Niños de Ruanda

Realizando los derechos de los niños en Ruanda

Ruanda ha avanzado considerablemente con la superación del legado que dejó el genocidio devastador de 1994. Las intensas reformas sociales, económicas y estructurales han provocado que el país sea testigo de un gran crecimiento económico y se han hecho grandes avances en la reducción de la pobreza y en la prestación de servicios médicos y educativos. Sin embargo, a pesar de estos avances, Ruanda sigue siendo uno de los países más pobres del mundo donde los niños continúan siendo vulnerables a la desnutrición crónica, malas condiciones sanitarias, violencia, trabajo infantil y explotación; todos los cuales ponen en peligro sus vidas, desarrollo y bienestar.

Índice de los Derechos del Niño: 6,56/ 10
Nivel rojo: Situación difícil

Población : 13 millones
Pob. de 0 à 14 años : 39%

Esperanza de vida: 69 años
Mortalidad en menores de 5 años: 34

Ruanda a simple vista

Ruanda es un pequeño país sin litoral de África Oriental que limita al oeste con la República Democrática del Congo (RDC), al este con Tanzania, al norte con Uganda y al sur con Burundi. Ruanda posee una de las densidades de población más altas de África, la cual tiene una población joven, mayormente rural, de aproximadamente trece millones de habitantes (World Bank, 2020). La realidad política, social y económica de Ruanda se encuentra intensamente afectada por la guerra civil que ocurrió a comienzos de 1990 y el genocidio de 1994. A pesar de esto, Ruanda ha hecho enormes avances durante las últimas dos décadas para lograr prosperidad económica y desarrollo infraestructural.

Con la intención de llevar a cabo el Plan de Desarrollo Visión 2020, Ruanda ha implementado dos estrategias de desarrollo económico y disminución de la pobreza de cinco años de duración (EDPRS I y EDPRS II). Además, la estabilidad política, gobernanza sólida, descentralización fiscal y administrativa y tolerancia cero con la corrupción son los factores fundamentales que han contribuido al crecimiento de la economía nacional (Republic of Rwanda, 2012).

Los niños representan un gran porcentaje de la población ruandesa, que tiene un 39 % de población de menores de quince años y una media de edad de 24,4. Aun más, los niños conforman un 83,5 % de la población rural de Ruanda, quienes con frecuencia viven en condiciones precarias y tienen acceso limitado a las necesidades básicas, tales como nutrición, asistencia médica, educación y protección (World Bank, 2020).

La población sumamente joven de Ruanda es una de las consecuencias que dejó el genocidio profundamente devastador de 1994, donde alrededor de 1 000 000 de ruandeses (United Nations, 2015) fueron asesinados en un lapso de cuatro semanas. Las inevitables repercusiones negativas de la masacre, junto con los desafíos de desarrollo actuales, continúan afectando las vidas de los niños ruandeses de diversas maneras (United Nations, 2015).

A pesar de los logros socioeconómicos, Ruanda todavía se enfrenta a varios desafíos de desarrollo que impactan directamente en el resguardo de los niños, entre los que se incluyen la desnutrición crónica (retraso del crecimiento), el desarrollo infantil temprano, la mortalidad neonatal, la baja calidad de la educación, y la violencia.

Situación de los derechos del niño [1]

Ruanda se ha comprometido firmemente en términos legales con la promoción y protección de los derechos de los niños. Este país es una parte firmante de numerosas convenciones, declaraciones y tratados internacionales sobre los derechos humanos, la educación, el trabajo, las discapacidades y los refugiados que requieren que el Gobierno se comprometa a garantizar los derechos de los niños en el país.

A nivel internacional, Ruanda ratificó especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1990 (la CDN de la ONU) seguido del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil y el Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en conflictos bélicos, ambos ratificados en 2002 (Sapsford, 2012).

Otros tratados internacionales que Ruanda ratificó incluyen el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (2000), la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (2002), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2002) y el Convenio n.º 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima para trabajar, adoptada en 1973 (1981) (Sapsford, 2012).

A nivel regional, Ruanda se compromete, en particular, con la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (2001). Sin embargo, Ruanda no ha ratificado solo tratados internacionales y regionales, sino que también ha aprobado varias leyes y políticas nacionales que tienen como objetivo amparar los derechos y necesidades de los niños con especial atención al entorno nacional. Ante todo, la Constitución de la República de Ruanda (2003), con las modificaciones introducidas hasta la fecha, reafirma la adherencia a los principios y compromisos con la protección de los derechos de los niños, específicamente con la convocación de la CDN de la ONU (CRIN, 2015).

La Política Nacional Integral de los Derechos de los Niños se designó en 2011 como una herramienta íntegra y complementaria con el propósito de coordinar la implementación de los derechos de los niños y contribuir a la creación de un fundamento para el enfoque multisectorial necesario para poner en funcionamiento la Política Nacional de Infancia y Adolescencia y el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (Sapsford, 2012).

Sumado a ello, en junio de 2012, Ruanda aprobó la ley Nº54/2000 con respecto a los Derechos y la Protección del Niño. El propósito de la ley fue establecer una «Declaración de Derechos» para los Niños de Ruanda con el fin de crear una ley unificada que abarcara todos los aspectos de los derechos de los niños y que cumpliera con todos los tratados internacionales ratificados (CRIN, 2015). La aprobación de esta ley implicó la creación de la Comisión Nacional para los Niños, una organización gubernamental para promover los derechos de los niños.

Atender las necesidades de los niños

Derecho a la salud

Desde que finalizó el genocidio, el gasto público de Ruanda en servicios de salud ha aumentado drásticamente. El Gobierno ha priorizado la salud materna e infantil en todos los programas de desarrollo de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Aparte de la descentralización de los servicios de salud, los servicios de salud maternos e infantiles fueron creados para enfatizar particularmente las políticas de salud maternas, neonatales e infantiles. Establecer el acceso universal a las coberturas de salud ha permitido que todos tengan acceso a los servicios de salud (CRIN, 2015).

Mientras que las tasas de mortalidad materna e infantil de Ruanda permanecen altas de acuerdo con los estándares internacionales, ambas han disminuido considerablemente durante las últimas décadas. La tasa de mortalidad en menores de cinco años de Ruanda ha caído gradualmente de 221,3 muertes cada mil nacidos vivos en 1970 a 34 muertes cada mil nacidos vivos en 2021 (Ministry of Health, Rwanda, 2020).

Esta disminución de la mortalidad infantil se puede ver como una consecuencia directa de las políticas del Gobierno, entre las que se incluyen los programas de vacunación infantil. Durante la última década, la tasa de vacunación infantil aumentó del 69,8 % al 93 %. La promoción activa de la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del niño ha ayudado también a reducir la desnutrición crónica del 44 % al 38 % (CRIN, 2015).

A pesar de la creciente cantidad de instituciones prestadoras de servicios de salud en todo el país, los niños siguen enfrentándose a numerosos problemas de salud y enfermedades. Las causas más comunes de la muerte infantil que han sido identificadas son neumonía, asfixia al nacer y meningitis entre los neonatos y malaria, infecciones respiratorias agudas y muertes relativas al VIH/SIDA entre los no neonatos (Neil, 2018).

Como consecuencia, el goce completo del derecho a la salud de los niños ruandeses sigue siendo una preocupación grave.

Derecho a la educación

El sistema educativo en Ruanda se considera uno de los más progresivos en África, ya que cuenta con acceso público y obligatorio a la educación primaria y secundaria básica hasta los doce años de edad. Cerca del 100 % de niños ruandeses están inscriptos en la escuela primaria y el 73 % de niños de quince años o más se consideran alfabetizados (CRIN, 2015).

El Gobierno proporciona, en particular, estipendios académicos, comedores escolares y sistemas de transferencia de dinero para aquellos niños que, por razones económicas, sociales o culturales, no pueden costear su educación (CRIN, 2015), (Unicef, 2018).

Sin embargo, mientras que casi todos los niños se inscriben en la escuela primaria, solo el 71 % de niños ruandeses logran completarla. La contratación de niños para realizar actividades laborales fuera de la escuela sigue siendo un obstáculo grave en cuanto a la asistencia escolar y la finalización de los estudios (Unicef, 2018).

Las aulas abarrotadas y la escasa disponibilidad de materiales escolares también han generado el deterioro de la calidad educativa. Además, los niños con discapacidades, así como las minorías y los niños refugiados, suelen enfrentarse a la discriminación y a graves impedimentos mientras acceden a su derecho a la educación (CRIN, 2015).

El acceso a la educación es fundamental para un país en desarrollo como Ruanda. La inscripción en la escuela no solo asegura y previene el trabajo infantil, sino que también estimula el desarrollo del conocimiento del niño y de las habilidades necesarias para crear un impacto en la sociedad y contribuir a su progreso.

Derecho a la identidad

En Ruanda, el 91 % de niños nacen en centros médicos, pero solo un 50 % de ellos están registrados en el ámbito del registro civil. Como consecuencia, los niños restantes no están registrados y corren el riesgo de no ser amparados por el Gobierno. El registro de nacimientos es un derecho esencial, ya que le proporciona al niño un nombre, parentesco, nacionalidad y edad. También representa una prueba de identidad, un símbolo de existencia ante la sociedad (Unicef, Rwanda: Birth Registration, 2017).

Sin registro y, por ende, sin un certificado de nacimiento, los niños no pueden inscribirse a los programas de asistencia social, ser admitidos en las escuelas ni ser protegidos del trabajo infantil y del matrimonio a edad temprana, entre otros problemas. Los adultos no pueden solicitar una identificación, necesaria para conseguir empleo y solicitar una licencia para conducir, o abrir una cuenta bancaria y acceder a un crédito para expandir un negocio (CRIN, 2015).

Incluso en la actualidad, Ruanda carece de un procedimiento de registro sencillo e inclusivo. La ausencia de procesos de registro descentralizados y digitalizados crea más obstáculos para los padres que desean registrar a sus hijos al nacer. El artículo 12 de la ley n.° 14/2008 penaliza a aquellos padres que no registran a sus hijos dentro de un período requerido de treinta días y, por lo tanto, pasado ese plazo de tiempo, surgen más impedimentos legales para registrar al niño (CRIN, 2015), (World Vision, 2016).

Además, el requisito legal que determina que el padre debe estar presente durante las visitas al médico y, especialmente, durante el registro es una causa más para que no se inscriba a los niños. La mayoría de niños nacidos de madres menores de edad por lo general no están registrados. A raíz de esta cuestión, yace el hecho de que muchos embarazos adolescentes surgen como resultado de abusos sexuales y, por consiguiente, no cumplen con el requisito de que el padre esté presente durante la primera visita prenatal.

Sumado a esto, la mayoría de madres adolescentes no poseen documento de identidad durante el registro. Por lo tanto, las madres registran a sus bebés a nombre de sus padres o no los registran. Las madres solteras con frecuencia se enfrentan al estigma y temen la responsabilidad de no tener un padre para el niño que el estricto procedimiento reconozca legalmente (World Vision, 2016).

Derecho a la alimentación y al agua

La nutrición adecuada y el suministro de agua son esenciales para la supervivencia y salud de un niño, ya que afecta directamente a su bienestar y desarrollo físico y cognitivo. La nutrición deficiente de la madre puede tener consecuencias negativas para el bebé dentro del vientre, las cuales luego se pueden extender hasta la adultez y transmitirse de generación en generación. La desnutrición o nutrición deficiente sigue siendo responsable de una gran cantidad de muertes en Ruanda, pero también impacta en los logros académicos, la productividad económica y el desarrollo nacional en general (USAID, 2018).

Aparte de una nutrición deficiente, los niños de Ruanda se enfrentan con frecuencia a dificultades para acceder al agua. Aunque se han hecho grandes avances en relación con el acceso al agua, los problemas de calidad y disponibilidad continúan, particularmente en las zonas rurales. Existe una notable disparidad entre los diferentes sectores de la población que tienen acceso al agua potable de todo el país. Los sectores más necesitados son los primeros en verse afectados. Se estima que alrededor del 74 % de la población ruandesa que vive en el quintil más pobre no tiene acceso a agua limpia en comparación con el 34 % del quintil más adinerado (USAID, 2018).

Esta disparidad impacta directamente en la salud de los niños, ya que disminuye el acceso a una higiene decente y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de que se transmitan enfermedades causadas por el agua contaminada, la escasa desinfección y las prácticas de higiene inseguras. Aun más, las mujeres y niñas de los países en desarrollo son más propensas a acarrear con la dificultad de acceder a agua limpia. Las caminatas diarias que recorren las niñas para conseguir agua limpia las priva de su derecho a la educación (CRIN, 2015).

Derecho a la protección

Las leyes de Ruanda les garantizan a todos los ciudadanos ser tratados por igual y ser protegidos contra la discriminación. No obstante, a pesar de los grandes avances que el país ha hecho para proporcionar igualdad dentro de las minorías étnicas, hay algunas disparidades que prevalecen.

Los niños que nacen como resultado de las violaciones, los niños afectados por el VIH/SIDA, los niños con discapacidades, las niñas jóvenes, los niños que viven en la pobreza, los niños que viven en situación de calle, los niños a cargo de sus hogares, los niños con atención residencial, los huérfanos y los niños que provienen de «comunidades históricamente marginadas» corren el riesgo particular de sufrir discriminación en Ruanda (CRIN, 2015).

Por ejemplo, la comunidad batwa, que representa el 1 % de la población ruandesa, todavía afronta dificultades para acceder a los servicios básicos. Estos impedimentos afectan directamente a su derecho a la salud y a la educación. Como consecuencia, su comunidad es testigo de una tasa de mortalidad infantil alta, enfermedades y desnutrición, que luego genera que padezcan una esperanza de vida promedio más baja. Además, el crecimiento del sector agricultor en el país les ha afectado de manera directa y ha provocado que perdieran acceso a las tierras ancestrales sin recibir ninguna compensación. Por ende, viven en condiciones de gran privación y sufren de pobreza extrema y exclusión social (UNPO, 2018).

La comunidad LGBTQ+ también ha sido objeto de discriminación. Aunque Ruanda sigue siendo uno de los pocos países africanos que no ha penalizado la homosexualidad, hay estigmas sociales profundamente arraigados hacia los individuos de esta comunidad que, a su vez, con frecuencia causa grandes impedimentos para acceder y gozar del derecho a la salud (CRIN, 2015).

Factores de riesgo desafíos específicos del país

Pobreza

En el marco del Plan «Visión 2020» para combatir la pobreza, el Gobierno ruandés llevó a cabo una política de privatización y liberalización integral con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico acelerado y sustentable y, por ende, disminuir la tasa de pobreza en el país. El principal propósito de estas reformas socioeconómicas es reestructurar la economía de Ruanda, la cual está basada un 90 % en la agricultura de subsistencia, y transformarla en un propulsor moderno y diversificado (UNPD, 2021).

A pesar de que Ruanda ha atravesado un crecimiento económico acelerado y ha hecho un avance enorme en muchos ámbitos del bienestar social, la pobreza permanece omnipresente. En 2020, el 38,2 % de la población ruandesa vivía en pobreza y el 16 %, en pobreza extrema. Como consecuencia, el 38 % de niños menores de cinco años padecen retraso del crecimiento y el 49 % de ellos están en el quintil más pobre (USAID, 2018).

La pobreza tiene efectos devastadores en la salud de los niños, en la educación y en el desarrollo cognitivo. Los niños que nacen en la pobreza de Ruanda son más propensos a experimentar problemas de salud, entre los que se incluyen la nutrición deficiente, las enfermedades crónicas y el acceso restringido al agua y a una higiene apropiada. La pobreza también es un gran factor causante de que se someta a los niños al trabajo infantil (World Bank, 2015).

Violencia

La historia de Ruanda ha tenido y sigue teniendo consecuencias terribles en los niños. Los estudios han demostrado que los legados del genocidio de Ruanda se transmiten, directa e indirectamente, dentro de las estructuras familiares, las estrategias de crianza y la situación socioeconómica de las familias (Center for International Criminal Justice, 2017).

Muchos de los niños huérfanos del país son el resultado trágico de una guerra civil violenta. Aquellos que sobrevivieron han sido expuestos a atrocidades en un nivel jamás antes visto. Estos traumas sin expresar provocan que los padres sean menos delicados con las necesidades de sus hijos, quienes en la actualidad son víctimas de violencia doméstica. Por lo tanto, se incurre en el ciclo vicioso de la violencia y se transmite de generación en generación (Center for Internation Criminal Justice, 2017), (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 2017).

Estudios recientes han demostrado que los niños que han sufrido de violencia son más propensos a abusar de otros niños. Alrededor del 60 % de los jóvenes, en especial las niñas, creen que las mujeres deberían tolerar la violencia con el propósito de mantener a sus familias unidas. Como consecuencia directa, en Ruanda, cinco de cada diez niñas y seis de cada diez niños son víctimas de al menos una forma de violencia (sexual, física o emocional) antes de los dieciocho años. Con mucha frecuencia, los niños son abusados por personas que forman parte de su entorno cercano: padres, vecinos, docentes o amigos (Unicef, 2018).

Los niños que son sometidos a la violencia pueden sufrir consecuencias graves en la salud y en la sociedad a corto y largo plazo. La consecuencia directa de la violencia ejercida por los padres, cuidadores y otras personas se ha asociado a la cantidad de problemas emocionales y de comportamiento durante la adolescencia y adultez, entre los que se incluyen agresión, desorden de la conducta, abuso de sustancias adictivas, rendimiento académico deficiente, ansiedad, depresión, bajo autoestima y comportamiento suicida (WHO, 2017).

Trabajo y trata infantil

Durante los últimos años, Ruanda se ha convertido en un importante país de origen, tránsito y/o destino para las personas involucradas en el trabajo forzado y trata de menores. Las niñas ruandesas son frecuentemente obligadas a trabajar en la servidumbre doméstica y en el tráfico sexual. Ocurre una situación similar con los niños ruandeses, quienes son sometidos al trabajo forzado en sectores como la minería, agricultura e industria, pero también en áreas de servicios del exterior en países como China, India, Kenia, Kuwait, Arabia Saudita, Uganda, Zambia y partes de Asia del Este (US-Department of Labor, 2020).

Los traficantes tienden a apuntar en concreto a los grupos vulnerables, tales como jóvenes en situación de indigencia, niños huérfanos, niños con discapacidades, mujeres jóvenes o niñas y niños desplazados. Recientemente, hubo testigos que informaron un incremento del tráfico de niños debido a los impactos económicos de la pandemia de la COVID-19 (US-Department of State, 2021). El Gobierno aún debe tomar medidas proactivas adicionales para la prevención del trabajo y  la trata infantil y, en especial, para la búsqueda, detención y condena de los traficantes, junto con la provisión de establecimientos de asistencia a las víctimas a largo plazo.

Niños sin hogar y detenidos

Alrededor de 7 000 niños viven en las calles de Ruanda y es posible que sean fugitivos, no tengan hogar o trabajen en la calle (con o sin sus familias). Los niños son particularmente vulnerables, debido a que sus vidas se caracterizan por la inseguridad, la falta de comida, de protección, de acceso a la asistencia médica y de educación. Muchos padecen desnutrición o enfermedades y son extraordinariamente propensos a ser víctimas de aquellos que quieren dañarlos; por lo tanto, son susceptibles al abuso, negligencia y explotación (Salesian Center, 2021).

En Kigali, la capital de Ruanda, el Centro Transitorio de Gikondo ha funcionado como un centro de detención extraoficial donde los niños de la calle y también las personas sin hogar, mendigos y trabajadores sexuales son detenidos arbitrariamente (Human Rights Watch, 2020).

Desde 2017, los centros transitorios, como el Centro Transitorio de Gikondo, se rigen por la ley que establece el «Servicio de Rehabilitación Nacional» y varias órdenes posteriores del Gobierno, las cuales permiten retener a cualquier persona que exhiba «comportamientos desviados» en centros transitorios por un período de hasta dos meses sin ninguna otra justificación legal o proceso debido. En el centro transitorio, se encierran a los niños en condiciones inhumanas, en celdas abarrotadas, con escasa higiene y sanidad. La comida, el agua y los tratamientos médicos son escasos y los niños experimentan con frecuencia violencia por parte de los guardias y de otros detenidos.

Debido a estas violaciones de los instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos de los Niños, las organizaciones internacionales y también el Comité de los Derechos de los Niños le han solicitado al Gobierno de Ruanda que ponga un fin permanente a la detención arbitraria de niños que necesitan protección, que clausuren los centros transitorios y que se lleve a cabo una investigación completa sobre estos abusos (Human Rights Watch, 2020). Sin embargo, a pesar de la presión internacional, el Centro Transitorio de Gikondo y otros establecimientos similares siguen en funcionamiento hasta el día de hoy (CRIN, 2015).

Ruanda ha transitado un largo camino para promover y proteger los derechos de los niños. Sin embargo, todavía queda un largo trecho por recorrer y es hora de que el país opte por el camino hacia la comprensión integral de los derechos de cada niño.

Escrito por Anja Finke

Traducido por Marianella Bergami Mansilla

Revisado por Lorraine Valarino

Última actualización el 2 de octubre de 2021

Bibliografía:

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[1] Este artículo no pretende proporcionar un informe íntegro o representativo de los derechos de los niños en Ruanda. De hecho, uno de los tantos desafíos es la falta de información actualizada sobre los niños. Este artículo se basa mayormente en fuentes de las Naciones Unidas que se deben corroborar con los recursos de otras organizaciones.