penas carcelarias por violación sexual a menores de edad, no solamente para el perpetrador, sino que también para aquellos quienes la facilitan. Aun así, la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes constituye una problemática gravísima en Honduras. Es más, Honduras sigue siendo uno de los principales destinos turísticos sexual infantil para extranjeros.

La violencia es una de las principales causales de abandono escolar en Honduras (CIDH, párr. 228). Se estima que el 23.9% de las niñas y el 14% de los varones de 13 a 17 años abandonan el colegio por razones de violencia físicas (UNICEF, 2020, pág. 2).

En el 2014, se registró un total de 1980 casos de abusos sexuales, 91% contra niñas menores de 18 años (UNICEF, 2019). Así, 24% de las adolescentes de 15 a 19 años quedó embarazada (UNICEF, 2019). En un estudio más reciente, se registró que 21.2% de niñas adolescentes se ausenta en las actividades escolares debido a actos de violencia sexual (UNICEF, 2020, pág. 2). Al menos 4 crímenes de violación sexual eran perpetrados por día contra niñas en el territorio hondureño entre el 2013 y el 2019 (UNICEF, 2020, pág. 2).

Pobreza

Se evidencia la situación de pobreza, desigualdad y exclusión social existente en un gran número de la población hondureña. Conforme a un estudio realizado por la UNICEF en el 2016, el 59,8% de los niños y niñas se encontraban en un plano de pobreza multidimensional, y de estos, el 35,7% se encontraba en situación de pobreza severa (UNICEF, 2016, pág. 67.).

Claramente, los eventos climáticos provocaron una hecatombe y exacerbaron las desigualdades en el territorio hondureño. En el 2021, el país registró un total de 73.6% de pobreza, es decir, 19.9% de pobreza relativa y 53,7 de pobreza extrema (INE, 2021). Tan solo el 26,4% de la población es considerada estar fuera de la pobreza (INE, 2021).

Luego de los eventos climáticos, muchos pobladores se vieron desplazados a establecimientos provisorios, situación que vulnera particularmente a los niños, niñas y adolescentes cuyos padres han muerto o se han separado en razón a la crisis (UNICEF, 2020). Muchos de estos menores terminaron en una situación de indigencia, tráfico infantil, explotación y orfandad (UNICEF, 2020).

Trabajo infantil

En cuanto al marco legal en el ámbito internacional, Honduras ha ratificado el Convenio sobre la edad mínima No. 138 en el año 1980 y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil No. 182 en el año 2001. La legislación nacional hondureña establece que la edad mínima para realizar trabajos es de 14 años (Art. 120 Código de la Niñez y Adolescencia; Art. 32 Código Del Trabajo; Art. 124 de la Constitución Nacional).

La edad mínima para realizar trabajos peligrosos es a partir de mayoría de edad, es decir, 18 años (Art. 122 Código de la Niñez y Adolescencia). Si bien la legislación permite a los mayores de 14 años realizar ciertos y determinados trabajos bajo ciertas condiciones, muchos de ellos optan por el sector informal puesto que este requiere menos burocracia en cuanto a documentación y autorización respecta. 

Indicadores del 2020 demuestran que9.0% de la población de 5 a 14 años se dedica al trabajo (US. Bureau of International Affairs, 2020, pág. 1).Entre los sectores más ocupados por este rango etario vemos que 53.3% se dedica a la agricultura, por nombrar algunos trabajos, la producción de melón, café, y maíz (US. Bureau of International Affairs, 2020, pág. 1).El 12.7% trabaja en la industria, por ejemplo, en la minería artesanal, producción y venta de fuegos artificiales y en el sector de la construcción (US. Bureau of International Affairs, 2020, pág. 1).

El 34.0% trabaja en servicios, en este grupo se incorpora a aquellos niños, niñas y adolescentes que hurgan los vertederos, lavan los vidrios de los autos en los semáforos, mendigan, actúan o bien venden productos en las calles (US. Bureau of International Affairs, 2020, pág. 2).El 4.4% de la población de 7 a 14 años realiza trabajos al mismo tiempo que asisten a clases. También en 2017, se registró una tasa de 90.7% de finalización de la educación primaria (US. Bureau of International Affairs, 2020, pág. 1).

Niños desplazados

La inseguridad, la acentuación en la falta de acceso a servicios básicos, la pobreza, crecimiento de la tasa de desempleo, falta de oportunidades, insuficiencia de ingresos, violencia, en general, dificultades socio-económicas son regularmente motivos que impulsan a las familias a migrar a países vecinos. A todo esto, la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales exacerbaron la situación migratoria en Honduras.

Un gran número de niñas, niños y adolescentes realiza el trayecto de retorno de manera no acompañada y en grupos de personas migrantes. De esta manera, se exponen a todo tipo de riesgos tales como el reclutamiento de las pandillas, trabajos forzados, tráfico de personas, tráfico de drogas, violencia sexual, discriminación, padecimiento de enfermedades, pérdida de escolaridad, falta de acceso a servicios básicos de agua, alimentación, etc. 

El 35.3% de niños hondureños de 0 a 19 años abandonaron el país en el 2020, principalmente en dirección a países como México, España y Estados Unidos. (Organización International Del Trabajo (OIT, 2021, pág. 5). 

En este sentido, con la adopción de una orden del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se restringió el acceso al territorio de los Estados Unidos a los solicitantes de asilo. En este contexto, al menos 13.000 niños fueron expulsados al norte de Centroamérica. (OIT, 2021, pág. 6). Entre ellos, un total de 5.746 menores hondureños, 3.849 niños y 1.897 niñas (OIT, 2021, pág. 6). Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, en el 2021 se registró un total de 7.918 niños, niñas y adolescentes hondureños retornados de diferentes partes del mundo. (Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. CONMIGHO, 2021).

Retos ambientales

En Honduras existen situaciones políticas, sociales, económicas de las cuáles el gobierno de turno debe ocuparse cada año. A todo ello se le suman los efectos del cambio climático (tormentas tropicales, ciclones, sequías, incendios forestales y plagas) que en los últimos años han estado afectando al país de manera directa. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el 2020 culminó con la temporada de huracanes más activa de la historia de la región, con un total de 30 tormentas.

En municipios identificados con alta vulnerabilidad en lo que respecta las consecuencias del cambio climático viven 968.333 personas, de las cuáles 43.53% de la misma tienen menos de 18 años de edad. Las consecuencias causadas por los huracanes fueron devastadoras. (UNICEF, 2021).

Aproximadamente 4.6 millones de personas fueron afectadas por los huracanes Eta e Iota. Y según cifras de la UNICEF, alrededor de más de 1.7 millones de niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de alto riesgo (UNICEF, 2020, pág. 1).

De 93.000 personas buscando un lugar seguro en los diferentes establecimientos habilitados por las diferentes organizaciones, se presume que alrededor de 35.000 de ellos eran niños y niñas (UNICEF, 2020, pág. 1). De hecho, se ha puesto en evidencia que 85% de los hogares afectados posee menores de edad como miembro integrante (UNICEF, 2020, pág. 1).  

Escrito por Camila Ortiz

Original revisado por Jovana Andelkovic

Última actualización el 6 de julio 2022

Bibliografía:

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[1] Este artículo no pretende de ninguna manera dar una cuenta completa o representativa de los derechos de los niños en Honduras; de hecho, uno de los muchos desafíos es la escasa información actualizada sobre los niños hondureños, gran parte de la cual no es confiable, no es representativa, está desactualizada o simplemente no existe.