Concretar los Derechos del Niño en Perú
Las inequidades socioeconómicas siguen afectando las vidas de los niños en Perú y los expone a la explotación sexual, al trabajo infantil, a la violencia de género y, más recientemente, a la orfandad debido al COVID- 19. Aunque el país ha ratificado numerosos instrumentos internacionales referentes para la protección de los derechos del niños, las persistentes disputas en el gobierno socavan la capacidad del país para proteger a los niños de zonas rurales, niños en situación de pobreza y niños indígenas.
Índice de los Derechos del Niño: 7,63 / 10
Nivel naranja: Problemas sensibles
Población : 33,92 millones
Pob. de 0 à 14 años : 25%
Esperanza de vida: 76,74 años
Mortalidad en menores de 5 años: 13 ‰
Perú a simple vista
La República de Perú es un país ubicado al oeste de Sudamérica. Al norte, Perú confina con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sudeste con Bolivia y al sur con Chile. En las costas sur y oeste del país, yace el océano Pacífico. Lima es la capital de Perú y su ciudad más grande (Davies et al., 2022).
Las disputas intensas entre las ramas del gobierno causan en Perú una inestabilidad política e institucional duradera. Esta crisis institucional ha provocado cinco cambios presidenciales desde 2016 y frecuentes conflictos políticos. Las renuncias recurrentes de presidentes y las instancias de procesos de destitución han causado cierres periódicos del parlamento.
Sin embargo, a pesar de esto, durante las dos últimas décadas, Perú ha tenido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica. En 2019, un estudio del Banco Mundial reveló que un 20 % de la población peruana vivía por debajo del umbral nacional de pobreza. La pobreza se ha asociado estrechamente con el incremento del trabajo infantil, con la deserción escolar temprana y con la explotación sexual infantil (Josenhans et al., 2021).
Perú hospeda a 55 grupos indígenas diferentes que viven a lo largo de la Amazonía y los Andes. Los niños de estas comunidades corren un mayor riesgo de ser explotados debido a la pobreza y, como consecuencia de la lejanía de sus ubicaciones geográficas, acceder a la educación y a los servicios de salud es difícil (Josenhans et al., 2021).
El estatus de los derechos del niño [1]
Perú se ha comprometido con varios instrumentos internacionales de protección de los derechos del niño.
En 1990, el gobierno ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Perú también forma parte de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que ratificó en 1982; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado en 1978; y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial ratificada en 1971.
En 2002, el gobierno ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución y pornografía infantil.
Además, Perú ha ratificado todos los principales convenios internacionales sobre el trabajo infantil, entre los que se incluyen el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (nro. 138) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (nro. 182) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantile, 1999 (nro. 182); el Protocolo de Palermo sobre el trata de Personas de la CDN de la ONU, el Protocolo Facultativo de la CDN de la ONU sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil y el Protocolo Facultativo de la CDN de la ONU sobre los Conflictos Armados.
A nivel nacional, en 2020, el gobierno progresó notablemente para eliminar las peores formas de trabajo infantil. El gobierno aprobó la ley 31047, que establece la edad mínima por ley para realizar trabajo doméstico a los 18 años (US Department of Labour, 2020).
Perú es un miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y está vinculado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 1996, el gobierno ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como la Convención de Belém do Pará).
A nivel nacional, el gobierno fortaleció la autoridad legal de la CDN en 1992 tras su ratificación con la aprobación del Código de los Niños y Adolescentes, que incorporaba la CDN.
Desde 1992, el sistema de protección de la infancia de Perú se ha compuesto del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, dirigido por el Ministerio de la Mujer y Desarollo social, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y la Oficina para los Niños (Davis, 2015).
Todos los procedimientos tribunales relacionados con niños ocurren en los Tribunales nacionales de Familia: la Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo y la Oficina de la Defensa del Niño y del Adolescente de los Estados Unidos (Davis, 2015).
Abordaje de las necesidades de los niños
Derecho a la educación
En Perú, la tasa de finalización de los estudios es más alta que en la mayoría de los países latinoamericanos. Desde abril hasta junio del 2021, el 86,9 % de niñas y niños asistieron a la escuela secundaria y el 97,7 % asistieron a la escuela primaria. Sin embargo, los abandonos escolares todavía suponen una problemática. Los datos recopilados desde 2021 indican que el 66,7 % de los niños de entre 6 y 16 años señalaron que las dificultades económicas eran el principal motivo por el cual no asistían a la escuela. (Josenhans et al., 2021).
Entre las comunidades que viven en Perú, los niños indígenas se enfrentan a varios impedimentos para acceder a la educación. En 2017, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática resaltó que, entre los niños mayores de 12 años, el 9,4 % de niños indígenas de la región andina, el 14,4 % de niños indígenas de la región amazónica y el 4,9 % de niños afroperuanos no fueron formalmente educados (Josenhans et al., 2021).
Las tasas de inscripción en las escuelas entre los niños migrantes de Venezuela permanecen bajas debido a la falta de documentos de identidad oficiales y de medios financieros. En 2018, los datos oficiales indicaron que el 25,3 % de los niños venezolanos en Perú de entre 3 y 5 años, el 46 % de entre 6 y 11 años y el 42 % de entre 12 y 16 años estaban asistiendo a la escuela durante la jornada completa (Josenhans et al., 2021).
En 2022, un informe de la ONG Save the Children descubrió que, en Lima y en Libertad, las dos regiones más pobladas de Perú, uno de cada cuatro niños migrantes de Venezuela no estaba escolarizado. Las principales dificultades que impiden que los niños venezolanos accedan a la educación de Perú son la falta de acceso al internet para inscribirse (29 %), el espacio insuficiente dentro de las escuelas (45 %) y la llegada de niños despues de que las escuelas hayan cerrado sus matrículas (23 %). Además, 1 de cada 10 niños venezolanos se enfrenta a la discriminación por parte de la administración escolar, lo cual dificulta la inscripción en la escuela (Valdivieso, 2022).
Derecho a la salud
Durante la última década, el gobierno ha avanzado con la disminución del hambre y la pobreza invirtiendo en programas sociales, sanitarios, educativos e infraestructurales. La tasa de malnutrición crónica infantil es del 13,1 %. Sin embargo, en las zonas rurales como las regiones de la Sierra y la Amazonía, las tasas de malnutrición crónica infantil son el 33,4 % de altas. El acceso limitado a los alimentos nutritivos ha causado que se extiendan los problemas de salud, como la anemia y la obesidad (World Food Programme, 2022).
Para responder al problema de la malnutrición crónica infantil, se estableció el proyecto de nutrición Juntos SWAp en las regiones peruanas de Amazonía, Cajamarca y Huánuco. Este proyecto se estableció para apoyar al gobierno con la demanda, el suministro y la gobernanza de servicios de nutrición. Los tres principales componentes de este proyecto fueron: (1) fortalecer y consolidar los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) para las familias con niños menores de 36 meses; (2) mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de salud preventiva y nutricion; (3) fortalecer la capacidad de los gobiernos para influenciar los resultados nutricionales (World Bank, n.d.).
Perú tiene tasas altas de embarazo adolescente, particularmente en la región andina. En 2021, hubo aproximadamente 1,436 adolescentes embarazadas menores de 15 años en Perú, lo cual indicó un incremento comparado con las 1,177 adolescentes embarazadas en 2020. Las tasas elevadas de embarazo adolescente se atribuyen a la pobreza y a la falta de accesibilidad a métodos anticonceptivos y de una educación reproductiva y sexual integral. Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realizado en Perú indica que 7 de cada 10 adolescentes embarazadas abandonan la escuela (Bayarte, 2022).
Derecho al agua potable y al saneamiento
En 2016, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento estimó que 3,4 millones de peruanos no tenían acceso al agua potable y que 8 millones no tenían acceso a saneamiento adecuado. Existen brechas más grandes para las comunidades indígenas que viven en la región amazónica. La Encuesta Nacional de Programas Estratégicos reveló que, en 2017, solo un 72,2 % de peruanos que viven en las zonas rurales tenía acceso al agua y menos del 25 % tenían acceso a un saneamiento adecuado (UNICEF Peru, 2019).
Para abordar la falta de agua y de saneamiento, el gobierno implementó un marco legal, el Decreto Legislativo nro. 1280, la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Este marco se elaboró para promover el objetivo de proveer de saneamiento a todas las zonas urbanas para el 2021 y a las zonas rurales para el 2030 (UNICEF Peru, 2019).
Derecho a la identidad
El artículo 6 del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes (ley 27337) les otorga a los niños el derecho a la identidad, en el que se incluye el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. El establecimiento y la creación del derecho a la identidad siguen siendo una gran problemática para el gobierno peruano y se refleja en la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia de 2021-2026, período en el que se destaca que el gobierno tiene la intención de registrar a los recién nacidos dentro del mes de su nacimiento. Dentro de esta Agenda, el gobierno ha transmitido que las disparidades económicas no deberían limitar el acceso de las familias al registro de nacimiento (UNICEF, 2021).
Antes del 2006, existían impedimentos para los hijos extramatrimoniales. A pesar de que el artículo 6 protege el derecho a la identidad, en el caso de los hijos extramatrimoniales, si el padre niega el parentesco, el niño no puede usar el apellido de su padre. Desde 2006, la enmienda de la ley 28720 y de los artículos 20 y 21 del Código Civil, produjo un cambio en el trato desigual en el derecho al nombre, específicamente para los hijos extramatrimoniales (Velásquez Rodríguez, 2005).
En 2016, un 99,2 % de los peruanos tenían documentos nacionales de identidad (Human Rights Council 2017). En Perú, la mayoría de los niños tienen documentos nacionales de identidad. Sin embargo, todavía existen impedimentos para que los niños indígenas, los de zonas rurales y los que viven en la pobreza accedan al registro de nacimiento (Committee on the Rights of the Child, 2016).
Factores de riesgo → Los desafíos específicos del país
Trabajo infantil
A pesar de la creación de leyes y reglamentaciones, todavía existen brechas que permiten que los niños de Perú sean sometidos a las peores formas de trabajo infantil, particularmente por la falta de prohibición del reclutamiento de niños por parte de los grupos armados no estatales (US Department of Labour, 2020).
Los niños en Perú son sometidos al trabajo infantil, particularmente en los sectores de la agricultura y de la pesca, cosechando arroz, nueces, castañas y criando cangrejos, huevos de camarones y langostinos. Los niños también se someten al trabajo forzado en otros sectores, como en la minería de plata y de oro, la producción de ladrillos para la construcción, la recolección de basura, la tala de árboles y el trabajo doméstico forzado que, con frecuencia, da lugar a la trata de menores (US Department of Labour, 2020).
Las vulnerabilidades económicas exponen a los niños peruanos a factores de riesgo como mayores tasas de abandono escolar y el trabajo infantil. Los niños que viven en la pobreza son más propensos a convertirse en el blanco de los grupos delictivos que tientan a los jóvenes vulnerables mediante contratos de empleo falsos (Josenhans et al., 2021).
Explotación sexual y trata de menores
Perú es un país de origen, tránsito y destino para la trata de menores con propósitos sexuales. Las inequidades socioeconómicas siguen determinando la vulnerabilidad de los niños en Perú y los expone a la explotación sexual en manos de grupos delictivos. Los niños indígenas que viven en la Amazonía y en los Andes corren un mayor riesgo de explotación sexual. Se ha denunciado que las niñas indígenas de estas regiones y, en particular, aquellas que viven cerca de las zonas ilegales de minería, son vulnerables al tráfico de menores, a la explotación sexual y a la prostitución (Josenhans et al., 2021).
Los datos del 2020 han aclarado la magnitud de la explotación y la trata de personas en Perú. Este informe reveló que el 40,5 % de los casos denunciados de tráfico humano se llevaron a cabo con niños y la mayoría de estos casos estuvieron relacionados con la explotación sexual.
Se identificaron dos sedes principales como hervideros de tráfico: un 31,6 % de los casos denunciados sucedió en burdeles y un 52,1 % en clubes nocturnos (Josenhans et al., 2021). Más recientemente, debido al incremento de la cantidad de usuarios de internet, también ha habido un aumento de las ofertas de trabajo fraudulentas en línea, de seducción de menores por internet y de estafas para explotar sexualmente a los menores y tentarlos con la prostitución.
A pesar de la ratificación de los principales convenios y marcos internacionales para prevenir la explotación sexual infantil, en realidad, todavía existen limitaciones. Por ejemplo, en Perú, la retransmisión en directo de abusos sexuales a menores todavía no se ha penalizado por ley.
Sin embargo, el gobierno ha demostrado su compromiso para afrontar la explotación sexual infantil por medio de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y la Política Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 (Josenhans et al., 2021). Desde 2022, Perú ha sido miembro del Instituto Interamericano del Niño, un cuerpo regional que tiene como objetivo abordar las problemáticas que afectan a los niños, entre las que se incluyen la explotación sexual (Josenhans et al., 2021).
Violencia de género
En un estudio nacional de 2019 sobre las relaciones sociales, se descubrió que el 58,5 % de los peruanos concebían la violencia contra los niños como socialmente aceptable y el 21,5 % consideraba que es mejor no interferir en los casos de abuso sexual contra los menores. Las actitudes estereotípicas y patriarcales suponen un mayor riesgo de violencia, explotación, trata y matrimonio infantil para las mujeres y las niñas (Josenhans et al., 2021).
Desde el brote de la pandemia de COVID-19, ha habido un incremento dramático de violencia de género en Perú. Entre enero y septiembre de 2020, han desaparecido más de 1,500 niñas, hubo 75 casos denunciados de femicidio y 35 muertes violentas en Perú. Los datos recopilados del Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables muestran que, entre marzo y julio de 2020, se hicieron 104 000 llamadas a la línea telefónica nacional en relación con la violencia doméstica y sexual (Godoy, 2020).
En 2021, el Centro de Culturas Indígenas de Perú publicó un informe que indicaba que, entre 2019 y 2020, hubo 754 casos denunciados de violencia sexual contra las niñas indígenas de entre 10 y 14 años. Las denuncias de estos casos siguen siendo baja debido a la lejanía geográfica de los incidentes y a la incapacidad para acceder a los servicios sociales o a las autoridades competentes (CHIRAPAQ, 2021).
Niños desplazados
Perú alberga el segundo mayor número de migrantes venezolanos después de Colombia. La crisis humanitaria de 2015 provocó la migración de más de seis millones de venezolanos. Una mayoría de estos niños llegaron a Perú sin acompañantes y sin documentos, lo que les expone a un mayor riesgo de ser víctimas de la trata o la explotación (Josenhans et al., 2021).
Niños huérfanos
Perú tuvo una de las tasas de mortalidad más altas del mundo durante el pico de la pandemia de la COVID-19, lo cual dejó aproximadamente 100 000 niños huérfanos. En marzo de 2021, el gobierno aprobó un régimen de asistencia financiera por emergencia, que proporcionaba 200 soles (aproximadamente 50 USD) mensuales para los niños huérfanos que perdieron a sus padres o a sus principales cuidadores durante la pandemia (Josenhans et al., 2021).
Escrito por Vanessa Cezarita Cordeiro
Corregido internamente por Aditi Partha
Traducido por Marianella Bergami Mansilla
Revisado por Lorraine Valarino
Última actualización el 31 de julio de 2022
Referencias:
[1] Este artículo no pretende de ninguna manera brindar un informe completo o representativo de los derechos de los niños de Perú. En efecto, uno de los tantos desafíos es la escasa información actualizada sobre los niños peruanos, mucha de la cual es poco fiable, no representativa, obsoleta o simplemente inexistente.
