Datos recientes sugieren que más del 30% de los niños y niñas en los Estados Unidos (EE. UU.) habrán sido objeto de una investigación de bienestar infantil para cuando cumplan 18 años (Human Rights Watch, 2022). La naturaleza de estas investigaciones es amplia y va desde informes de sospechas de abuso hasta investigaciones de daños conocidos. Las formas más comunes de maltrato infantil incluyen negligencia y abuso de sustancias por parte de los progenitores, que representaron el 75% y el 34%, respectivamente, de todos los casos de retirada de custodia en 2019 (Human Rights Watch, 2022).
Estándares internacionales de derechos humanos
Los desafíos a los que se enfrenta el bienestar infantil de los EE. UU. han atraído el escrutinio a nivel internacional. En 2022, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la gran cantidad de niños y niñas pertenecientes a minorías que viven en hogares de acogida en todo el país (Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2022).
Sin embargo, existe un desafío en este sentido. El Comité de los Derechos del Niño, emisor de estándares mundiales sobre los derechos de la infancia, ha enfatizado repetidamente que la separación familiar debe ser una medida de último recurso en casos de maltrato infantil (Human Rights Watch, 2022). Sin embargo, EE. UU. ha firmado, aunque no ratificado, la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), lo que significa que el país ha expresado su intención de cumplir con sus disposiciones, sin comprometerse con ninguna obligación vinculante para implementar el cambio (Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de discriminación racial, 2022).
Como tal, las disposiciones descritas en la CDN, como el artículo 19, que enfatiza que la pobreza “no debe usarse como justificación para separar a los niños y niñas de sus familias” y protege el derecho de un niño o niña a ser cuidado por sus padres “en la medida de lo posible”, siguen sin implementarse en el país (Human Rights Watch, 2022).
Proteger lo indefinido: ¿qué es el bienestar infantil?
Los mecanismos incoherentes de financiación del sistema de bienestar infantil son, sin embargo, solo una parte de un desafío más amplio. La arquitectura de las políticas que componen el sistema, a menudo obstruye más que posibilita la reunificación familiar.
Las autoridades pueden, por ejemplo, enviar a los niños y niñas a hogares de acogida y cobrarles a los padres este costo (Augsberger, 2022). En ausencia de una definición clara, los sistemas de bienestar infantil castigan desproporcionadamente a las familias en situación de pobreza al evaluar sus desafíos contextuales como «negligencia» (Naveed, 2022).
Casi las tres cuartas partes de todas las derivaciones a los servicios de bienestar infantil están relacionadas con negligencias y estas incluyen casos frecuentes de padres que no logran encontrar una vivienda estable segura o se ven obligados a trabajar muchas horas: ejemplos de desafíos comunes para el ciudadano estadounidense promedio (Naveed, 2022). Enmarcar el abuso infantil de esta manera permite que las poblaciones más pobres del país, y en particular aquellas de origen étnico minoritario que tienen más probabilidades de ser investigadas, incluso donde la tasa de pobreza es baja, sean víctimas de investigaciones sobre negligencias.
A las familias rara vez se les facilitan los medios legales para impugnar adecuadamente estos procesos en etapas tempranas cruciales (Naveed, 2022). Este fenómeno ha sido descrito como la «militarización» o «politización» del sistema de bienestar infantil (Knispel, 2020).
Bienestar infantil en acción
Más allá de los marcos regulatorios escritos que conforman el sistema de bienestar infantil, sus participantes crean más desafíos para algunas de las poblaciones más vulnerables del país. Las intervenciones de bienestar infantil a menudo comienzan con la notificación de un incidente o una observación a las líneas directas nacionales. Estas notificaciones pueden ser anónimas para fomentar la denuncia, aunque esto también puede dar lugar a denuncias falsas con pocas posibilidades de verificación (Human Rights Watch, 2022).
Una vez que se inicia una investigación (casi 3,5 millones de niños y niñas fueron investigados en 2019), las autoridades rara vez tienen el cuidado suficiente para protegerse contra la posibilidad de trauma e impactos sociológicos negativos (Human Rights Watch, 2022). Las visitas espontáneas al hogar o la escuela, los controles corporales y los registros invasivos pueden estigmatizar a un niño o niña y poner en peligro sus relaciones, al tiempo que imponer daños psicológicos (Human Rights Watch, 2022).
Estas investigaciones a menudo ocurren sin supervisión judicial y lejos de las protecciones legales, dejando a los cuidadores principales sin apoyo durante las primeras etapas de las intervenciones de bienestar infantil y vulnerables a la explotación (Human Rights Watch, 2022). Más bien al contrario, el trabajo de investigación a menudo lo llevan a cabo trabajadores sociales que tienen un conflicto de intereses inherente.
Por un lado, son los encargados de apoyar a los padres y familias, por otro son los fiscales contra la mala praxis (Human Rights Watch, 2022). Los funcionarios judiciales y los jueces dictaminan sobre la posible reagrupación familiar de los niños y niñas acogidos, pero, para cuando se llega a este punto,los hogares de los cuidadores han sido destrozados mientras el sistema se ha esforzado poco para apoyar a los padres y cuidadores en la crianza de sus hijos (Human Rights Watch, 2022).
Un problema nacional
Los problemas derivados del sistema de justicia infantil se sienten en todo Estados Unidos. Esto quizás se ilustra mejor con la gran cantidad de niños y niñas que son sacados de sus hogares y enviados a hogares de acogida después de padecer malos tratos. Aproximadamente cada tres minutos se envía a un niño o niña a un hogar de acogida en todo el país, y más de un cuarto de millón de niños y niñas ingresan al sistema cada año (Human Rights Watch, 2022).
A fecha de 2019, 70.000 niños y niñas estaban en espera de adopción debido a la extinción de los derechos de sus padres. Estos “huérfanos legales” carecen de estabilidad y enfrentan graves riesgos para su salud a largo plazo. Esto entra en una contradicción directa con el propósito declarado del sistema de bienestar infantil (Human Rights Watch, 2022). La escala del desafío del bienestar infantil no ha pasado desapercibida. El gobierno de EE. UU. invirtió 33 mil millones de dólares en el sistema en 2018 y la administración Biden amplió las bonificaciones fiscales para familias con niños y niñas, asegurando que la mayoría pudiera reclamar más de 3000 USD desde el nacimiento de un niño o niña hasta los 17 años (Augsberger, 2022).
Las inyecciones financieras no acabaron ahí: los pagos de estímulo económico apoyaron a la mayoría de las familias en todo el país después de la pandemia de COVID-19, y se brindó más ayuda financiera en forma de un programa de “Familias necesitadas” que brindó asistencia temporal a aproximadamente el 20% de las familias más pobres del país (Augsberger, 2022). Sin embargo, el Congreso ha permitido que expire el exitoso sistema de desgravación fiscal por hijos (Augsberger, 2022).
Por lo tanto, el programa de “Familias necesitadas” ha visto reducidos sus fondos hasta en un 40%, creando grandes discrepancias en el apoyo que las familias pueden obtener: una familia de tres miembros en Alabama puede recibir tan solo 215 USD, comparado con un hogar equivalente en New Hampshire. (Augsberger, 2022).
Racismo sistémico hacia los niños y las niñas de minorías en los EE. UU.
Debido a sus estrechos vínculos con la igualdad económica, el sistema de bienestar infantil perjudica injustamente a los niños y niñas pertenecientes a minorías. Además, las familias de las comunidades empobrecidas están más expuestas a los servicios sociales porque necesitan ayuda. Un análisis reciente sugiere que la brecha de riqueza entre las familias blancas y negras en los EE. UU. era la misma en 2016 que en 1968, y es posible que incluso haya aumentado después de la pandemia de COVID-19 (Human Rights Watch, 2022).
A pesar de que representan solo el 14% de la población infantil del país, los niños y niñas negros son mencionados en una cuarta parte de todos los casos de abuso o negligencia infantil y más del 20% de los niños y niñas en hogares de acogida son negros (Human Rights Watch, 2022). En algunos estados este hecho es aún más exagerado: en Nueva York, casi el 40% de todos los niños y niñas que viven en hogares de acogida son negros, a pesar de representar el 15% de la población. Por el contrario, los niños y niñas blancos representan menos de la mitad de los niños que se encuentran en el sistema de acogida a pesar de que representan alrededor del 50% de la población infantil en general (Human Rights Watch, 2022).
Las desigualdades raciales no se limitan a los niños y niñas negros y afroamericanos. Los niños y niñas nativos americanos han soportado un adoctrinamiento agresivo durante mucho tiempo, ya que EE. UU. ha trabajado para presionar a los niños y niñas en las escuelas nativas para que asimilen los nuevos valores y creencias culturales estadounidenses (Human Rights Watch, 2022). Este proceso ha hecho que se rompan tradiciones y se interrumpan los estilos de vida, lo que ha llevado a un número abrumador de niños y niñas nativos americanos a vivir en centros de atención fuera del hogar.
Caminos a seguir
Las Directrices de la ONU para el Cuidado Alternativo de Niños y Niñas establecen que “la separación de un niño del cuidado de la familia debe considerarse como una medida de último recurso y, siempre que sea posible, debe ser temporal y por el menor tiempo posible” (Human Rights Watch, 2022) . En la actualidad, el sistema de bienestar infantil de los EE. UU. contraviene directamente esta declaración, obligando a las comunidades a escapar de las trampas de la pobreza si quieren mantener la custodia legal de sus hijos (Naveed, 2022). Según Human Rights Watch, para restaurar a las familias y evitar que, de manera innecesaria, niños y niñas vayan a parar al sistema de acogida temporal, EE. UU. debe ,:
- Limitar los requisitos de informes obligatorios para reducir así el escrutinio excesivo de las comunidades empobrecidas y poner un mayor énfasis en reducir las intervenciones, mediante el apoyo a las familias necesitadas.
- Buscar mantener, en la medida de lo posible, la unidad familiar, centrándose en abordar las dificultades económicas y las desigualdades raciales sistémicas.
- Definir con mayor precisión el abuso y la negligencia infantil para separar el riesgo de maltrato infantil de las consecuencias de la pobreza.
- Recopilar datos más precisos sobre las desigualdades del sistema de bienestar infantil para aumentar la conciencia e identificar vías para un cambio positivo.
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Escrito por Vanessa Cezarita Cordeiro
Traducido por Laura Zaragoza Visier
Revisado por Esperanza Escalona
Referencias:
Augsberger, A., & Collins Elizabeth, M. (2022. June 15). “POV: US child welfare system is falling short because of persistent child poverty.” Retrieved from Boston University Centre for Innovation in Social Sciences, accessed on 18 January 2022.
Human Rights Watch. (2022, November). “If I wasn’t poor, I wouldn’t be unfit. The family separation crisis in the US child welfare system.” Retrieved from Human Rights Watch, accessed on 18 January 2023.
Knispel, S. (2020, December 11). “American child welfare system has lost its way, says Rochester historian.” Retrieved from University of Rochester News Centre, accessed on 18 January 2023.
Naveed, H. (2022, December 8). “The child welfare system needs an overhaul.” Retrieved from American Civil Liberties Union, accessed on 30 January 2022.
United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination. (2022, September 21). “Concluding observation on the combined tenth to twelfth reports of the United States of America.” CERD/C/USA/CO/10-12. Retrieved from Committee on the Elimination of Racial Discrimination, accessed on 31 January 2023.
United Nations General Assembly. (2010, February 24). “Guidelines for the alternative care of children.” A/RES/64/142. Retrieved from United Nations General Assembly, accessed on 31 January 2023.
