Haciendo realidad los derechos del niño en los Estados Unidos de América
El fracaso de los Estados Unidos de América en ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño a nivel federal ha llevado a una gran disparidad en el tratamiento de los niños en sus estados. Los niños de color y los que viven en la pobreza se ven afectados de manera desproporcionada por una serie de prácticas permitidas por el estado que violan el derecho internacional de los derechos humanos.
Índice de los Derechos del Niño: 8,72 / 10
Nivel amarillo: Situación satisfactoria
Población: 329.5 millones
Pob. de 0 à 14 años: 18.24 %
Esperanza de vida: 79.05 años
Mortalidad en menores de 5 años: 5.69 ‰
Estados Unidos de América de un vistazo
Los Estados Unidos de América, abreviado como EE.UU. o EE.UU.A o también conocido como América, es un país de América del Norte. Después de Rusia, Canadá y China, Estados Unidos es el cuarto país más grande del mundo por área geográfica. Es una república federal que consta de 50 estados, de los cuales 48 ocupan el continente y dos se asientan frente a sus costas: Alaska, ubicada en el extremo noroeste de América del Norte, y Hawái, una isla en el Océano Pacífico medio. Estados Unidos comparte una frontera con Canadá al norte, el Océano Atlántico al este, México y el Golfo de México al sur y el Océano Pacífico al oeste (Gopnik, 2022).
Además de sus 50 estados, EE.UU. tiene jurisdicción sobre cinco regiones principales: Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y las Islas Marianas del Norte. Estos territorios tienen su propio gobierno local, pero también siguen las leyes del gobierno federal de los EE.UU. En la década de 1800, el gobierno federal se mudó al Distrito de Washington de Columbia (D.C.) (Gopnik, 2022).
Los tres documentos fundacionales de los EE.UU. son: (1) la Declaración de Independencia, (2) la Constitución y (3) la Declaración de Derechos, conocidos colectivamente como las Cartas de la Libertad. Estos documentos son fundamentales en la fundación de los EE.UU. (USAGov, 2022).
La Constitución divide el gobierno federal en tres poderes: (1) el legislativo, que hace las leyes y está compuesto por el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado; (2) el ejecutivo, que ejecuta las leyes y está compuesto por el presidente, el vicepresidente, el gabinete y la mayoría de las agencias federales; (3) el judicial, que evalúa las leyes y se compone de la Corte Suprema y otros tribunales federales.
La Corte Suprema, la corte más alta del país tiene su sede en Washington, D.C. y está compuesta por nueve miembros, quienes son responsables de decidir si las leyes violan la Constitución de los EE.UU. (USAGov, 2022).
La situación de los derechos del niño [1]
Estados Unidos no ha firmado ni ratificado varios tratados internacionales clave de derechos humanos y es el único país del mundo que ha firmado pero no ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN de la ONU). A pesar de no ratificarla, Estados Unidos firmó y ratificó en 2002 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Estados Unidos es parte en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada en 1994, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en 1992, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada en 1994. Al igual que Tonga, Sudán, Somalia, Palaos, Nauru e Irán, Estados Unidos ha firmado pero no ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La protección y el avance de los derechos del niño en EE.UU. varían de un estado a otro. Por lo tanto, las cuestiones abordadas por la CDN de la ONU se dejan a la jurisdicción de un estado individual y no al gobierno federal. Como resultado, las protecciones varían de un estado a otro y la mayoría de los estados no protegen a los niños y no cumplen las normas internacionales (Human Rights Watch, 2022).
Atender las necesidades de los niños
Derecho a la educación
En EE.UU. hay cuatro niveles de educación: (1) preescolar (o educación infantil), para niños de entre dos y cinco años; (2) primaria, para niños de entre cinco y diez años (jardín de infancia – quinto curso); (3) secundaria, para niños de entre once y trece años (sexto – octavo curso) y, por último, (4) bachillerato, para niños de entre catorce y dieciocho años (noveno – duodécimo curso). Por ley, todos los niños están obligados a asistir a la escuela y todas las escuelas públicas son gratuitas (USA Hello, s.f.).
Sin embargo, la pobreza y la discriminación en Estados Unidos paralizan el sistema educativo. Los niños que viven en la pobreza o los niños de color tienen más probabilidades de quedarse rezagados académicamente con respecto a sus compañeros blancos cuando empiezan la escuela, así como a lo largo de su progresión académica.
Estas grandes disparidades también repercuten en la financiación de las escuelas, lo que significa que los niños de las zonas con menos ingresos tienen más probabilidades de asistir a una escuela con financiación insuficiente, con menos profesores, recursos curriculares y apoyo a los estudiantes limitados y clases más numerosas.
Además, desde la recesión de 2008, la mayoría de los estados han recortado la financiación de la educación. Desde 2017, la financiación desde el jardín de infancia hasta el duodécimo grado en 22 estados, incluido el Distrito de Columbia, se ha mantenido baja (Children’s Defense Fund, 2021).
Los niños y sus familias dependen en gran medida de los programas de comidas escolares como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NLSP por su siglas en inglés) y el Programa Nacional de Desayunos Escolares (SBP por sus siglas en inglés) como resultado de la pobreza y la inseguridad alimentaria que aumentan a tasas alarmantes.
El Programa de Desayuno Escolar comenzó como un programa piloto en 1966 y se convirtió en un programa permanente en 1975. El SBP es un programa de comidas asistido por el gobierno federal que opera en escuelas públicas, privadas sin ánimo de lucro e instituciones residenciales de atención a la infancia y ofrece desayunos gratuitos o a precio reducido a los niños que cumplen los requisitos (USDA, 2017).
El NLSP proporciona almuerzos gratuitos a niños en edad escolar y está operativo en casi 100,000 escuelas públicas y privadas, incluidas instituciones residenciales de cuidado infantil en todo el país. Antes de la pandemia de COVID-19 en 2019, el NLSP proporcionaba 4,900 millones de almuerzos por un valor de 14,200 millones de dólares (USDA, 2022).
Al comienzo de la pandemia COVID-19, las comidas escolares del NLSP se vieron interrumpidas, sin embargo, pudieron reembolsar a las familias que recibían comidas escolares gratuitas o a precio reducido el valor de las comidas del NLSP a través del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT, por sus siglas en inglés). En 2020, el NLSP pudo -y tuvo que- proporcionar 3,200 millones de comidas (USDA, 2022).
Derecho a la salud
En Estados Unidos existen grandes disparidades en la cobertura del seguro médico. En 2018, se estimó que más de cuatro millones de niños menores de diecinueve años no tenían seguro médico. Las tasas de niños sin seguro siguen siendo altas para los niños de origen hispano, los niños de familias con menos ingresos, los niños que viven en estados del sur y los niños indocumentados (Children’s Defense Fund, 2021).
El Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP por sus siglas en inglés) y Medicaid son el sistema nacional de seguro médico para todos los niños. En 2019, CHIP y Medicaid proporcionaron cobertura sanitaria a casi 36 millones de niños menores de diecinueve años. Entre 2016 y 2019, 726,000 niños perdieron su seguro médico (Children’s Defense Fund, 2021).
CHIP es un programa federal y estatal que proporciona cobertura de atención médica a niños que no tienen seguro, niños de familias cuyos ingresos son demasiado altos para calificar para Medicaid y demasiado bajos para pagar un seguro de salud privado. Medicaid proporciona cobertura sanitaria a adultos y niños con bajos ingresos que reúnen los requisitos, es administrado por los estados de acuerdo con los requisitos federales y está financiado tanto por el gobierno estatal como por el federal (Children’s Defense Fund, 2021).
Estados Unidos tiene una de las peores tasas de mortalidad infantil en comparación con otros países de renta alta, como Japón y Finlandia. Actualmente, los países más comparables a las tasas de mortalidad infantil de EE.UU. son Hungría, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Croacia, Grecia, Canadá, Chile y Nueva Zelanda. Las tasas de mortalidad infantil más elevadas se registran en Luisiana, Florida, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee y Misisipi.
En los distintos estados, la mortalidad infantil también varía en función de la raza y la etnia, con tasas más elevadas entre las comunidades afroamericanas e hispanas, lo que refleja una fuerte correlación entre pobreza y salud infantil (Rogers et al, 2022).
A partir de 2019, algunas de las principales causas de muerte infantil en los Estados Unidos incluyen malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas, gestación corta, lesiones no intencionales, bajo peso al nacer, síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y complicaciones maternas durante el embarazo. Las lesiones no intencionadas son la principal causa de muerte de niños y adultos jóvenes de entre 1 y 24 años en Estados Unidos, con lesiones que incluyen accidentes de vehículos de motor/ciclistas, ahogamientos, sobredosis/envenenamientos por drogas, asfixias y caídas, entre otras (Rogers et al, 2022).
Derecho al agua potable y al saneamiento
Se calcula que aproximadamente 2.2 millones de personas en EE.UU. no tienen acceso a agua potable ni a un saneamiento adecuado (The Independent, 2022). En todo EE.UU., muchos hogares se enfrentan a problemas relacionados con la mala calidad del agua, agua contaminada, saneamiento deficiente, fontanería incompleta y acceso a agua corriente limpia. Esto ha planteado un grave problema de salud pública.
Los datos recopilados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente y la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense indicaron que entre 2014 y2018, un total del 0.41% de los hogares, o 489,836 viviendas, carecían de fontanería adecuada y 1,165 centros de agua comunitarios incumplían la Ley de Agua Potable Segura (Mueller & Gasteyer, 2021). Las personas de color y los nativos americanos que viven en zonas de bajos ingresos tienen más probabilidades de tener tuberías incompletas y agua de mala calidad.
El problema de la fontanería incompleta es más común en las zonas rurales de EE.UU. y el de la mala calidad del agua es más común en las zonas urbanas (Mueller & Gasteyer, 2021).
En 2017, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles calificó la infraestructura de agua potable del país con una «D», y propuso que el gobierno necesitaba invertir 1 billón de dólares en los próximos 25 años para rectificar los problemas (Worland, 2020). En 2017, las Naciones Unidas situaron a Estados Unidos en el puesto 36 del mundo en cuanto a acceso a agua y saneamiento. También se estimó que aproximadamente 77 millones de estadounidenses consumían agua que cumplía una o más infracciones de la Ley Federal de Agua Potable Segura (Klasing, 2020).
Uno de los ejemplos más destacados del problema de saneamiento del agua en el país puede verse en Flint, Michigan, donde, en un intento de ahorrar dinero en 2014, la ciudad cambió su suministro de agua del lago Hurón al río Flint. La naturaleza corrosiva del agua del río provocó fugas en las tuberías nacionales, que desembocaron en el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, y provocó una crisis de saneamiento (BBC, 2016).
En 2015, las investigaciones de Virginia Tech y la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) confirmaron los peligrosos niveles de plomo en el agua, un riesgo que puede provocar graves dolencias cardíacas, renales y hepáticas (CNN, 2021). La exposición al plomo puede perjudicar aún más la cognición de los niños y frenar su desarrollo. Dados los peligros del nuevo sistema de agua, el estado fue acusado de una demanda colectiva por no tratar el agua en violación de la ley federal.
Por otra parte, en Alabama, la desigualdad racial y las deficientes infraestructuras han dejado a algunos residentes con problemas de alcantarillado y filtraciones de heces humanas en sus patios traseros. En muchas casas de zonas de bajos ingresos, cuando se tira de la cadena dentro de la vivienda, los residuos viajan por una tubería de 3 metros hasta el patio trasero.
A menudo, los gobiernos locales no pagan la construcción de infraestructuras adecuadas para conectar estas tuberías a conductos apropiados de eliminación de residuos (Worland, 2020). También en Utah, Nuevo México y Arizona, aproximadamente 300,000 personas no tienen acceso a agua limpia debido a la elevada presencia de uranio, que ha causado infecciones, cánceres e incluso la muerte (Worland, 2020).
Derecho a la identidad
Estados Unidos es uno de los 33 países del mundo que permiten la «ciudadanía por derecho de nacimiento» sin restricciones, lo que significa que cualquier niño nacido dentro de las fronteras del país obtiene automáticamente la ciudadanía estadounidense, independientemente de la legalidad de la situación migratoria de sus padres (World Population Review, 2022). El derecho de nacimiento es un requisito indispensable para el acceso de los niños a una serie de servicios sociales vitales.
La ciudadanía sin restricciones por derecho de nacimiento se remonta a la 14ª Enmienda, que garantiza el derecho a todos los niños nacidos de ciudadanos o extranjeros permanentes, temporales e ilegales (Feere, 2010). Esta última categoría ha sido objeto de numerosas críticas por parte de actores predominantemente republicanos debido al gran volumen de nacimientos de inmigrantes en el país.
En 2014, los partos de inmigrantes legales supusieron el 12.4% de todos los nacimientos, representando los nacimientos de inmigrantes ilegales el 7.5% (Camarota, Zeigler & Richwine, 2018). El 42% de las madres inmigrantes legales y el 67% de las ilegales en el mismo año no tenían seguro o estaban en Medicaid (Camarota, Zeigler & Richwine, 2018). En última instancia, esto significa que la supervivencia de los niños fue posible gracias a aproximadamente 3,100 millones y 2,400 millones de dólares estadounidenses en impuestos, respectivamente (Camarota, Zeigler & Richwine, 2018).
Unos pocos estados del país concentran el mayor número de nacimientos de inmigrantes ilegales: California, Texas, Florida, Illinois, Georgia y Nueva York (Camarota, Zeigler & Richwine, 2018). Estos y otros estados han sido acusados de facilitar los «bebés ancla»: la idea de que las familias migrantes utilizan el parto para «anclar» sus vidas en EE.UU. A pesar de los llamamientos para abolir la ciudadanía sin restricciones por derecho de nacimiento, el Tribunal Supremo ha protegido repetidamente la disposición, citando la necesidad de garantizar que todos los estadounidenses tengan un medio accesible para obtener una ciudadanía válida más allá de solo los inmigrantes (Feliz, 2015).
El derecho garantiza que los empobrecidos de todo el país puedan adquirir la ciudadanía sin necesidad de documentación. El Tribunal Supremo ha cuestionado además la legitimidad de la reivindicación de los «bebés ancla», dado que un niño nacido en Estados Unidos no puede apadrinar a uno de sus progenitores para obtener la ciudadanía hasta que cumpla 21 años (Feliz, 2015).
Factores de riesgo 🡪 Retos específicos de cada país
Pobreza
Los datos de 2021 indican que hay aproximadamente 10.5 millones de niños que viven en la pobreza en EE.UU. Esto equivale a uno de cada siete (14.4%) de los niños del país. De estos niños, el 71% procede de entornos hispanos, nativos americanos y afroamericanos, lo que pone de manifiesto la brecha en la desigualdad de ingresos y riqueza. Por ejemplo, en 2019, el ingreso familiar medio de los hogares estadounidenses blancos con hijos fue de 95,700 dólares, el doble que el de los hogares afroamericanos, con 43,000 dólares, mientras que para los hogares familiares hispanos fue de 52,300 dólares (Children’s Defense Fund, 2021).
Vivir en la pobreza ha dejado a más de uno de cada siete niños (10.7 millones) lidiando con la inseguridad alimentaria, y los niños afroamericanos e hispanos tienen el doble de probabilidades de encontrarse con este problema que los niños blancos. En 2018, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) alimentó a 17 millones de niños, lo que supone casi una cuarta parte de todos los niños que viven en EE.UU. En 2019, las prestaciones mensuales del SNAP se consideraron demasiado bajas, con una media de 118 dólares por persona, 4 dólares al día (Children’s Defense Fund, 2021).
Los niños de color son especialmente vulnerables a la pobreza debido al racismo sistémico y a las barreras institucionales. En 2019, aproximadamente 3.6 millones de niños menores de seis años vivían en la pobreza. Las estadísticas indican que más de uno de cada cuatro (26.5%) de los niños afroamericanos eran pobres, en comparación con uno de cada doce (8.3%) de los niños blancos y uno de cada catorce (7.7%) de los niños asiáticos, de las islas del Pacífico o hawaianos (Children’s Defense Fund, 2021).
La pobreza y la desigualdad varían entre estados, con diferencias drásticas en determinados estados y regiones de EE.UU. En 2019, el 25% de los niños afroamericanos en situación de pobreza vivían en 39 estados, incluido el Distrito de Columbia, los niños hispanos en 22 estados y los niños nativos americanos y nativos de Alaska en 24 estados. No había estados que tuvieran más del 20% de niños blancos viviendo en la pobreza (Children’s Defense Fund, 2021).
Niños de la calle
Debido al aumento de los niveles de pobreza, la falta de ayudas federales al alquiler y de viviendas asequibles deja a millones de niños en todo Estados Unidos en riesgo de quedarse sin hogar. Durante el año escolar académico 2017-2018, más de 1.5 millones de niños que estaban matriculados en escuelas públicas experimentaron la falta de vivienda. En ese mismo año escolar, el 74% de los niños carecían de vivienda y vivían en alojamientos temporales (Children’s Defense Fund, 2021).
Cuando las comunidades afroamericanas tienen acceso a una vivienda, es más probable que se enfrenten al desahucio o que se instalen en zonas peligrosas e insalubres. Esto está relacionado con la segregación histórica de la vivienda en el condado y ha provocado una crisis de vivienda asequible que se tradujo en 568,000 personas sin techo en una sola noche en enero de 2019, de las cuales casi el 20% eran niños (Children’s Defence Fund, 2021).
Aunque la falta de vivienda familiar se redujo en un 5% entre 2018 y 2019, California, Massachusetts y Nueva York todavía se enfrentan a tasas excepcionalmente altas y acogen a casi la mitad de las familias con niños sin vivienda del país (Children’s Defence Fund, 2021).
Discriminación
En Estados Unidos, el racismo sistémico y la violencia policial afectan de manera desproporcionada a la vida cotidiana de las personas de color. Estas comunidades se enfrentan a menudo a un trato desigual cuando participan en sistemas públicos como la sanidad, la educación, la justicia penal y el empleo. Los niños de comunidades minoritarias sufren una discriminación desproporcionada a manos de la policía, los agentes de recursos escolares y el sistema de justicia juvenil (Mehrabi, 2020).
La criminalización temprana y la percepción de los niños pertenecientes a minorías como más «adultos» que sus compañeros blancos también los exponen a interacciones violentas con las fuerzas del orden, lo que aumenta las probabilidades de que corran riesgos físicos, mentales y de desarrollo (Mehrabi, 2020). Este continuo sometimiento ha provocado una crisis de salud mental entre los niños de las minorías de todo el país que comienza desde una edad temprana. Los estudiantes negros, por ejemplo, tienen tres veces más probabilidades de ser suspendidos o expulsados que los blancos (Mehrabi, 2020).
La discriminación institucional está presente a nivel local, estatal y federal. En 2019, la población infantil en EE.UU. era de 73 millones, de los cuales el 49.8% eran niños de color y el 50.2% (36.7 millones) eran niños blancos. Además de los niños afroamericanos, la primera categoría está compuesta por un 25.6% (18.7 millones) de niños hispanos, un 5% (3.7 millones) de niños asiáticos, 615,950 niños nativos americanos y nativos de Alaska y 147,057 niños nativos hawaianos y de las islas del Pacífico.
Los estados que registraron las tasas más elevadas de niños de color fueron Texas, Nueva York, Nuevo México, Nueva Jersey, Nevada, Misisipi, Maryland, Hawái, Georgia, Florida, Delaware, California, Arizona, Alaska y el Distrito de Columbia (Children’s Defense Fund, 2021).
Violencia contra los niños
Las principales causas de muerte entre niños y adultos jóvenes en EE.UU. incluyen lesiones físicas, suicidios y homicidios. La violencia armada sigue siendo una de las principales causas de muerte de niños en Estados Unidos, y las tasas más altas afectan a los niños de origen afroamericano. En 2019, la violencia armada mató a 7,580 niños y adultos jóvenes menores de 25 años, de los cuales el 39% fueron suicidios y el 61% homicidios. Los adultos jóvenes menores de 25 años representaron un tercio (32%) de todos los homicidios por violencia armada en 2019 (Population Reference Bureau, 2022).
En 2020, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se produjeron 45,222 muertes relacionadas con armas de fuego, de las cuales 24,292 fueron suicidios y 19,384 casos de homicidio. Los datos indican que en Estados Unidos mueren casi 53 personas al día debido a la violencia relacionada con las armas. Para añadir una comparación internacional de lo fatal que es la violencia con armas de fuego en EE.UU., en 2020, los datos indicaban que había un 79% de asesinatos relacionados con armas de fuego en EE.UU., un 37% en Canadá, un 13% en Australia y un 4% en el Reino Unido (BBC, 2022).
En 2022, según el Gun Violence Archive, -una organización independiente de recopilación de datos- se han producido 33,764 muertes relacionadas con armas de fuego en EE.UU., 18,282 por suicidio y 15,482 homicidios/asesinatos/lesiones no intencionadas. Este año, la violencia relacionada con las armas ha matado a 1,008 niños de entre 12 y 17 años y ha dejado 2,899 heridos (Gun Violence Archive, 2022).
Los niños y jóvenes estadounidenses de entre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidades de morir a causa de la violencia armada que sus homólogos de países ricos como Japón, Alemania y Francia (Population Reference Bureau, 2022). Los chicos de EE.UU. tienen más probabilidades de morir por homicidios, suicidios o lesiones no intencionadas que las chicas, y las tasas de mortalidad de los chicos de 20 a 24 años son tres veces superiores a las de las chicas (Rogers et al, 2022).
Maltrato infantil
Estados Unidos también se enfrenta a un grave problema de maltrato infantil. En 2019, 651,505 niños fueron víctimas de maltrato o abandono, lo que equivale a un incidente cada 48 segundos en todo el país (Children’s Defense Fund, 2021). Más de la mitad de estos casos se referían a niños menores de seis años y casi el 15% a bebés que no habían cumplido un año (Children’s Defense Fund, 2021).
Más de un cuarto de millón de estos niños fueron colocados en hogares de acogida, lo que se considera un último recurso en la Ley de Servicios de Prevención de Family First de 2018 (Children’s Defence Fund, 2021). Aunque se encuentra en sus primeras fases de aplicación, esta ley debería proporcionar a los estados fondos adicionales para estabilizar a las familias y evitar la necesidad de acogimiento familiar (Children’s Defence Fund, 2021).
Según la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, hay 19 estados que permiten el castigo corporal. Estos estados incluyen Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming. Cada estado decide qué forma de castigo corporal está permitida. Por ejemplo, en algunos estados como Texas o Alabama, se suele utilizar una paleta de madera de 24 pulgadas (Cox Media Group, 2022).
Suicidio infantil
En la última década, las tasas de suicidio en EE.UU. han ido en aumento, especialmente entre los niños afroamericanos, hispanos y nativos americanos y los adolescentes de minorías sexuales. Los suicidios de adolescentes representan el 14% de todos los suicidios en los EE.UU. En 2019, para los niños de 10 a 24 años, 342.5 por cada 100,000 niños visitaron el departamento de emergencias por problemas relacionados con autolesiones y el 9% de los estudiantes de secundaria informaron intentos de suicidio (Center for Disease Control and Prevention, 2022).
Una encuesta de 12 meses del Centro Nacional de Prevención y Control de Lesiones reveló que en 2019, el 18.8% de los estudiantes de todo el país habían considerado seriamente intentar suicidarse, de los cuales el 24.1% eran niñas y el 13.3% eran niños. Esta encuesta encontró que la raza / etnia y la orientación sexual jugaron un papel con el 19.1% de los niños blancos que intentaron suicidarse, el 16.9% de los niños afroamericanos y el 17.2% de los niños hispanos y el 46.8% de los niños LGBT (Ivey-Stephenson et al, 2020).
Con el fin de mejorar la salud mental mediante el acceso a servicios de salud mental de calidad, el gobierno federal estableció la agenda Healthy People 2030 (HP2030). El principal objetivo de la HP2030 es mejorar el estado de la salud mental, ampliar los servicios de salud mental y aumentar las pruebas de detección. Una parte de la agenda HP2030 se centra en la prevención del suicidio (Office of Disease Prevention and Health Promotion, s.f.). Las tasas de suicidio más elevadas se registran en California, Georgia, Indiana, Nueva Jersey, Oklahoma, Virginia, Ohio, Arkansas, Colorado, Montana, Alaska y Nebraska (Bendix, 2022).
Matrimonio infantil
A diferencia de países de todo el mundo donde el matrimonio infantil es ilegal pero persiste, en EE.UU. el problema sigue siendo que las leyes estatales y federales no eliminan las lagunas legales que permiten el matrimonio antes de los 18 años. Por ejemplo, el Código Penal Federal prohíbe las relaciones sexuales con un niño de entre 12 y 15 años, pero exime a quienes primero se casan con él (Unchained at Last, 2021). Esto avala implícitamente la violación de menores e incentiva el matrimonio infantil.
Actualmente, en Estados Unidos, 43 estados siguen permitiendo el matrimonio infantil y 10 estados no especifican ninguna edad mínima para contraer matrimonio. Entre 2000 y 2018, se estima que hubo aproximadamente 300,000 menores, algunas de tan solo 10 años, casadas en Estados Unidos (Unchained at Last, 2021).
En 2018, Delaware y Nueva Jersey se convirtieron en los primeros estados en prohibir el matrimonio infantil en EE.UU. En mayo de 2020, Pensilvania y Minnesota se convirtieron en el tercer y cuarto estado en prohibir el matrimonio infantil (Tahirih, 2021). El 23 y 28 de julio de 2022, Nueva York y Massachusetts se convirtieron en el sexto y séptimo estado en poner fin al matrimonio infantil (Ibraj, 2022). Un informe del Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer indica que, entre 2000 y 2015, los cinco estados con mayores tasas de matrimonio infantil fueron Texas (40,260), Florida (16,486), Kentucky (10,618), Carolina del Norte (8,781) y Alabama (8,657) (Steinhaus & Thompson, 2020).
A pesar de que Virginia fue el primer estado en restringir el matrimonio a los mayores de 18 años en 2016, no ha prohibido el matrimonio infantil en general. Antes del cambio legislativo en Virginia en 2015, se casaban 182 menores y después del cambio legislativo en 2017, se casaron 13 menores. En 2018, en estados como Texas, Kentucky, Ohio, Georgia, Virginia e Indiana, la edad mínima legal para contraer matrimonio está fijada en 18 años, con excepciones para los jóvenes de 16 y 17 años que se hayan emancipado por un tribunal especial (Tahirih Justice Center, 2021).
Desde la reforma legislativa de Virginia en 2016, 27 estados han reforzado sus leyes sobre la edad mínima para contraer matrimonio. Entre estos estados se encuentran Connecticut, Nueva York, Texas, Arizona, Delaware, Florida, Kentucky, Misuri, Nueva Jersey, Tennessee, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Luisiana, Nevada, Nuevo Hampshire, Ohio, Utah, Idaho, Indiana, Maine, Minnesota, Pensilvania, Rhode Island y Carolina del Norte (Tahirih Justice Center, 2021).
Niños desplazados
Los niños migrantes y refugiados se enfrentan a graves riesgos de seguridad humana al entrar en EE.UU. El programa Permanecer en México, también conocido como Protocolo de Protección de Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), ha dejado a más de 20,000 niños en riesgo de sufrir daños graves. El MPP envió a más de 22.000 niños solicitantes de asilo y a sus familias a peligrosas ciudades fronterizas de México (Human Rights Watch, 2022).
La pobreza, la violencia de las bandas, los altos índices de homicidios y los desastres naturales han sido la fuerza motriz para que niños y familias de países centroamericanos como México, Honduras, Guatemala y El Salvador se trasladen a Estados Unidos (Cheatham & Roy, 2021).
Un menor extranjero no acompañado (UAC, por sus siglas en inglés) se define bajo la ley estadounidense como un migrante menor de 18 años que no tiene un estatus legal en Estados Unidos y que no tiene ningún padre o tutor legal que cuide de él (Cheatham & Roy, 2021). En 2018, aproximadamente 18 millones de niños (1 de cada 4 niños) vivían con al menos un progenitor inmigrante.
Durante abril y junio de 2018, la política de la Administración Trump, Tolerancia Cero, separó a 4,500 niños de sus familias. En junio de 2018, a pesar de una orden judicial para poner fin a la política, otros 1,100 niños fueron separados de sus familias entre junio de 2018 y noviembre de 2019 (Children’s Defense Fund, 2021).
Bajo la Política de Tolerancia Cero de Trump, el Departamento de Justicia comenzó a perseguir penalmente a los adultos y familias sospechosos de ser ilegales que intentaban cruzar a EE.UU. Aunque el anterior presidente y su equipo defendieron la neutralidad de este proceso, la política parecía obligar a que los padres pasaran tiempo en prisión forzando a sus hijos a ser separados de facto de sus familias (Human Rights Watch, 2018).
Sin embargo, la equidad de este proceso queda en entredicho por el hecho de que el Gobierno procesó de forma desproporcionada a quienes viajaban en familia o con niños, un contraste significativo con la administración anterior (Human Rights Watch, 2018)
Justicia juvenil
En Estados Unidos, un número desproporcionado de niños de origen hispano, afroamericano y nativo americano son encarcelados en los sistemas de justicia juvenil y justicia penal para adultos. Entre 2009 y 2019, 530,581 niños fueron detenidos en Estados Unidos. Los niños de origen afroamericano tienen 2.4 veces más probabilidades de ser arrestados, mientras que los niños de origen nativo americano tienen 1.5 veces más probabilidades de ser arrestados que los niños blancos. Solo en 2019, 696,620 niños fueron detenidos en Estados Unidos (Children’s Defense Fund, 2021).
Los niños de color, en particular los niños afroamericanos, siguen siendo criminalizados en exceso y transferidos a los sistemas de justicia penal para adultos, donde son juzgados y procesados como adultos. Los adolescentes afroamericanos tienen nueve veces más probabilidades de ser condenados a penas de prisión para adultos que sus homólogos blancos, los adolescentes nativos americanos tienen dos veces más probabilidades y los adolescentes hispanos un 40% más (Children’s Defense Fund).
Hay 25 estados que no tienen una edad mínima para procesar a menores, 16 estados tienen un límite de edad de 10 años, 5 estados un límite de edad de 12 años, mientras que estados como Florida tienen un límite de edad de 7 años y de 8 años en Washington (Corley, 2022). Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo que permite la cadena perpetua sin libertad condicional para los delitos cometidos antes de cumplir los 18 años.
A pesar de ello, el país ha reconocido en cinco casos ante el Tribunal Supremo que los niños son constitucionalmente distintos de los adultos en su nivel de culpabilidad debido a su madurez. Los niños también están protegidos contra la muerte en prisión por la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales (Rovner, 2021).
Escrito por Vanessa Cezarita Cordeiro
Revisión interna de Aditi Partha
Traducido por Laura Zaragoza Visier
Revisado por Gabriela Pacheco
Última actualización el 9 de octubre de 2022
Referencias:
Ivey-Stephenson, A., Demissie, Z., Crosby, A., Stone, D., Gaylor, E., Wilkins, N., Lowry, R., Brown, M. (2020, August 21). “Suicidal ideation and behaviours among high school students – youth risk behaviour survey United States 2019.” Retrieved from Division of Injury Prevention National Center for Injury Prevention and Control, accessed on 28 September 2022.
Office of Disease Prevention and Health Promotion. (n.d). “Mental health and health disorders Healthy People 2030.” Retrieved from Office of Disease Prevention and Health Promotion U.S Department of Health and Human Services, accessed on 28 September 2022.
[1] Este artículo no pretende en modo alguno ofrecer una visión completa o representativa de los derechos de los niños en los Estados Unidos de América; de hecho, uno de los muchos problemas es la escasa información actualizada sobre los niños en los Estados Unidos de América, gran parte de la cual no es fiable, no es representativa, está desfasada o simplemente no existe.
