Niños de Dinamarca

Realización de los derechos de los niños en Dinamarca

En 1991, Dinamarca ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Sin embargo, la legislación danesa no incorpora la Convención en la ley, lo que significa que no es jurídicamente vinculante dentro del sistema jurídico nacional. Muchos desafíos siguen impidiendo la realización plena de los derechos de los niños en Dinamarca, en particular los relacionados con la violencia hacia los niños, la pobreza, la discriminación de los niños inuit, la salud mental y la justicia de menores.

Population: 5,9 millones
Pop. ages 0-14:
16%

Life expectancy: 82 años
Under-5 mortality rate:
 3,4 ‰

Dinamarca de un vistazo

El Reino de Dinamarca (Kongeriget Danmark) está ubicado en el norte de Europa y consta de la península de Jutlandia y un archipiélago de más de 400 islas, de las cuales las más grandes son Zelanda, Fiónia y Lolland. Comparte frontera terrestre sólo con Alemania al sur, mientras que sus fronteras marítimas la conectan con Suecia y Noruega a través de los estrechos de Skagerrak, Kattegat y Øresund. Dinamarca también abarca dos territorios autónomos: Groenlandia y las Islas Feroe, ambos situados en el Atlántico Norte (Britannica, 2025).

Históricamente como potencia vikinga destacada, Dinamarca se desarrolló hasta convertirse en una monarquía constitucional y ha mantenido estabilidad política a lo largo de los siglos. Aunque tradicionalmente neutral, Dinamarca se unió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949 y se convirtió en miembro de la Unión Europea (UE) en 1973. En 2022, tras un referéndum nacional, Dinamarca puso fin a su excepción respecto a la política de defensa común de la UE, alineándose más estrechamente con las iniciativas de seguridad europeas (Campbell, 2022).

Dinamarca es conocida por su orografía llana, clima templado y alto nivel de vida. En cuanto a su población, alrededor del 84,2 % se identifican como daneses, 1,1 % como turcos y 14,7 % como otros (incluyendo polacos, rumanos, sirios, ucranianos, alemanes e iraquíes). El idioma oficial es el danés y el luteranismo evangélico es la religión estatal, aunque también hay otras comunidades religiosas. El inglés se habla ampliamente como segundo idioma (CIA World Factbook, 2025).

Situación de los derechos de los niños [1]

Dinamarca ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) el 19 de julio de 1991, el Protocolo Facultativo relativo a la participación de los niños en conflictos armados (OPAC) en 2002, el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil (OPSC) en 2003, y el Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones (OPIC) en 2015 (OHCHR, s. f.).

Sin embargo, dado que la CDN no ha sido incorporada a la legislación nacional, funciona más como una guía orientativa que como una ley exigible. El legislador toma en consideración la CDN al aprobar leyes relacionadas con la infancia, pero los individuos no pueden presentar una reclamación ante una autoridad basándose únicamente en la Convención (Adolphsen, 2019).

En la legislación actual, la principal protección jurídica del niño proviene de los padres. Por lo tanto, los derechos de los padres en representación del niño, y no los derechos del propio niño, han sido el foco principal de la historia jurídica danesa reciente. En consecuencia, los derechos de los niños en Dinamarca suelen enmarcarse como participativos, como ser escuchados o involucrados, más que como autónomos (Adolphsen, 2019).

En sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Dinamarca, el Comité de los Derechos del Niño recomendó que Dinamarca adoptara medidas para incorporar explícita y plenamente todas las disposiciones de la Convención y sus Protocolos Facultativos en su legislación nacional, con el fin de promover su aplicación por los tribunales y los órganos administrativos (CRC, Observaciones finales, 2017).

Atención a las necesidades de los niños en Dinamarca

Derecho a la salud

Dinamarca cuenta con un sistema sanitario bien desarrollado, con numerosos servicios centrados en la prevención y detección temprana de problemas de salud y bienestar de los niños y jóvenes. Los municipios y las regiones son responsables del sistema de salud (Youth Wiki, Health, 2023).

La salud de los niños se organiza en sistemas de atención primaria, secundaria y terciaria. La atención primaria está financiada con impuestos y es gratuita en el punto de uso. Todos los daneses tienen derecho a estar registrados con un médico de cabecera (GP, por sus siglas en inglés). Los médicos de cabecera son doctores de familia y actúan como guardianes del acceso a la atención sanitaria secundaria en los hospitales (Mathiesen, 2016).

En aproximadamente el 20 % de las consultas, el paciente es un niño. Además de las consultas regulares, los médicos realizan exámenes preventivos a las 5 semanas, 5 meses y luego anualmente hasta los 5 años. Más del 90 % de los niños asisten a los tres primeros exámenes preventivos (Mathiesen, 2016).

Las vacunas se administran conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, aunque algunos padres se niegan a seguirlas. Todos los padres reciben la oferta de visitas de enfermería de salud pública durante la primera semana de vida del niño; que más del 90 % acepta, y se ofrecen más visitas durante los primeros 12–18 meses. Las visitas al dentista son gratuitas hasta los 18 años (Mathiesen, 2016).

En cuanto al acceso a los servicios de salud, un aspecto clave es la edad mínima de consentimiento para tratamientos médicos, que varía según la naturaleza del tratamiento y el grado de madurez del menor. En Dinamarca, la edad mínima es de 15 años, aunque los jóvenes de 15 a 17 pueden consentir tratamientos médicos sin consentimiento de los padres si se considera que son suficientemente maduros (FRA, 2018).

Derecho a la educación

El derecho a la educación primaria y a la libertad personal está consagrado en la Constitución. El artículo 76 garantiza la educación gratuita para todos los niños en edad escolar obligatoria, salvo que los padres ofrezcan una alternativa privada de nivel equivalente (Adolphsen, 2019). La Ley de la Escuela Pública establece la duración de la educación obligatoria y garantiza que los gastos asociados sean cubiertos por las autoridades locales.

Los padres tienen libertad para tomar decisiones importantes sobre la educación, residencia y salud de sus hijos. Sin embargo, la Ley de Responsabilidad Parental exige que se tengan en cuenta las opiniones del niño según su edad y madurez (Hartoft, 2019). El nivel educativo de los padres influye fuertemente en los logros educativos de los hijos: en Dinamarca, el 61 % de los adultos con al menos un progenitor con educación terciaria también alcanza este nivel educativo, frente al 23 % de quienes no tienen padres con educación secundaria superior (OECD, 2024).

El personal escolar debe informar sobre niños que necesiten apoyo social, incluidos casos de ausentismo ilegal. Si un padre se niega a garantizar su asistencia, los servicios sociales pueden emitir órdenes y retirar los beneficios familiares hasta que el niño regrese a la escuela (Adolphsen, 2019). Desde la reforma escolar de 2014, la educación en derechos humanos se ha fortalecido, aunque el Comité de los Derechos del Niño recomienda hacerla obligatoria y mejorar la formación docente, especialmente para apoyar el acceso a actividades culturales en Groenlandia (CRC, 2017).

Derecho a la protección

Según la legislación danesa, los niños están sujetos a la custodia de sus padres. Esto implica que tienen una capacidad jurídica limitada. La custodia comprende dos elementos: el deber de cuidar del niño y el derecho a tomar decisiones en su nombre. En la Ley de Responsabilidad Parental se establece que los padres tienen el derecho de tomar decisiones sobre todos los asuntos privados que conciernen al niño (Hartoft, 2019).

Como norma general, un menor de 18 años no puede iniciar un proceso judicial. Los casos deben presentarse por los padres en nombre del menor. Lo mismo ocurre con los casos administrativos, en los que el progenitor que tenga la custodia del menor —que también actúa como su tutor legal— es quien ejerce los derechos del niño (Adolphsen, 2019).

Esto significa que, en general, los niños no pueden hacer valer sus propios derechos si los padres no están dispuestos a presentar el caso ante un órgano competente. Incluso si al niño se le concede el derecho individual de presentar una queja, no podrá ejercer sus derechos inherentes en ausencia de normas específicas que los establezcan. Ni el derecho o el acceso a actuar en nombre del niño, ni el deber parental de cuidarlo, obligan al padre o madre a iniciar un caso en representación del menor, ya sea un procedimiento administrativo o judicial (Adolphsen, 2019).

Para garantizar los derechos del niño en los casos en que exista riesgo de conflicto de intereses entre el menor y el progenitor que tiene la custodia, existen normas específicas que permiten derechos independientes para los niños o que exigen procedimientos administrativos o judiciales en los que las autoridades desempeñan un papel activo para proteger al menor.

Por ejemplo, un niño de 12 años o más tiene derecho a contar con su propio abogado en los casos relacionados con intervenciones (en contra de la voluntad de los padres) en su vida familiar, y en todos los procedimientos de asistencia social las autoridades deben hablar directamente con el niño para conocer su perspectiva —y el padre o la madre no pueden oponerse a ello— (Adolphsen, 2019).

En los últimos años, se han introducido diferentes límites de edad en distintas áreas del derecho, permitiendo a los niños ejercer el derecho independientemente de presentar un caso ante una junta administrativa de apelaciones. Este es el caso, por ejemplo, de las medidas voluntarias e involuntarias adoptadas por las autoridades de bienestar social, donde un niño puede presentar una queja a partir de los 12 años, incluso cuando su consentimiento no sea necesario para considerar la medida como voluntaria (Adolphsen, 2019).

Derecho a la libertad

El derecho supremo a participar en la democracia se expresa mediante el derecho al voto. Los niños y adolescentes no tienen permitido votar para el Parlamento, el Consejo Regional ni el Consejo Municipal. Tampoco pueden votar para el Parlamento de la Unión Europea. El derecho al voto se adquiere a los 18 años (Hartoft, 2019).

La edad para votar ha sido debatida en varias ocasiones en el Parlamento y, más recientemente, en los años 2015–2016. La propuesta consistía en reducir la edad de voto a los 16 años. Esta iniciativa se justificaba por la necesidad de involucrar a más jóvenes en la vida democrática y fortalecer su participación en las elecciones. Dicha propuesta fue mencionada en el informe de la Comisión Electoral. El debate parlamentario mostró una amplia mayoría en contra de modificar la edad para votar, dado que igualar la mayoría de edad con la edad para ejercer el voto ya se considera un buen compromiso (Hartoft, 2019).

No obstante, los niños pueden participar cívicamente a través de los Consejos Juveniles, que existen en aproximadamente dos tercios de los municipios. Sin embargo, hay diferencias en su organización y enfoque. Por ejemplo, en una gran ciudad como Århus, el Consejo Juvenil Municipal celebra siete reuniones del consejo al año y mantiene un encuentro anual de diálogo con los políticos del Ayuntamiento de Århus.

El Consejo Juvenil es autónomo en cuanto a los temas y problemas que decide abordar. Los temas son muy variados: desde el deseo de un mundo mejor, hasta la promoción de una alimentación más saludable en las escuelas o la creación de una pista de patinaje. El Consejo Juvenil Municipal tiene derecho a presentar cuatro propuestas al año, las cuales el Ayuntamiento de Århus está obligado a discutir (Hartoft, 2019).

Factores de riesgo y desafíos específicos del país

Violencia contra los niños

Un estudio realizado en 2023 con 1.252 médicos generales daneses (GPs) reveló que el 90 % había tenido sospechas de maltrato infantil en algún momento de su carrera, y el 85 % había presentado informes obligatorios. De manera alentadora, el 79 % de los encuestados se sentía seguro al manejar dichas sospechas, y en el 56 % de los casos recibieron comentarios al respecto o presenciaron que las autoridades correspondientes tomaron medidas adicionales (Munkholm, 2023).

Los datos administrativos de 2014 a 2018 muestran un aumento notable en las derivaciones a los Servicios de Protección Infantil (CPS) en Dinamarca, pasando de 64.800 en 2014 a 120.900 en 2018. Para 2018, más del 10 % de todos los niños menores de 18 años habían sido derivados al CPS, proveniendo la mayoría de las notificaciones de autoridades públicas como escuelas, proveedores de salud y la policía (Sidebotham, 2024). Durante el mismo periodo, Dinamarca, junto con Inglaterra, Francia y Gales, registró un promedio de 42 hospitalizaciones por cada 100.000 lactantes al año por abuso físico grave, con una incidencia que se mantuvo generalmente estable y experimentó un ligero aumento en 2021 (Sidebotham, 2024).

Hoy en día, persiste el legado de abuso contra mujeres y niñas inuit durante las décadas de 1960 y 1970. A muchas de ellas les colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) por médicos daneses sin su consentimiento, y muchas tenían menos de 12 años (Jiménez Barca, 2025).

Según varios estudios, el objetivo era frenar el crecimiento poblacional en Groenlandia y prevenir una carga financiera creciente para Dinamarca. El caso se conoció como el “Caso del Espiral”, por la forma del dispositivo, que algunas víctimas reportaron como muy dolorosa. Muchas de estas mujeres llevaron el DIU durante años sin conocer su propósito y nunca entendieron por qué no podían tener hijos. El número exacto de víctimas se desconoce. En septiembre de 2022, se formó una comisión conjunta de académicos daneses y groenlandeses para investigar el asunto (Jiménez Barca, 2025).

Pobreza infantil

En Dinamarca, los niños constituyen el 19,6 % de la población total, y el 13,8 % vive en riesgo de pobreza y exclusión social según datos de 2022. Aunque esta tasa ha disminuido respecto a 2021, tras varios años en aumento, la eliminación por parte de Dinamarca de la línea oficial de pobreza para familias complica la comparación directa de datos a lo largo del tiempo. Según la Fundación Fairstart, los grupos más vulnerables incluyen a los niños que viven por debajo del umbral de pobreza y a los niños inmigrantes de segunda generación (Eurochild, 2024).

Varios factores contribuyen al aumento de la pobreza infantil: en primer lugar, un incremento general de la riqueza durante el auge económico elevó el umbral de ingresos para los indicadores de pobreza; en segundo lugar, el desempleo aumentó tras la crisis económica de 2008; y, en tercer lugar, la introducción de beneficios monetarios relativamente bajos, como “la ayuda a los inicios” (en inglés, “start help”), el “beneficio de inserción” (“introductory benefit”) y la “regla de las 225 horas”, ha limitado el apoyo a algunas familias (Eurochild, 2024).

Por ejemplo, el requisito mínimo de trabajo, conocido como la “regla de las 225 horas”, obliga a las personas que reciben asistencia social a demostrar que han trabajado al menos 225 horas en los 12 meses anteriores (Secretario de Gabinete para la Justicia Social, 2025). El beneficio de inserción se introdujo para los refugiados recién llegados, reemplazando la asistencia social, y su elegibilidad depende de la participación en un programa de inserción (Bredgaard, Lind Ravn, 2021).

A principios de 2022, alrededor de 50.000 hogares con niños recibieron subsidios para la vivienda, que cubrían entre un 40 % y un 60 % del alquiler mensual, según la composición del hogar. Las autoridades locales evalúan y responden a las necesidades de vivienda pública dentro de sus comunidades, proporcionando apoyo financiero para desarrollar nuevas viviendas.

Sin embargo, la elegibilidad para las asignaciones infantiles se limita a ciudadanos daneses o a extranjeros que han residido entre 1 y 3 años en Dinamarca. Aunque esta política busca fomentar el empleo entre los residentes no daneses, excluye a ciertos grupos de refugiados, lo que representa un desafío para los niños recién llegados y sus familias (Eurochild, 2024).

Discriminación

En la década de 1950, unos 20 niños inuit de entre cinco y nueve años, fueron trasladados desde aldeas de Groenlandia a Copenhague para aprender danés. El objetivo era formar un pequeño grupo élite capaz de guiar la isla hacia la modernidad (Jiménez Barca, 2025). Tras dos años, muchos habían olvidado su lengua materna y, en lugar de regresar con sus familias, fueron ubicados en una especie de orfanato para continuar su “reeducación” (Jiménez Barca, 2025).

Con el tiempo, muchos de estos niños se perdieron, recurriendo al alcohol o mendigando en las calles heladas de Nuuk, desarraigados y sin rumbo. Otros terminaron casándose con daneses. En septiembre de 2022, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió disculpas públicamente a seis de estos niños, ahora ancianos, los únicos aún con vida en ese momento. “Lo que sufrieron fue terrible; fue inhumano, injusto e insensible”, les dijo (Jiménez Barca, 2025).

En febrero de 2023, el Parlamento danés destinó 7,8 millones de coronas danesas para reforzar la gestión de casos y la cooperación en situaciones que involucren a familias groenlandesas. La iniciativa persigue prevenir que las autoridades danesas evalúen las habilidades parentales de ciudadanos groenlandeses sobre bases incorrectas en los casos de inserción. Las pruebas psicológicas utilizadas actualmente por las autoridades no están adaptadas a la cultura groenlandesa. Como resultado, existe el riesgo de que los padres groenlandeses obtengan una puntuación más baja que si se aplicara una prueba culturalmente adaptada (Instituto Danés de Derechos Humanos, 2023).

Según el Instituto Danés de Derechos Humanos, los errores en la evaluación de las habilidades parentales de los groenlandeses pueden tener consecuencias de gran alcance tanto para los padres como para los niños, ya que pueden derivar en la retirada forzosa de un menor que no debería haber sido separado de su familia. Por lo tanto, el uso de pruebas no adaptadas culturalmente puede representar un riesgo de discriminación hacia los groenlandeses en Dinamarca y una violación de su derecho a la vida familiar (Instituto Danés de Derechos Humanos, 2023).

Niños desplazados

Actualmente, Dinamarca enfrenta una creciente resistencia política hacia políticas migratorias más inclusivas, a pesar de que prácticamente no se ha logrado un avance hacia un sistema migratorio más abierto y solidario. En su lugar, Dinamarca ha introducido leyes más restrictivas para los inmigrantes, en las que las familias inmigrantes son separadas y se niega la ciudadanía a los hijos de segunda generación.

Esto, naturalmente, también afecta a los niños de estas familias, quienes deben soportar la separación de sus padres o cuidadores. En cambio, los niños que huyen de la guerra en Ucrania han sido recibidos en Dinamarca y han obtenido apoyo desde todos los frentes (Eurochild, 2024).

Solicitantes de asilo

Aproximadamente uno de cada tres solicitantes de asilo en Dinamarca es un niño menor de 18 años, la mayoría de los cuales llega acompañado de uno o ambos padres y convive con ellos. Legalmente, estos niños son considerados simplemente acompañantes de sus padres, lo que significa que sus razones para solicitar asilo no se evalúan a menos que sean explícitamente mencionadas por los progenitores.

Esta práctica contraviene las recomendaciones del ACNUR, que instan a evaluar las solicitudes independientes de los niños cuando corresponda y a realizar entrevistas basadas en su nivel de madurez. Desde la década de 2020, los niños han comenzado a recibir sus propios números de identificación. Los hijos nacidos de solicitantes de asilo reciben certificados de nacimiento daneses, pero se registran con la nacionalidad de sus padres. Aquellos nacidos de padres apátridas solo pueden acceder a la ciudadanía danesa si cuentan con residencia legal (Clante Bendixen, 2023).

Menores no acompañados

Los menores no acompañados, en su mayoría adolescentes varones, llegan sin tutores y a menudo carecen de documentación que acredite su edad. Las autoridades pueden someterlos a pruebas de edad, las cuales han recibido críticas por su falta de precisión. Viven en centros especializados con representantes designados por la Cruz Roja, y sus solicitudes de asilo siguen el mismo proceso que los adultos.

En caso de ser rechazados, los menores no acompañados pueden recibir residencia temporal únicamente si no tienen familiares en su país de origen, aunque esto es poco frecuente y expira al cumplir los 18 años. No se les transfiere bajo el Reglamento de Dublín a menos que ellos decidan hacerlo (Clante Bendixen, 2023).

Justicia de menores

En Dinamarca, la edad mínima de responsabilidad penal es de 15 años. Sin embargo, desde la reforma de 2019, bajo el lema “Todas las acciones tienen consecuencias”, los niños desde los 10 años pueden entrar en contacto con el sistema de justicia a través de la recién creada Junta de Delitos Juveniles (Youth Crime Board, YCB) y el Servicio de Libertad Condicional de menores (Youth Probation Service, YPS). Estas instituciones están autorizadas a imponer intervenciones obligatorias y procedimientos de tipo judicial a menores de entre 10 y 17 años implicados en delitos violentos o reincidentes (Henriksen et al., 2024).

Aunque la reforma se presentó con el objetivo de prevenir la delincuencia juvenil, ha sido criticada por contribuir a la criminalización de los niños y por debilitar las garantías legales esenciales. Se han planteado preocupaciones sobre la falta de acceso a un proceso justo, los mecanismos limitados de apelación y la ausencia de tribunales especializados o procedimientos adaptados a la infancia (Henriksen et al., 2024).

Antes de la reforma de 2019, los menores de 15 años no podían ser sometidos a procedimientos penales. El nuevo sistema, aunque no reduce formalmente la edad de responsabilidad penal, introduce de facto medidas punitivas para niños desde los 10 años, una práctica considerada inconsistente con las normas internacionales que recomiendan una edad mínima de responsabilidad penal de 14 años y la priorización de medidas no judiciales (Henriksen et al., 2024).

Además, los menores de entre 15 y 17 años pueden ser detenidos preventivamente durante hasta ocho meses bajo la Ley de Administración de Justicia y pueden cumplir penas privativas de libertad en prisiones para adultos, lo que genera serias preocupaciones sobre su seguridad, bienestar y futura reintegración (Henriksen et al., 2024).

A pesar del reconocimiento internacional del modelo nórdico por su énfasis en la rehabilitación y el bienestar infantil, la trayectoria reciente de Dinamarca marca un giro hacia prácticas de justicia juvenil más punitivas. Juristas y organizaciones de derechos humanos han argumentado que esta tendencia se aparta de los principios rehabilitadores tradicionalmente asociados con el modelo de bienestar nórdico y podría poner en riesgo el cumplimiento de los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño (Henriksen et al., 2024).

Escrito por Arianna Braga

Revisado internamente por Aditi Partha

Traducido por Mireia López

Revisado por Nieves Carazo

Última actualización el 20 de junio de 2025

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[1] Este artículo de ninguna manera pretende ofrecer un relato completo o representativo sobre los derechos de los niños en Dinamarca; de hecho, uno de los muchos desafíos es la escasa información actualizada sobre la niñez danesa, gran parte de la cual es poco confiable, no representativa, desactualizada o simplemente inexistente.