Cumplimiento de los derechos del niño en Santa Lucía
Santa Lucía ha ratificado numerosos instrumentos internacionales de protección de los derechos de la niñez. Una mayoría significativa de los niños y niñas del país tiene acceso a las necesidades básicas y recibe educación gratuita hasta los dieciséis años. A pesar de ello, los castigos corporales, el trabajo infantil, los malos tratos a los niños y la delincuencia juvenil son problemas pendientes desde hace mucho tiempo.
Índice de los Derechos del Niño: 7,78/10
Nivel naranja: Problemas sensibles
Población : 183,629
Pob. de 0 a 14 años : 17,7 %
Esperanza de vida: 76,20 años
Mortalidad en menores de 5 años: 15,31‰
Santa Lucía: una mirada
Santa Lucía es una pequeña isla volcánica de las Antillas que limita al oeste con el mar Caribe y al este con el océano Atlántico. Es la segunda isla más grande de las Islas de Barlovento, en las Antillas Menores. Está situada al noreste de San Vicente, al noroeste de Barbados y al sur de Martinica. Su capital es Castries, también su mayor puerto (Tolson et al, 2022).
En origen la isla se llamaba Iouanalao, «tierra de las iguanas», nombre dado hacia el año 200 de nuestra era por los indios arawak, sus primeros habitantes. Más tarde, en el 800 d.C., los amerindios, también llamados caribes, tomaron el control de la isla y la llamaron Hewanorra, «allí se encontraron iguanas». Luego de la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI, el país adquirió su denominación actual (National Geographic, 2020).
Santa Lucía es una monarquía constitucional con el monarca británico como Jefe de Estado. Está representada por un gobernador general. El parlamento bicameral está compuesto por la Cámara de la Asamblea y el Senado (Tolson et al, 2022).
El monte Gimie es el punto más alto de la isla y se eleva 959 metros sobre el nivel del mar. En el suroeste de la isla se encuentran Gros (2.619 pies/798 metros) y Petit Pitons (2.460 pies/750 metros), también conocidos como los «Pitones», dos montañas volcánicas cercanas a la ciudad de Soufriére (Tolson et al, 2020). Las Pitones ha sido declaradas patrimonio mundial por la UNESCO.
El entorno natural de Santa Lucía es variado, desde montañas y selvas tropicales hasta arrecifes de coral y playas de arena volcánica. La isla mide 43 km de largo y 23 km de ancho. La isla es famosa por su variada avifauna, con el loro de Santa Lucía (Amazona Versicolor) como ave nacional. En la isla hay más de 160 especies de aves y más de 45 viven en sus selvas tropicales, que albergan entre otras tres especies de colibríes: el caribe de garganta verde, el caribe de garganta púrpura y el colibrí crestado antillano (National Geographic, 2020).
La isla también alberga una plétora de vida marina y reptiles, incluidas tres especies de tortugas marinas: la tortuga verde, la tortuga carey y la tortuga laúd. El lagarto cola de látigo de Santa Lucía, descubierto en 1958, está considerado uno de los lagartos más raros del mundo (National Geographic, 2020).
La economía de Santa Lucía se ha sustentado en la caña de azúcar, su principal cultivo, y el plátano, un cultivo fundamental. Otros cultivos naturales de la isla son el coco, el cacao, la mandioca, el ñame, los cítricos y una variedad de especias (Tolson et al, 2022). Las principales exportaciones de la isla son textiles, derivados del coco, cartón, plátanos y equipos electrónicos, y sus principales socios comerciales, Barbados, Dominica, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y el Reino Unido (Tolson et al, 2022).
Situación de los derechos del niño [1]
Santa Lucía se ha comprometido con varios instrumentos internacionales de protección de los derechos del niño. En 1993, el gobierno ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Santa Lucía también es parte de otros instrumentos internacionales de los derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada en 1982, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en 1990, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 2011.
El gobierno ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados en 2014 y el relativo a la venta de menores, la prostitución infantil y el empleo de niños y niñas en pornografía en 2013. Santa Lucía ha ratificado el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (n.º 182).
Santa Lucía es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y está vinculada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 1995, el gobierno ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará).
A nivel nacional, el gobierno ha tomado medidas para proteger a los niños a través de la Constitución de Santa Lucía, la Ley de Niños y Jóvenes de 2001, la Ley del Tribunal de Familia de 2001, el Código Penal de 2003, la Ley de Violencia Doméstica de 2005, el Protocolo para la Gestión del Abuso y la Negligencia Infantil en Santa Lucía y la Ley de Lucha contra la Trata de 2010 (UNICEF, 2017).
Atender las necesidades de los niños
Derecho a la educación
Bajo la dirección del Ministerio de Educación de Santa Lucía, la Ley de Educación de 1999 (modificada en 2005) es el principal marco normativo que regula la educación desde el nivel primario hasta el terciario. La enseñanza primaria es obligatoria y la edad de escolarización formal oscila entre los cinco y los quince años (Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 2021).
La educación primaria en Santa Lucía consiste en un programa infantil de tres años, seguido de cuatro años de primaria. Una vez finalizado el séptimo curso, los niños deben realizar el Examen Común de Acceso (CEE). Los resultados de este periodo de exámenes determinan la colocación para la escolarización obligatoria adicional (Sheldon, 2022).
Los alumnos que aprueban los exámenes del CEE pasan a la escuela secundaria, donde cursan cinco años de educación. Comforme a la Ley de Educación de Santa Lucía de 1997, todos los alumnos deben asistir a la escuela hasta los dieciséis años. Por tanto, los alumnos que no aprueban los exámenes del CEE pasan a un programa de primaria de tres años centrado en la preparación para empleos profesionales. Este marco legal se estableció para garantizar que los niños permanezcan en la escuela hasta que hayan alcanzado la edad legal para trabajar (Sheldon, 2022).
En toda la isla hay 150 centros preescolares, 33 guarderías, 75 escuelas primarias y 24 escuelas secundarias. En 2019, la tasa de escolarización de niños de entre 3 y 5 años era del 95% (Gobierno de Santa Lucía, 2019).
A nivel regional, existen cuatro marcos legales que guían el desarrollo y los estándares educativos en la región, a saber: (1) Política Regional sobre Igualdad de Género y Justicia Social 1995; (2) Educación para Todos en el Caribe: Un plan de Acción para 2000-2015; (3) El Marco Regional de Acción sobre la Infancia 2012-2015 y (4) La Declaración de Montego Bay. A nivel nacional, la educación se rige por la Ley de Educación de 2005, que regula la educación desde la primera infancia hasta el nivel terciario (UNICEF, 2017).
Derecho a la salud
El gobierno ha hecho grandes avances para promover el derecho de la niñez a la salud y mejorar la calidad de la atención sanitaria disponible a través del Programa de Salud Infantil y Adolescente, así como del plan de estudios de Educación para la Salud y la Vida Familiar (HFLE). El HFLE es un programa basado en las habilidades para la vida, que forma parte de los planes de estudios de primaria y secundaria y que abarca temas como las relaciones interpersonales, la sexualidad, la salud sexual, el estado físico y la alimentación (Comité de los Derechos del Niño, 2014).
El Gobierno también ha introducido mejoras en el sistema de atención de salud mental con la creación del Centro de Bienestar de Salud Mental de Santa Lucía. Sin embargo, a pesar de la creación de este centro, sigue habiendo escasez de especialistas que se ocupen de la salud mental infantil y de los servicios ambulatorios de rehabilitación psicológica, especialmente para los casos de depresión y suicidio (Comité de los Derechos del Niño, 2014).
Derecho al agua potable y al saneamiento
Según el Análisis Situacional de Santa Lucía de UNICEF en 2017, el 94% de las personas que vivían en Santa Lucía tenían acceso a agua potable limpia de una fuente de agua mejorada y el 65% tenían acceso a servicios básicos de saneamiento en 2010 (UNICEF, 2017).
Derecho a la identidad
En Santa Lucía, en virtud de la Ley sobre el Estatuto del Niño, todos los niños deben ser registrados con su nombre dentro de los 21 días posteriores a su nacimiento.
En 2011, el Ministerio de Asuntos Jurídicos estimó que 14.959 niños de entre 1 y 18 años tenían registros de nacimiento incompletos en los que faltaba información o era incorrecta. Por tal motivo, el Ministerio puso en marcha una Feria de Rectificación que proporcionó apoyo en toda la isla para promover la corrección de los registros de nacimiento. Se estimó que en agosto de 2014 había 12.339 niños a los que les faltaba el nombre de pila en sus certificados de nacimiento (el 63% eran niñas y el 37% niños) (UNICEF, 2017).
Factores de riesgo 🡪 Retos propios del país
Explotación sexual
Con el Ministerio de Equidad, Justicia Social y Empoderamiento a la cabeza, la División de Servicios Humanos (DHS) creada en 1993 es responsable de la protección de los niños y niñas contra todas las formas de abuso y negligencia, y aboga por cuestiones relacionadas con los derechos juveniles y humanos (UNICEF, 2017).
En 2020, hubo 60 casos sospechosos de explotación sexual comercial. De estos casos, 19 fueron remitidos a la División de Servicios Humanos y a la policía como presuntos casos de tráfico sexual infantil. En virtud de la Ley de Justicia Infantil, la policía investigó 30 casos de explotación sexual comercial de menores. Sin embargo, existen obstáculos para investigar eficazmente estos delitos. La policía carece de recursos, transporte, equipos y financiación suficientes, lo que impide la aplicación exhaustiva de las leyes contra el trabajo infantil (Departamento de Trabajo de EE.UU., 2020).
Violencia sexual y abuso de menores
Entre 2010 y 2015 se denunciaron 1.341 casos de maltrato infantil en Santa Lucía. Aproximadamente el 70% de los casos correspondía a niñas, muchas de las cuales (29 de 103 denuncias) habían sido víctimas de incesto. La forma más común de abuso denunciada fue el abuso sexual (34%), el abuso físico (32%), la negligencia y el abandono (28%). Más de la mitad de los autores eran conocidos de las víctimas: padres y tíos representaban el 20%, y otros perpetradores denunciados incluían padrastros, hermanos políticos y primos (UNICEF, 2017).
A pesar del abrumador número de casos de abuso infantil, el gobierno ha hecho esfuerzos para proteger a los niños a través de programas y buenas prácticas que incluyen: (1) Programa de Niños Testigos Víctimas, a cargo del Tribunal de Familia, que prepara a los niños para su actuación a la hora de testificar ante los tribunales; (2) Romper el Silencio, una campaña de promoción dirigida a adultos, niños y actores clave; y (3) Crianza Positiva, desarrollado por el DHS con el fin de fortalecer el sentido de responsabilidad de los padres y su capacidad para proteger a sus hijos.
El objetivo principal de este programa era reforzar las habilidades parentales positivas al eliminar los comportamientos emocionales y físicos negativos que causan daño al menor (UNICEF, 2017).
Maltrato físico
En Santa Lucía, el castigo físico es legal en el hogar, en entornos de cuidado alternativo, en guarderías, escuelas e instituciones penales. El artículo 5 de la Ley de la Infancia y la Juventud de 1972 confirma «el derecho de cualquier padre, profesor u otra persona que tenga el control o la custodia legal de un niño a administrarle un castigo razonable» (End Violence Against Children, 2021).
En un entorno escolar, el maltrato físico está permitido en virtud del artículo 5(6) de la Ley de la Infancia y la Juventud de 1972 y del artículo 50 de la Ley de Educación de 1999. En las escuelas, el castigo corporal «puede administrarse cuando ningún otro castigo se considere adecuado o eficaz» y sólo está permitido por el director de la escuela, el subdirector o un profesor designado.
El castigo debe registrarse en un «libro de castigos» que se guarda en las escuelas para mantener un registro de la naturaleza y el alcance del castigo administrado (End Violence Against Children, 2021). Las estadísticas de UNICEF de 2012 revelaron que el 68% de los niños de entre 2 y 14 años de Santa Lucía eran objeto de disciplina violenta en el hogar, el 44% sufría castigos físicos y el 60% sufría agresiones psicológicas (End Violence Against Children, 2021).
Como integrante de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Santa Lucía participó en una iniciativa para reformar las leyes de protección de la infancia. En concreto, el Proyecto de Ley de la Infancia (Cuidado y Adopción) de 2007, que protegería a los niños de los malos tratos pero no de los castigos corporales (End Violence Against Children, 2021).
En el Examen Periódico Universal de 2011, el gobierno declaró que el castigo corporal formaba parte de la cultura de Santa Lucía y que «prohibirlo en las escuelas y erradicarlo en la familia es un reto extraordinario». El gobierno rechazó todas las recomendaciones que se hicieron para buscar formas alternativas de disciplina (End Violence Against Children, 2021).
Durante el Examen Periódico Universal de 2015, el gobierno identificó el castigo corporal como un tema tabú y reconoció que no se había abordado adecuadamente. A pesar de la voluntad del gobierno de prohibir el castigo corporal, no ha habido indicios de ninguna propuesta de reforma.
Por ejemplo, a través del Proyecto de Reforma Constitucional, el gobierno se comprometió con el Proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica y el Proyecto de Ley sobre Justicia Infantil, pero ambos proyectos de ley no hacían referencia a la prohibición del castigo corporal (End Violence Against Children, 2021). En enero de 2019, el Ministerio de Educación, Innovación, Relaciones de Género y Desarrollo Sostenible declaró públicamente su intención de abolir el castigo corporal en las escuelas (Gobierno de Santa Lucía, 2019).
Trabajo infantil
En 2020, el gobierno hizo avances mínimos para eliminar el trabajo infantil en Santa Lucía. Sin embargo, puso en marcha un estudio para acceder a las comunidades económicamente vulnerables de toda la isla. Este estudio pretendía ofrecer recomendaciones sobre las formas más eficaces de apoyar a las comunidades vulnerables. A través de este estudio, el Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas utilizó las plataformas de los medios sociales para concienciar sobre cuestiones relacionadas con la trata de menores (Departamento de Trabajo de EE.UU., 2020).
A pesar de la ratificación de los convenios internacionales relativos al trabajo infantil, como el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los marcos jurídicos de Santa Lucía no protegen adecuadamente a los niños de las peores formas de trabajo infantil (Departamento de Trabajo de EE.UU., 2020). Aunque existen muy pocos datos e investigaciones sobre el alcance y la magnitud del trabajo infantil en Santa Lucía, los informes de 2020 demuestran que los niños están sometidos a las peores formas de trabajo, mayormente en el sector servicios, la venta de alimentos y artesanía en los mercados locales y la venta ambulante, así como a la explotación sexual comercial (Departamento de Trabajo de EE.UU., 2020).
El gobierno financió y participó en programas sociales para eliminar el trabajo infantil en 2020. La mayoría de estos programas sociales se centraron en aumentar la asistencia a la escuela y promover el acceso de los niños a la educación. Por ejemplo, el programa Koudmen Sent Lisi financió el alquiler de libros de texto, programas de comidas escolares y un programa de subvención del transporte para la mayoría de las escuelas secundarias de la isla (Departamento de Trabajo de EE.UU., 2020).
Justicia juvenil
El sector de la justicia de menores de Santa Lucía es pequeño, con pocas instituciones que trabajen para proteger los derechos de los menores. Funcionalmente, la Unidad de Servicios de Protección de la Infancia es el primer puerto de escala para los niños que se enfrentan a problemas de conducta, mientras que el Tribunal de Familia se ocupa de los casos de protección de la infancia y justicia juvenil de conformidad con la Ley del Tribunal de Familia (1994). El tribunal está autorizado a prestar servicios jurídicos y sociales a los niños que corren riesgo de sufrir abusos o que están en contacto con el sistema de justicia juvenil (UNICEF, 2017).
La estructura de la justicia de menores de Santa Lucía no distingue entre los niños delincuentes y los que tienen problemas de comportamiento. Los niños que faltan a la escuela debido a malos tratos, por ejemplo, pueden ser categorizados de la misma manera que los «niños desviados» que requieren una vigilancia más estrecha. Sin embargo, los niños pueden ser remitidos al Departamento de Libertad Condicional para su «cuidado y protección» si sus circunstancias de vida son difíciles (UNICEF, 2017).
En 2010, el Ministerio del Interior y Seguridad Nacional, supervisado por los Servicios de Libertad Condicional y Libertad Vigilada, aprobó un Programa de Derivación Judicial para alejar a los niños de la delincuencia y reducir la reincidencia. El programa estaba dirigido principalmente a niños de entre 12 y 19 años e intentaba inculcarles actitudes más positivas hacia las relaciones y la adversidad, así como habilidades para la vida independiente. El programa se interrumpió en 2016 tras la conclusión de su periodo de financiación (UNICEF, 2017).
Santa Lucía carece de un sistema digital centralizado para la recopilación y gestión de datos sobre la interacción de los niños con el sistema de justicia penal. La investigación actualizada sobre asuntos de protección infantil en el país es limitada y los organismos deben colaborar estrechamente para producir información cohesionada.
Los datos de 2012-2014 indicaban que 345 niños y 101 niñas habían sido acusados de delitos penales: alrededor de 50 niños por cada 100.000. El Programa de Derivación Judicial atendió 63 derivaciones de menores entre 2011 y 2014. Los delitos juveniles más comunes en Santa Lucía son el robo, la agresión, los cargos relacionados con drogas y el allanamiento de morada (UNICEF, 2017).
Escrito por Vanessa Cezarita Cordeiro
Revisado por Aditi Partha
Traducido por Marta Ancín
Revisado por Gisela E. Valdés
Última actualización el 21 agosto 2022
Bibliografía:
[1] Este artículo no pretende en modo alguno ofrecer una relación completa o representativa de los derechos de los niños en Santa Lucía; de hecho, uno de los muchos retos es la escasa información actualizada sobre los niños en Santa Lucía, mucha de la cual no es fiable, no es representativa, está desfasada o simplemente no existe.
