Descubriendo los Derechos del Niño en Argentina
Los niños en Argentina pueden a menudo disfrutar del cumplimiento de sus derechos. A pesar de ello, los niños son vulnerables a graves riesgos que siguen socavando sus derechos. Entre estos riesgos se encuentran la pobreza, el trabajo infantil, la explotación y la discriminación.
Índice de Cumplimiento de los Derechos del Niño: 8,5 / 10
Nivel amarillo: Situación satisfactoria
Población : 45.1 millones
Población de 0 a 14 años: 24%
Esperanza de vida: 77 años
Mortalidad en menores de 5 años: 9‰
Argentina a grandes rasgos
Argentina es un país muy grande situado en la península que se encuentra más al sur del continente sudamericano. Su capital es Buenos Aires. Argentina estaba habitada en sus orígenes por varios grupos diferentes de pueblos indígenas. Los Incas habían construido vías hacia las tierras altas del noroeste, mientras que otros grupos indígenas eran sobre todo cazadores y pescadores nómadas, como los que habitaban en el Chaco, los Tehuelches de la Patagonia, y los Querandíes y los Puelches (gennakenk) de la Pampa.
Los indios Mapuches, una tribu de guerreros que vivían en el extremo sur de la Patagonia, tanto en Argentina como en Chile, fueron la única tribu india que no fue nunca conquistada por los españoles. La Argentina actual solo cobró forma tras repetidos y brutales intentos de colonización por parte de los españoles, con mucha injerencia británica, acompañado todo ello por movimientos internos de resistencia. Argentina padeció periodos de colonización europea durante alrededor de 300 años, desde 1524 hasta 1816. Este hecho ha contribuido a algunos de los retos que la sociedad argentina continúa enfrentando hoy en día (Frommer, n.d.; Galleano, 1971).
Durante la “guerra sucia” que tuvo lugar en Argentina entre 1973 y 1983, hasta 30.000 personas sufrieron desapariciones forzosas o fueron asesinadas por el terrorismo de estado y por escuadrones de la muerte de extrema derecha, que persiguieron a cualquier persona ligada con el socialismo, bajo las órdenes de una dictadura militar (o junta) apoyada por los EEUU durante un largo periodo de inestabilidad política y económica. En su historia reciente, Argentina ha pasado por continuos periodos de conflicto político interno y ha estado sometida a gobiernos autocráticos.
De hecho, el país padeció la crisis social y económica más profunda de toda su historia en 2001, con la economía de la nación hundiéndose completamente al año siguiente. Aunque la economía argentina se recuperó de una manera relativamente rápida, llegando a ser una de las principales de América Latina, el país continúa padeciendo los efectos de la crisis a largo plazo (SOS Children’s Villages). Por lo tanto, los derechos del niño se despliegan en Argentina en un contexto postcolonial complejo y difícil, la emergencia climática y el nuevo orden neoliberal internacional.[1]
Estado de los derechos del niño
Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas en 1990, y desde 1994, la ha integrado en su constitución. Argentina también ha ratificado el Protocolo facultativo de la CDN relativo a la venta, la prostitución y la pornografía infantil y el Protocolo Facultativo de la CDN relacionado a la participación de niños en los conflictos armados. Argentina ha prohibido el reclutamiento de niños menores de dieciocho años en conflictos armados, según una afirmación incluida como declaración en el momento de la ratificación del segundo protocolo.
A pesar de haber dado estos pasos cruciales hacia el fortalecimiento del marco legal sobre los derechos del niño en el país, llevó su tiempo implementar una reforma legislativa significativa a nivel nacional que consagraría los compromisos detallados en la CDN para la protección de los derechos del (International Library of Congress, 2020). Además, Argentina aún debe ratificar el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que firmó en 2018.
Tras años de promoción en el tema, en 2005 Argentina aprobó una Ley Nacional para la Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26061). Su objetivo es la protección de la infancia y los adolescentes, para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos, otorgado por el sistema legal argentino, así como los tratados internacionales suscritos por el país. Estos derechos protegen la salud, la educación, el ocio y la cultura. La Ley 26061 sienta las bases para un sistema de justicia juvenil y hace un llamamiento para que los niños institucionalizados sean reinsertados en la sociedad argentina.]
Cada provincia creará mecanismos para proteger a los niños del abuso y la explotación. La ley también estableció un conjunto de políticas públicas que consideran a las niñas, niños y adolescentes como sujetos con sus propios derechos. Este es el primer estatuto integral para la protección de los niños en el país, con una clara definición de las responsabilidades de la familia, de la sociedad y del gobierno respecto a los derechos universales de los niños según lo previsto en la CDN (International Library of Congress, 2020).
Abordando las necesidades de los niños
Derecho a la educación
Argentina ha hecho mucho para garantizar el derecho a la educación de los niños. La matriculación, tanto en educación primaria como en secundaria, ha crecido en Argentina. La educación primaria es en el país prácticamente universal y los índices son muy altos, con el 100% de alfabetización entre los jóvenes de 14 a 24 años (UNICEF, n.d.). Además, el país ha lanzado el “Plan Familia”, un programa de ámbito nacional con el objetivo de prestar ayuda a familias con pocos recursos económicos para que sus hijos puedan asistir a la escuela y recibir atención sanitaria primaria. El proyecto tiene como objetivo llegar, en última instancia, a 500,000 familias.
De conformidad con los compromisos adoptados bajo la CDN, la Ley 26061 regula el derecho de los niños a la educación como un derecho humano fundamental. La ley estipula el derecho de klos niños a una educación pública gratuita y a alcanzar su pleno desarrollo como seres humanos y ciudadanos. Este derecho a la educación se debe ejercer respetando la creatividad, la cultura y la lengua de origen de los niños. La ley también consagra el derecho de los niños a acceder y asistir de manera permanente a una instalación educativa cercana a su lugar de residencia. Si el niño carece de documentos de identidad, deberá ser inscrito de manera provisional en la institución educativa. También se contempla el derecho de los niños y adolescentes con necesidades especiales o con discapacidades a una educación integral. La educación pública es gratuita en todos los niveles, incluida la educación para los niños con necesidades especiales. (International Library of Congress 2020).
Además, Argentina se encuentra, junto con Brasil, entre los países de la región con una de las escolarizaciones más largas. Con la enmienda, en 2014, a la Ley nacional de Educación, se establece que la escolarización obligatoria asciende a 14 años de educación: desde los 4 años de edad hasta la finalización de la secundaria, a los 18. Los índices de matriculación son altos, don un 99% de asistencia en primaria y un 76% en secundaria. Los índices de culminación en primaria también son altos, con un 92%, cosa que ayuda a garantizar el derecho a la educación de los niños argentinos (UNICEF, 2016; UNICEF, n.d.).
Sin embargo, para muchos niños, el acceso a la educación es aún limitado, mientras que los índices de abandono escolar y repetición son altos en secundaria. Se informa de que, debido a una reducción nacional en el gasto en educación, los niños con menos recursos económicos en Argentina se han visto afectados por una reducción en el acceso a la escolarización. Por ejemplo, los niños indígenas, los niños desplazados y los que viven en zonas urbanas y rurales marginales rural ven su acceso a la educación entorpecido de manera desproporcionada (International Library of Congress 2020).
Derecho a la no discriminación
En Argentina, muchos niños tienen su derecho a la no discriminación seriamente amenazado. La discriminación que sufren los pueblos indígenas y las personas desplazadas forzosas continúa siendo un grave problema, mientras que problemas de racismo, xenofobia y sexismo también impiden que los derechos de muchos niños se respeten totalmente. Amnistía Internacional ha informado de que aunque la constitución argentina reconoce el derecho de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales y recursos naturales, la mayoría de las comunidades indígenas aun carecen del reconocimiento legal de sus derechos territoriales.
“Trece años después de ser aprobada, la Ley de Emergencia Territorial (nº 26.160) aún no había sido implementada en su totalidad.”
– Amnistía Internacional, 2019
La ley ha suspendido desahucios de pueblos indígenas de sus tierras, a la espera de un estudio de todos los territorios indígenas, pero, a finales de 2019, el estudio se ha iniciado en solo el 38% de las comunidades indígenas. En la provincia de Jujuy se iniciaron proyectos para una potencial extracción de litio en las tierras de los pueblos indígenas sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas. De hecho, en Salinas Grandes, se concedieron licencias para hacer prospecciones en busca de litio sin la adecuada consulta a las comunidades indígenas afectadas que continuaron pidiendo información sobre los potenciales efectos de la actividad minera sobre sus recursos hídricos (Amnistía Internacional, 2019).
Respecto a las personas desplazadas forzosas, el gobierno adoptó un conjunto de medidas regresivas, mediante normativas y procedimientos, que restringen los derechos de los migrantes y facilitan la discriminación y la xenofobia. A pesar de haber sido considerada inconstitucional y haber sido muy criticada por organismos defensores de los derechos humanos, el decreto 70/2017 modificó la Ley de Migración. A consecuencia de esto, los migrantes fueron deportados en números cada vez mayores sin que se les facilitaran previamente garantías procesales y violando los derechos de los migrantes a la unidad familiar y al interés superior de los menores. Vanessa Gómez Cueva, una mujer peruana madre de tres hijos, fue deportada desde Argentina con su hijo de dos años y obligada a dejar atrás a sus otros dos hijos. Únicamente siete meses después de encontrarse fuera del país recibió permiso para volver (Amnistía Internacional, 2019).
En la parte positiva, cabe decir que, en 2010, Argentina fue el primer país latinoamericano en despenalizar los matrimonios del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil permite a las parejas del mismo sexo inscribirse como matrimonios civiles y les ofrece las mismas protecciones maritales que a las parejas de diferente sexo. Desde la implantación de la ley, se han casado en el país más de 20.000 parejas del mismo sexo. Además, Argentina aprobó una Ley de Identidad de Género en 2012, consagrando el respeto a la propia identidad y permitiendo a cualquier persona cambiar su género y nombre en su tarjeta de identidad en su certificado de nacimiento mediante un simple procedimiento administrativo. Esto significó un avance en el camino hacia la protección de los derechos de las personas transgénero y en el derecho a la identidad de los menores, y en 2020 el Presidente Alberto Fernández emitió un decreto estableciendo que, como mínimo, el 1% de los emleados del gobierno federal deberían ser personas transgénero (Human Rights Watch, 2021).
Derecho a la vida
Desde 1990, ha habido un importante descenso de la mortalidad infantil en Argentina, incluida la mortalidad neonatal y post-neonatal, cosa que ha mejorado mucho las posibilidades de garantizar plenamente el derecho a la vida de los niños. Las provincias argentinas de Corrientes, Formosa, La Rioja, Tucumán, Chaco, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero tienen unos índices de mortalidad infantil por encima de la media nacional y más del 50% de las muertes podrían evitarse con el tratamiento clínico o quirúrgico adecuado. En Argentina, el índice de mortalidad en adolescentes de entre 10 y 19 años es de 5.4 muertes por cada 10.000 adolescentes, con el 60% de las muertes de adolescentes debido a causas externas, entre las que destacan los accidentes de tráfico (asociados a conductas de riesgo, como el consumo de alcohol y otras substancias), suicidios y agresiones (UNICEF, 2016).
Derecho a la salud
Argentina tiene una cobertura universal de salud implícita, que facilita el sistema sanitario público. Entre los años 2001 y 2010, la cobertura del seguro de salud aumentó en todo el territorio nacional. Pero en algunas provincias (Chaco, Formosa, Santiago del Estero), menos del 40% de las personas menores de 18 años disfrutan de cobertura, mientras que en otras (Santa Cruz y Tierra del Fuego), pasa del 80%. Esta variación procede del alto grado de descentralización del sector público y las notables brechas entre provincias en relación a su proximidad a los centros de salud y a la capacidad institucional (UNICEF, 2016).
También existe una importante protección del derecho a la salud del neonato: UNICEF informa de que el 100% de los nacimientos en Argentina son atendidos por un profesional sanitario cualificado y de que casi todas las mujeres embarazadas tienen, como mínimo, cuatro citas con un especialista de la salud antes de dar a luz. Sin embargo, los embarazos entre adolescentes no son extraños (UNICEF, n.d.).
Factores de riesgo → Desafíos específicos de cada país
Pobreza infantil
Aunque en los últimos años se ha dado un uniforme crecimiento económico, así como una disminución de la pobreza y de los índices de desempleo en Argentina, la pobreza continúa siendo un problema muy extendido, con la pobreza infantil afectando a la mayoría de los niños del país y representando una seria amenaza para el cumplimiento pleno de sus derechos. En Argentina, el 7% de la población vive con menos de un dólar al día (International Library of Congress, 2020). UNICEF calcula que la Covid-19 hará aumentar el número de niños pobres en el país en más de 7 millones, con una previsión de 400,000 niños cayendo en la extrema pobreza, lo que significa que sus necesidades alimentarias básicas no estarán cubiertas.
A finales de 2020, la organización informó de que el 59% de los niños en Argentina vivirán en la pobreza, incluyendo a más de 2 millones de niños en pobreza extrema, mientras subraya que “las diferencias entre la pobreza infantil y la pobreza infantil extrema […] son particularmente marcadas cuando se tienen en cuenta la situación del empleo de los padres, su nivel educativo y su estatus como inmigrantes”, demostrando la importante interacción de la pobreza infantil con otras cuestiones de marginación y desigualdad (UNICEF Argentina, 2020).
Género y derechos reproductivos
En diciembre de 2020, Argentina se convirtió en el país más grande de Sudamérica en despenalizar completamente el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo y, tras ese periodo, en permitir la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias. A pesar de ello, Human Rights Watch informó de que doctores y autoridades sanitarias locales ponen a menudo trabas arbitrarias e ilegales a mujeres y niñas que quieren abortar bajo las excepciones permitidas por la ley. Estas excepciones incluyen cuando su vida o su salud están en peligro o si han sido víctimas de una violación. (Human Rights Watch, 2021). Debido a la reciente adopción de la ley, los efectos a largo plazo de este cambio legislativo histórico aun son una incógnita.
A pesar de la existencia de una ley de 2009 detallando medidas globales para prevenir y llevar a juicio la violencia contra las mujeres, el asesinato de mujeres y niñas con impunidad sigue siendo un grave problema en Argentina. Solo en 2019, el Registro Nacional de feminicidios informó de 268 feminicidios (es decir, asesinatos de una mujer por razón de su género), pero solo hubo siete condenas. Durante el confinamiento por la COVID-19, las llamadas por violencia doméstica y sexual a una línea de ayuda del gobierno, se incrementaron en un 24% entre abril y junio, comparadas con el mismo periodo del año anterior (Human Rights Watch, 2021).
Trabajo infantil
Argentina has ratificado todos los instrumentos internacionales relacionados con el trabajo infantil y la explotación, como el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores. Argentina también ha ratificado el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo de la OIT, así como el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
A pesar de este avance legislativo, el trabajo infantil ha aumentado en Argentina debido, en gran medida, a la situación económica y a la frecuencia de la pobreza infantil. Un número creciente de niños menores de 14 años son víctimas de explotación económica y caen en el trabajo infantil. El trabajo infantil es un problema especialmente grave en las zonas rurales del país. También se informa de que hay una carencia de datos e información disponible sobre la magnitud del problema del trabajo infantil en el país (International Library of Congress 2020).
Explotación sexual infantil
La prostitución infantil está al alza en Argentina, sobre todo en las grandes ciudades. Aunque el Plan Nacional de Acción para Combatir la Explotación Sexual de los Niños con Fines Comerciales está en marcha desde el año 2000, las políticas y programas coordinados sobre este tema aún no cuentan con todos los fondos y no han frenado aun de manera efectiva el aumento de la explotación sexual infantil. La venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil se consideran delitos. Mientras que el Código Penal de Argentina considera delito la prostitución de menores de 18 años, solo sanciona a los que “fomentan o facilitan” la prostitución, y no castiga al cliente que explota y agrede al menor.
Las disposiciones que castigan la pornografía infantil son insuficientes y no son conformes a las normas legales internacionales, según la International Library of Congress. La posesión, importación, exportación, venta ofrecimiento o distribución virtual de material pornográfico infantil no están penalizados en el marco legal nacional (International Library of Congress 2020).
Escrito por Josephine Thum
Traducido por Esperanza Escalona
Última actualización el 1 de abril de 2021
Referencias:
AMNESTY INTERNATIONAL (2019) Argentina 2019
FROMMER (n.d.) History of Argentina
GALLEANO, Eduardo (1971) Las venas abiertas de América Latina
HUMAN RIGHTS WATCH (2021) ‘Argentina – Events of 2020’ in 2021 World Report
SOS Children’s Villages (2020) ‘General Information on Argentina’
UNICEF Argentina (2020) Child Poverty and Inequality in Argentina. Covid-19 Effects.
UNICEF (2016) Estado de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina
UNICEF (n.d.) Argentina, Key demographic indicators
[1] Este artículo de ninguna manera pretende dar una descripción completa o representativa de los derechos del niño en Argentina, que son vastos, complejos y en constante cambio. El artículo tiene como objetivo resaltar los principales desafíos a los derechos del niño en Argentina y no es representativo de la historia, las innovaciones o los logros del país en materia de derechos
