Unos 3000 niños fueron arrestados y unos 1000 condenados en El Salvador, en su mayoría por cargos de pertenencia a banda criminal, en el marco de la denominada «guerra contra las pandillas» del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, este éxito tiene un alto precio para los derechos infantiles. Los niños recluidos en centros de detención de menores denuncian torturas, condiciones inhumanas e insalubres, así como falta de alimentos, atención médica y contacto con sus familias.
Aumento de la violencia en El Salvador
Los arrestos comenzaron en marzo de 2022, cuando el presidente Nayib Bukele declaró el estado de excepción y anunció un conjunto de políticas de «mano dura» destinadas a atajar la violencia de las bandas en la que entonces era la capital mundial del asesinato (The New Humanitarian, 2024). El Salvador ha registrado durante décadas unas tasas de homicidio altísimas y en 2015 era considerado el país más violento del mundo (Pinnow, 2024).
Dos bandas, Barrio 18 y MS13, controlaban la vida en El Salvador desde la década de 1990. En 2015, contaban con 60 000 miembros en un país de 6 millones de habitantes. La mayoría de los negocios eran extorsionados y la tasa anual de homicidios era de 103 por cada 100 000 habitantes (Graham, 2024).
Durante años, los salvadoreños no pudieron llevar una vida normal debido a la extorsión de las bandas y a las continuas guerras territoriales entre ellas. Se les cobraba por regentar sus negocios, no podían caminar una manzana sin arriesgar la vida y los niños quedaban atrapados en el fuego cruzado de las bandas de camino al colegio o mientras jugaban en la calle (Pinnow, 2024).
La transformación hacia la seguridad
El presidente Bukele abordó la crisis emprendiendo una guerra a gran escala contra las bandas y declarando el estado de excepción horas después de que la famosa pandilla MS-13 asesinara a 87 personas en un fin de semana de marzo de 2022, rompiendo una tregua secreta que su gobierno había acordado un año antes (Pinnow, 2024). El estado de excepción, que en principio debía durar solo 30 días, se ha prorrogado desde entonces unas escandalosas 20 veces, dando lugar a una guerra de más de dos años contra comunidades vulnerables (Harikrishna, 2024).
Encerrando a más del 1 % de la población, Bukele ha convertido uno de los países más violentos de América Latina en uno de los más seguros: según datos oficiales, en 2023 la tasa de homicidios había descendido a 2,4 por cada 100 000 habitantes (Graham, 2024). Para 2023, el índice de homicidios se había reducido un 70 % y el país tiene ahora la tasa de asesinatos más baja de América Latina y se ha convertido en un modelo para otros países de la región (Pinnow, 2024).
Los niños son las víctimas más vulnerables de las políticas de seguridad
Los activistas de derechos humanos se apresuran a subrayar que este éxito ha tenido un alto coste, con más de 76 000 personas detenidas, muchas de ellas en lo que los testigos han descrito como redadas indiscriminadas (The New Humanitarian, 2024). Entre temores de una deriva autoritaria y denuncias generalizadas de violaciones de los derechos humanos, los críticos afirman que la represión de las bandas ha hecho que el gobierno preste menos atención a las cuestiones humanitarias y señalan que son los más vulnerables, como los niños, quienes están pagando el coste más alto por la seguridad nacional (Pinnow, 2024).
Desde marzo de 2022, la policía y el ejército han detenido a 2900 niños. La situación es alarmante. Un nuevo informe documenta violaciones de los derechos de los niños detenidos, incluidas torturas y otras formas de malos tratos como condiciones inhumanas e insalubres, así como falta de alimentos, atención sanitaria y contacto con sus familias (Maier, 2024).
Prácticas de detención y vulneraciones de derechos
Muchos de los menores detenidos en la represión no tienen conexión aparente con bandas o actividades delictivas (Graham, 2024). Más de 1000 de los menores detenidos han sido condenados a penas de entre 10 y 20 años de prisión, a menudo por cargos generales como «asociación ilícita» (de definición extremadamente amplia) y utilizando declaraciones de la policía no corroboradas y contradictorias (Maier, 2024).
Además, las autoridades obligaban a los niños a hacer confesiones falsas de delitos mediante una combinación de acuerdos abusivos y, en ocasiones, malos tratos o torturas (Maier, 2024). Un niño relató que las autoridades le interrogaron sobre su posible pertenencia a una banda antes de meterlo en una celda. Jueces y fiscales han mantenido habitualmente a niños en prisión preventiva prolongada, una práctica que, dadas las terribles condiciones de los centros de detención de menores, exponía a los niños a mayores riesgos de sufrir abusos (HRW, 2024).
En casi todos los casos documentados por Human Rights Watch (HRW), a los niños detenidos se les negaron las visitas familiares durante semanas o meses de detención (HRW, 2024). A algunos de ellos también se les ha negado el acceso a un abogado (Maier, 2024).
El uso de varias formas de violencia
Human Rights Watch (HRW) documentó 22 casos de niños que fueron golpeados y maltratados físicamente por las fuerzas de seguridad durante y después de su arresto en comisarías de policía y los refugios y centros de reclusión de El Espino, Sendero de Libertad, Tonacatepeque y Femenino. Los policías y soldados los patearon y golpearon repetidamente con palos y cinturones. Las autoridades empleaban un lenguaje ofensivo (y a veces amenazas de muerte) durante el abuso físico.
Trece niños dijeron que los agentes de seguridad les negaron mantas o colchones y tuvieron que dormir en el suelo durante varios días o semanas. En dos casos, los niños fueron sometidos a privación del sueño. Los castigos también incluían quitarles los colchones y la ropa, reducir el número de comidas que recibían, rociar sus celdas con gas pimienta y obligarles a llevar la misma ropa durante días antes de lavarla (HRW, 2024).
Varios niños sufrieron abusos por parte de otros detenidos, incluidas palizas y, en dos casos, violencia sexual, y los guardias hicieron poco o nada para protegerlos. Algunos dijeron que las celdas estaban controladas en la práctica por miembros de bandas que se hacían llamar «líderes de celda». Supervisaban tareas como la limpieza y la distribución de los alimentos y a menudo utilizaban la violencia para imponer sus normas. En algunos casos, sometían a los detenidos a interrogatorios sobre su pertenencia a bandas (HRW, 2024).
Falta de acceso a alimentación y atención médica adecuadas
Los niños y sus familiares entrevistados describieron las condiciones de detención como inadecuadas, en celdas a menudo insalubres y con hacinamiento, falta de alimentos nutritivos adecuados, carencia o negación de medicamentos, atención médica adecuada y educación. Semejante entorno es peligroso para los niños detenidos, no solo física, sino también psicológicamente, ya que socava su dignidad y obstaculiza cualquier esfuerzo significativo para su reintegración en la sociedad (HRW, 2024).
«Pasé siete días en una celda sucia y abarrotada, con «agua derramándose» de los retretes rotos al dormitorio donde dormían los niños, algunos sin colchones. La comida era amarga.»
– Una joven de 17 años de El Salvador (HRW, 2024)
Un profesional sanitario fue testigo de enfermedades y afecciones como tuberculosis, infecciones por hongos y sarna, desnutrición grave y problemas digestivos, incluida la diarrea. Los niños a menudo no recibían tratamiento y los guardias no les proporcionaban medicación para enfermedades crónicas, como inhaladores para el asma (HRW, 2024).
Las niñas sufrían además episodios de abusos sexuales tanto por parte de los guardias como de otros detenidos. El profesional sanitario entrevistado informó de que trató a muchas de ellas por infecciones vaginales, que creía que podían ser consecuencia de los abusos (HRW, 2024).
Hacinamiento y detención como adultos
Aunque las condiciones de los centros de detención juveniles de El Salvador han sido deplorables durante mucho tiempo, el enfoque cada vez más punitivo contra los niños ha provocado un hacinamiento, al menos temporal, en los albergues donde los niños permanecen a la espera de juicio y en los centros de detención de menores. En octubre de 2021, la capacidad oficial combinada de los cuatro centros de detención de menores de El Salvador era de 500 plazas: El Espino albergaba a 100 niños, Sendero de Libertad y Tonacatepeque a 150 cada uno, y Femenino a 100.
Sin embargo, en septiembre de 2022, había 1730 niños y adolescentes en estos centros, según las autoridades. El Espino albergaba a 381 menores, Sendero de Libertad a 701, Tonacatepeque a 322 y Femenino a 326, lo que significa que estos centros estaban al 381, 467, 214 y 326 por ciento de su capacidad, respectivamente (HRW, 2024).
En algunos casos, los niños fueron retenidos junto a adultos durante los primeros días de su primer arresto, antes de ser trasladados a centros de menores superpoblados, descritos por los autores como «entornos peligrosos y deshumanizadores que no dan prioridad al bienestar y la reintegración de los niños» (Graham, 2024).
Pobreza y doble victimización de los niños
Muchos de los niños detenidos durante el estado de emergencia vivían en barrios de bajos ingresos, donde la violencia era una presencia constante. La pobreza generalizada, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales han dejado a muchos con pocos caminos viables, lo que permite a las bandas aprovecharse de ellos y a las fuerzas de seguridad estigmatizarlos como delincuentes y acosarlos (HRW, 2024).
En esta situación, los niños son víctimas por partida doble. En primer lugar, los menores detenidos suelen proceder de comunidades peligrosas y económicamente desfavorecidas, donde el acceso limitado a la educación y a las oportunidades laborales los hace más vulnerables al reclutamiento por parte de las bandas (The New Humanitarian, 2024). En segundo lugar, las fuerzas de seguridad los estigmatizan como delincuentes, los detienen y los maltratan (Maier, 2024).
Para reforzar esta dinámica, HRW informó de noticias según las cuales el Ministerio de Educación estaba pidiendo a los profesores que denunciaran a los alumnos con «comportamiento antisocial» utilizando un formulario específico. Esta práctica suscita serias inquietudes con respecto a los derechos y la intimidad de los alumnos, especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos son niños.
Obligar a los educadores a informar sobre los presuntos vínculos de los niños con las bandas socava la confianza entre profesores y alumnos, convirtiendo las escuelas en un entorno de vigilancia y sospecha en lugar de en un espacio seguro para el aprendizaje y el desarrollo. Además, etiquetar a los alumnos basándose en el criterio subjetivo del «comportamiento antisocial» puede conducir a la estigmatización, la discriminación y el posible abuso por parte de las autoridades (HRS, 2024).
Los efectos de la detención para los niños a largo plazo
Las consecuencias de la detención para los niños privados de libertad en estos contextos pueden ser profundas y duraderas. La detención altera considerablemente la educación de los menores, provocando muchas veces ausencias escolares prolongadas que conducen a retrasos académicos y a un mayor riesgo de abandono escolar. Además, el estigma asociado a la detención dificulta la reintegración social, menoscabando las relaciones personales y la aceptación de la comunidad (HRW, 2024).
«Si te han detenido, ya te consideran mala persona. Como te han detenido, piensan que eres malo. Los vecinos y la policía te miran con recelo. La policía viene a ver dónde trabajas y te pregunta qué haces. Si estás en casa, vienen a acosarte. Tengo miedo de que me vuelvan a detener.»
– Estudiante de 15 años de El Salvador en el momento de la detención (HRW, 2024)
Los niños detenidos corren el riesgo de sufrir problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT), que pueden manifestarse en síntomas como insomnio y pesadillas. La experiencia de la detención también puede causar daños significativos en su desarrollo cognitivo y físico a largo plazo (HRW, 2024).
La detención es una experiencia muy traumática para los niños, ya que implica la pérdida de control, la separación forzosa del mundo exterior, el alejamiento de su comunidad, cultura y religión, y la incapacidad de experimentar la vida como algo predecible, con sentido y seguro. Cuanto más tiempo permanezcan detenidos, más probabilidades tendrán de sufrir episodios traumáticos y experimentar sentimientos de aislamiento, desapego y pérdida de confianza, ya que las investigaciones han demostrado una clara relación entre la duración de la detención y la gravedad de los problemas psicosociales y de desarrollo a los que se enfrentan los niños (HRW, 2024).
Recomendaciones de actuación
Como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), El Salvador está obligado a proteger los derechos de los niños, entre otras cosas garantizando que sus actuaciones tengan como consideración primordial su interés superior, que no se les prive de libertad arbitrariamente y que se les trate de manera acorde con su edad, dignidad y valía en todos los procedimientos judiciales (HRW, 2024).
Gobierno
El gobierno debe establecer un mecanismo ad hoc para revisar los casos de las personas detenidas durante el estado de excepción. El mecanismo debe dar prioridad a la revisión de los casos de niños y otros detenidos vulnerables, con vistas a liberar inmediatamente a todos los arrestados sin pruebas. Resulta crucial que la detención solo se utilice como último recurso en el caso de los niños, y durante el periodo más breve posible. Cuando la detención sea inevitable, debe llevarse a cabo en instalaciones seguras, humanas y propicias para la reintegración de los niños en la sociedad (HRW, 2024).
El gobierno también debería desarrollar una estrategia de seguridad que proteja a los niños de la violencia y el reclutamiento de las bandas, incluyendo la implementación de iniciativas de prevención de la violencia, programas de rehabilitación para los niños reclutados y apoyo a la reintegración de aquellos que estén en conflicto con la ley (HRW, 2024).
Instituciones nacionales
El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), que supervisa la protección de los derechos del niño, debe garantizar que los menores detenidos tengan acceso a la educación y la atención sanitaria y que los centros de detención de menores cumplan las normas internacionales de derechos humanos. También debería establecer un sistema independiente de quejas sobre los centros de detención de menores (HRW, 2024).
Comunidad internacional
Es necesaria la acción internacional para prevenir más violaciones de los derechos humanos en El Salvador. Los gobiernos de Estados Unidos, los países de Latinoamérica y los Estados miembros de la Unión Europea deben centrar su atención en la situación de El Salvador, incluso a través del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los gobiernos extranjeros y las instituciones financieras internacionales deben abstenerse de prestar apoyo a las instituciones gubernamentales presuntamente implicadas en abusos y deben centrar la asistencia en los medios de comunicación independientes y la sociedad civil (HRW, 2024).
Sociedad civil
La comunidad internacional debe promover políticas de seguridad eficaces y respetuosas con los derechos para garantizar que la población de El Salvador, y de toda América Latina, no se vea obligada a elegir entre vivir bajo el control de las bandas o bajo una intensa represión estatal. Deben priorizar el apoyo a los derechos de los niños que, ya sea a manos de las bandas o de las fuerzas de seguridad, son los que más pueden sufrir (HRW, 2024).
Humanium se dedica a defender los derechos de los niños en El Salvador. A través de una nueva sección, damos a conocer el estado de los derechos de la infancia en todo el mundo y destacamos los retos que impiden a los niños acceder a sus derechos. Si desea apoyar nuestro trabajo, considere la posibilidad de hacer una donación, colaborar como voluntario o hacerse socio.
Escrito por Arianna Braga
Traducido por Adrian Cuellar Correa
Revisado por Eva Milla
Referencias:
Graham, T. (2024). Thousands of children swept up in El Salvador mass arrests, rights body says. Retrieved from The Guardian at https://www.theguardian.com/global-development/article/2024/jul/16/el-salvador-children-detentions-human-rights-watch, accessed on 6 October 2024.
Harikrishna, S. (2024). Human Rights Violations against Children under El Salvador’s “State of Emergency”. Retrieved from Human Rights Research Centre at https://www.humanrightsresearch.org/post/human-rights-violations-against-children-under-el-salvador-s-state-of-emergency, accessed on 6 October 2024.
HRW (2024). El Salvador: Rights Violations Against Children in ‘State of Emergency’. Retrieved from Human Rights Watch – HRW at https://www.hrw.org/news/2024/07/16/el-salvador-rights-violations-against-children-state-emergency, accessed on 6 October 2024.
Maier, L.M. (2024). Daily Brief, Detained Children Tortured in El Salvador. Retrieved from Human Rights Watch at https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2024/08/14 accessed on 6 October 2024.
Pinnow, F. (2024). In El Salvador, peaceful streets carry hidden costs. Retrieved from The New Humanitarian at https://www.thenewhumanitarian.org/photo-feature/2024/03/13/el-salvador-peaceful-streets-carry-hidden-costs, accessed on 6 October 2024.
The New Humanitarian (2024). Salvadoran minors pay price of gang crackdown. Retrieved from The New Humanitarian at https://www.thenewhumanitarian.org/news/2024/07/16/salvadoran-minors-pay-price-gang-crackdown, accessed on 6 October 2024.
