Garantizar los derechos de los niños y niñas de Bulgaria


Bulgaria ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1991 y, desde entonces, ha adoptado medidas importantes para armonizar su marco de protección infantil con los estándares internacionales. Sin embargo, persisten desafíos que dificultan el pleno ejercicio de los derechos del niño, en particular la violencia contra la infancia, la discriminación contra los niños y niñas romaníes y la separación familiar.
Población: 6,8 millones
Población de 0 a 14 años: 6,6 %
Esperanza de vida: 71,3 años
Tasa de mortalidad en menores de 5 años: 6,1 ‰
Bulgaria en resumen
La República de Bulgaria (Republika Bŭlgariya) ocupa la parte oriental de la península balcánica, en el sureste de Europa. De contorno casi rectangular, el país limita al norte con Rumanía (gran parte de la frontera marcada por el curso inferior del río Danubio), al este con el mar Negro, al sur con Turquía y Grecia, al suroeste con Macedonia del Norte y al oeste con Serbia (Britannica, 2025).
Bulgaria es conocida por la diversidad de sus paisajes: sus montañas escarpadas y sus balnearios en la costa del mar Negro atraen a numerosos visitantes. Al igual que otros países de la península balcánica, refleja una mezcla de culturas orientales y occidentales, visible en su gastronomía, arquitectura y herencia religiosa.
Tras siglos de dominación otomana, Bulgaria proclamó su independencia a finales del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX se vio involucrada en varios conflictos bélicos del lado perdedor y, pese a su alineamiento con las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, a mediados de siglo quedó dentro de la órbita soviética. Esta alianza tuvo profundas repercusiones en el Estado y en la sociedad, influyendo en la organización del trabajo, el uso de la tierra, la religión y las artes (Britannica, 2025).
Tras el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este a finales de los años ochenta y principios de los noventa, Bulgaria inició un proceso de transición hacia la integración occidental. En 2004 se convirtió en miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en 2007 ingresó en la Unión Europea (UE) (Britannica, 2025).
Según los datos del censo de 2021 sobre autoidentificación étnica, el 84,6 % de las personas que respondieron a la pregunta se identificó como parte del grupo étnico búlgaro, el 8,4 %, como parte del grupo turco, el 4,4 %, como romaní y el 1,3 %, como perteneciente a otros grupos étnicos. Otro 1,3 % prefirió no responder o no pudo identificarse (NSI, 2021).
Panorama de los derechos del niño en Bulgaria [1]
Bulgaria ha ratificado diversos instrumentos internacionales para la protección y promoción de los derechos de la infancia, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1970, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1982 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) en 1966 (OHCHR, s. f.).

El 11 de abril de 1991, el Parlamento búlgaro ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) sin reservas sobre el texto. Asimismo, también ratificó el Protocolo Facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados en 2002 y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (OPSC) en 2001 (OHCHR, s. f.). Sin embargo, aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones (OPIC) (OPIC, CRC, s. f.).
Si bien Bulgaria ha presentado informes periódicos al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, persisten preocupaciones sobre la plena aplicación de la CDN en el país. En sus informes más recientes (2024), el Comité de los Derechos del Niño publicó sus conclusiones sobre el estado actual de la aplicación de la Convención (OHCHR, 2024).
El Comité reconoció avances como la reducción de la mortalidad infantil, la política de desinstitucionalización y ciertas medidas contra la pobreza infantil en Bulgaria. No obstante, señaló con preocupación las altas tasas de absentismo y abandono escolar, la baja calidad educativa y las desigualdades en el rendimiento y los resultados de los niños en situaciones desfavorecidas. Además, destacó la falta de avances en la reforma del sistema de justicia infantil, que debería garantizar que los menores que no hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal no estén sujetos a medidas punitivas, así como la eliminación progresiva de las escuelas correccionales.
Abordando las necesidades de los niños en Bulgaria
Derecho a la salud
Bulgaria cuenta con un sistema de salud universal basado en un seguro social de salud obligatorio, administrado por el Fondo Nacional de Seguro Médico (National Health Insurance Fund). El seguro voluntario juega un papel menor. Sin embargo, pese a estar concebido para garantizar la cobertura universal, entre un 11 % y un 12 % de la población permanece sin seguro (Dimova, 2024).
La legislación sanitaria búlgara ha garantizado tradicionalmente la prestación de servicios de salud materno-infantil. La Ley de Sanidad establece las disposiciones generales sobre los derechos de los niños como pacientes y sobre la atención sanitaria infantil. Regula el aspecto más relevante del sistema de salud infantil del país: el derecho de todos los niños y niñas a recibir atención médica completa y gratuita hasta los dieciocho años, así como el acceso sin restricciones a los servicios prestados tanto por médicos de cabecera como por pediatras (ISSA, s. f.).
Aun así, Bulgaria ocupa el último lugar de la Unión Europea en indicadores como el número de mortinatos, la mortalidad infantil y neonatal, y las hospitalizaciones de niños (Krassen, 2025). La tasa de mortalidad infantil (6,1 por cada 1000 nacidos vivos en 2016) duplica la media de la UE, que en 2023 era de 3,3 muertes por cada 1000 nacidos vivos.
Según UNICEF, el 9,5 % de los nacimientos corresponde a adolescentes y jóvenes menores de 20 años, y el 13 % de los nacimientos anuales se da en mujeres sin seguro de salud y con acceso limitado a la atención médica. Muchos niños y niñas no reciben cuidados adecuados en sus primeros años de vida debido a la pobreza, la falta de una crianza receptiva y afectuosa, y la escasez de oportunidades de aprendizaje temprano desde el nacimiento (UNICEF Bulgaria, s. f.).
Derecho a la educación
La educación escolar es obligatoria en Bulgaria desde los 6/7 hasta los 16 años. Desde 2010, además, todos los niños y niñas deben cursar dos años de educación preescolar antes de comenzar la primaria.

Las familias deben pagar una cuota mensual por la educación preescolar, lo que puede constituir un obstáculo para algunas de ellas (UNICEF Bulgaria, 2020). El sistema educativo búlgaro se organiza en educación general (1.º a 7.º grado), que comprende la primaria (1.º a 4.º) y la secundaria inferior (5.º a 7.º), y educación secundaria superior (8.º a 12.º). Esta última puede ser de carácter general (impartida en escuelas secundarias generales o especializadas) o profesional (impartida en escuelas de formación profesional) (UNICEF Bulgaria, 2020).
Según datos proporcionados por UNICEF, menos del 80 % de los niños y niñas de entre 3 y 4 años asisten al preescolar, y cada año alrededor de 1000 niños en edad escolar no llegan a matricularse (UNICEF Bulgaria, s. f.). Además, unos 10 000 abandonan la educación primaria cada año, y 1 de cada 10 no asiste a la educación obligatoria entre los 7 y los 15 años (SOS Children’s Villages, s. f.).
En el caso de la infancia romaní, las cifras son aún más preocupantes: un 45 % no asiste al preescolar y un 15 % no asiste a la escuela. Asimismo, se estima que alrededor de 14 000 niños y niñas con discapacidad permanecen fuera del sistema escolar y del preescolar (UNICEF Bulgaria, s. f.).
La pobreza es uno de los principales obstáculos para acceder a la educación, ya que muchas familias no pueden cubrir los gastos ocultos de la educación (SOS Children’s Villages, s. f.). Las escuelas de los municipios con menos recursos enfrentan grandes dificultades para garantizar una enseñanza de calidad. Aunque el gobierno búlgaro ha establecido la gratuidad de la educación preescolar, en muchas zonas faltan los recursos necesarios para aplicarla plenamente.
Algunas municipalidades con presupuestos limitados ni siquiera logran asegurar una calefacción adecuada en todas las aulas durante el invierno. Sin un entorno de aprendizaje seguro y de calidad, resulta difícil que los niños y niñas rompan el ciclo de pobreza intergeneracional (Rogers, 2022).
El nivel educativo de los padres y familiares también influye de manera decisiva en la pobreza infantil en Bulgaria, ya que contar con estudios superiores facilita el acceso a empleos cualificados, estables y mejor remunerados (Rogers, 2022). En Bulgaria, el 80 % de los adultos cuyos padres cursaron estudios universitarios también llegaron a la universidad; en cambio, solo un 5 % de los adultos cuyos padres no terminaron la secundaria alcanzó ese nivel. Esta marcada diferencia muestra cómo la desigualdad de oportunidades puede transmitirse de una generación a otra (OECD, 2024).
En los últimos años, Bulgaria ha adoptado medidas para reforzar el derecho a la educación. Una reforma clave fue ampliar la escolaridad obligatoria desde los 4 hasta los 16 años con el objetivo de mejorar la participación, especialmente entre los niños pequeños.
Sin embargo, persisten retos importantes, como garantizar una financiación equitativa en todo el país y fortalecer el apoyo al profesorado. Por ejemplo, los docentes de secundaria inferior en Bulgaria están contratados para impartir solo 444 horas al año, muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que asciende a 706 horas (OECD, 2024).
Derecho a la libertad
Existen estructuras que fomentan la participación de los niños, como el Consejo Infantil, creado como órgano consultivo del presidente de la Agencia Estatal de Protección Infantil. Está integrado por adolescentes de 14 a 18 años de las 28 regiones administrativas del país, incluidos niños y niñas de grupos vulnerables y con protección internacional (Eurochild, 2024).
Los miembros del Consejo participaron en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Infancia 2024-2030. Entre octubre y diciembre de 2023, la Agencia Estatal de Protección Infantil, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Política Social, organizó la iniciativa «La voz de los niños y sus familias», destinada a recoger aportes para la redacción del borrador de la Estrategia (Eurochild, 2024).
Se llevó a cabo una serie de diálogos con distintos grupos de niños y niñas (romaníes, internados en instituciones por conductas antisociales, de servicios residenciales, en familias de acogida, con necesidades especiales, en edad preescolar y con talentos destacados, entre otros). Estos encuentros, celebrados en varias ciudades de Bulgaria, tuvieron como objetivo identificar los principales retos para el desarrollo de la infancia y las posibles soluciones. Las opiniones y sugerencias de los niños recogidas durante los debates se incorporaron en el borrador de la Estrategia Nacional para la Infancia 2024-2030 (Eurochild, 2024).
Derecho a la protección
El sistema de protección infantil en Bulgaria sigue siendo relativamente reciente y poco desarrollado: se creó hace apenas dos décadas, inspirado en modelos de varios sistemas de Europa Occidental, especialmente el británico, aunque sin una identidad clara y adaptada al contexto local. Mientras países como el Reino Unido revisan hoy sus prácticas de protección infantil, Bulgaria sigue enfrentando problemas estructurales básicos, como la respuesta insuficiente frente a la violencia y el abandono infantil o la dificultad para brindar apoyo social efectivo a las familias vulnerables (Toneva, 2024).

El persistente legado del cuidado institucional agrava aún más la situación. Durante más de 50 años, Bulgaria gestionó una amplia red de instituciones estatales, donde el internamiento de los niños era la respuesta habitual a casi cualquier dificultad familiar, especialmente cuando estaba vinculada a la pobreza (Toneva, 2024). Para dimensionar este fenómeno, el Plan de Acción de Bulgaria para el período 2010-2015 contemplaba el cierre de 137 instituciones para febrero de 2025 y la prohibición del cuidado residencial de menores de 0 a 3 años a partir de esa fecha (UNICEF, 2014).
Hoy en día, aunque la mayoría de estas instituciones han cerrado, persiste la mentalidad que las sustentaba. Tanto profesionales como padres mantienen la creencia de que el Estado puede ofrecer mejores cuidados que los hogares en situación de dificultad. Esta percepción influye en las decisiones de acogida y condiciona la interpretación de los problemas familiares.
Muchos padres que viven en pobreza interiorizan la culpa y consideran la separación familiar como algo inevitable o incluso merecido. Como consecuencia, temen pedir ayuda, pues piensan que sus palabras podrían ser usadas en su contra. Este silencio invisibiliza el impacto de la pobreza en el sistema de protección infantil y dificulta distinguir entre negligencia real y desventajas estructurales (Toneva, 2024).
Las investigaciones muestran que la pobreza es el factor más común en las decisiones de separar a los niños de sus familias en Bulgaria. Aunque los informes de protección infantil suelen referirse a «abandono social», «baja capacidad parental» o «conductas irresponsables», rara vez reconocen explícitamente el papel de la pobreza.
Sin embargo, en la mayoría de los casos la separación ocurre cuando la pobreza se combina con otros factores de estrés, como la discapacidad, las adicciones o la violencia doméstica. Estos factores por sí solos no suelen conducir a la separación, pero al sumarse a la pobreza, sí lo hacen. Al no reconocer la pobreza como un problema clave, el sistema evita abordar las causas profundas de la vulnerabilidad familiar y termina reforzando la marginación social de las familias que debería proteger (Toneva, 2024).
Factores de riesgo –> Retos específicos del país
Violencia contra la infancia
Violencia sexual
Alrededor del 16 %, es decir, casi 1 de cada 6 niños, niñas y jóvenes, declara haber sufrido violencia sexual en su infancia. Las niñas (2 de cada 10) tienen una probabilidad significativamente mayor que los niños (1 de cada 10) de haber sido víctimas de este tipo de violencia. Asimismo, son el doble de propensas que los niños a reportar acoso sexual en línea, tres veces más a relatar experiencias de acoso y agresión sexual en persona, y casi cinco veces más a declarar haber sido forzadas a mantener relaciones sexuales. En consonancia con las tendencias mundiales, los perpetradores más comunes de violencia sexual suelen ser personas conocidas por la víctima (UNICEF Bulgaria, 2020).
Como ocurre con otras formas de violencia, los niños y niñas con discapacidad corren un riesgo particular de sufrir violencia sexual: tienen el doble de probabilidades de ser acosados en línea y hasta ocho veces más de denunciar haber sido agredidos o violados en comparación con los niños sin discapacidad (UNICEF Bulgaria, 2020).
Aunque madres, padres y adultos responsables manifiestan ser conscientes de las experiencias de violencia física y emocional de sus hijos, muy pocos reconocen casos de violencia sexual, lo que refleja una menor conciencia de este tipo de violencia. Una posible explicación es el estigma profundamente arraigado que rodea esta forma de violencia contra la infancia (UNICEF Bulgaria, 2020).
El fenómeno de la «culpabilización de la víctima» en casos de violencia sexual parece ser frecuente en Bulgaria: algo más de la mitad de las personas encuestadas (51,6 %) afirma que una niña víctima de violación es en parte responsable de lo ocurrido, especialmente si bebe alcohol, consume drogas, se comporta de manera considerada provocativa, tiene varias parejas sexuales o «sale tarde por la noche». Casi 1 de cada 7 adultos (13,5 %) está de acuerdo en que un niño es en parte culpable de ser violado si es gay o mantiene relaciones con otros hombres (UNICEF Bulgaria, 2020).
Violencia física
Casi 1 de cada 3 niños declara haber sufrido violencia física, siendo los varones (37,2 %) más afectados que las niñas (25,6 %). El hogar es el entorno más común, y los principales perpetradores son los padres, especialmente los hombres. En 2019, alrededor del 40 % de los padres admitió haber usado disciplina física, y 1 de cada 20 reconoció haber recurrido a castigos físicos severos. Los niños y niñas de familias más pobres, con menor nivel educativo o cuyos padres fueron maltratados en su infancia son más propensos a ser víctimas (UNICEF Bulgaria, 2020).
En la escuela y en la comunidad, los compañeros son los principales agresores, mientras que los docentes rara vez están implicados. Los niños varones, los niños pertenecientes a minorías étnicas y aquellos con discapacidades o procedentes de entornos más pobres enfrentan riesgos más altos. Vivir con al menos uno de los padres resulta ser un factor protector. Según los datos recopilados por UNICEF Bulgaria en 2020, el 28,9 % de los 1411 adultos encuestados estuvo de acuerdo en que «pegar» puede ser beneficioso para un niño, aunque pocos aceptan la violencia proveniente del profesorado (UNICEF Bulgaria, 2020).
Violencia emocional
La violencia emocional es la forma más común de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Bulgaria, y afecta al 45,9 % de ellos, sin diferencia significativa entre géneros. Ocurre con mayor frecuencia en la escuela o en la comunidad que en el hogar. Más de 1 de cada 10 niños experimenta acoso en línea, especialmente en redes sociales. Los principales agresores son sus propios compañeros, aunque también participan personas adultas.
En 2019, 4 de cada 5 padres reconocían haber gritado, amenazado o humillado a sus hijos. La violencia emocional se percibe como menos aceptable que la física: el 92,9 % coincide en que la humillación verbal constituye violencia psicológica, y casi la misma proporción reconoce el daño causado por amenazas e insultos (UNICEF Bulgaria, 2020).
Negligencia
La negligencia afecta a 1 de cada 10 niños y niñas. Se reportan casos en que los adultos responsables olvidan alimentarlos (3,5 %), llevarlos a la escuela (6,8 %) o al médico (5,9 %). Aproximadamente el 15 % de los adultos responsables admite haber cometido este tipo de negligencia. Los padres que han sufrido violencia son más propensos a descuidar a sus propios hijos, lo que demuestra efectos intergeneracionales.
La gran mayoría de los adultos (92 %) reconoce que la falta de atención emocional y no garantizar la seguridad de los niños constituyen formas de negligencia. Los niños con discapacidad, los niños romaníes, aquellos que no viven con sus padres biológicos y los provenientes de los hogares más pobres son los que corren mayor riesgo; los que se encuentran en el quintil de riqueza más bajo son tres veces más propensos a reportar negligencia (UNICEF Bulgaria, 2020).
Acoso y ciberacoso
Las estadísticas gubernamentales muestran que en el año académico 2016–2017 hubo 8000 casos de acoso y violencia en las escuelas. De ellos, 4500 fueron casos de agresión física y verbal. En 2017, más del 80 % de las escuelas búlgaras reportó al menos un caso de violencia.
Según el estudio Health Behaviour of School-aged Children (HBSC) de 2018, realizado con niños y adolescentes de 11, 13 y 15 años en 45 países de Europa y Canadá, la prevalencia del acoso en Bulgaria es superior al promedio del HBSC en todos los grupos de edad. En comparación con países vecinos, Bulgaria y Rumanía muestran tasas similares de acoso, mientras que Albania, Macedonia del Norte, Grecia y Serbia presentan tasas más bajas (UNICEF Bulgaria, 2020).
Los niveles de ciberacoso en Bulgaria superan la media internacional y, de manera poco habitual, los varones reportan ser más víctimas de ciberacoso que las niñas en todos los grupos de edad. En otros países la tendencia suele ser la contraria. El estudio Kids Online de 2016 reveló que el 29 % de los niños fue tratado de forma abusiva o desagradable durante el último año, y que el 30 % de estos fue acosado de manera regular. Aproximadamente 1 de cada 10 niños informa haber sido tratado mal en línea (UNICEF Bulgaria, 2020).
Discriminación
La población romaní en Bulgaria enfrenta desventajas socioeconómicas considerables. Un estudio de 2015/2016 reveló que el 86 % de las familias romaníes vive por debajo del umbral nacional de pobreza, frente al 22 % de la población general.

Además, tienen más probabilidades de residir en viviendas de baja calidad, sin acceso a agua u otros servicios básicos. Aunque la asistencia a la educación obligatoria es alta entre la población romaní, el abandono escolar temprano es frecuente. Solo el 40 % de los adolescentes romaníes cursa la educación secundaria superior, en comparación con el 83 % de la población general. Casi dos tercios de los jóvenes romaníes de entre 16 y 24 años no estudian, no trabajan ni reciben formación (UNICEF Bulgaria, 2020).
Además, los niños romaníes suelen asistir a «escuelas romaníes» en barrios mayoritariamente romaníes, donde las instalaciones son más limitadas y la calidad educativa es inferior a la de las escuelas de mayoría búlgara. El Ministerio de Educación y Ciencia no recopila datos basados en la etnia, lo que dificulta comprender plenamente las disparidades educativas que sufren estas comunidades.
Más allá de estas desventajas socioeconómicas, la población romaní de Bulgaria también se enfrenta a la exclusión social y a la discriminación. En la encuesta de 2015/2016, el 22 % declaró haber sufrido discriminación racial en los últimos cinco años, y el 14 % en el último año. En 2019, el 68 % de la población búlgara expresó opiniones desfavorables hacia la población romaní (UNICEF Bulgaria, 2020).
Si bien la comunidad romaní sufre discriminación, otras minorías étnicas también la sufren, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial manifestó su preocupación por el aumento de los discursos y crímenes de odio contra turcos, romaníes, musulmanes, judíos, personas de ascendencia africana, migrantes y refugiados (UNICEF Bulgaria, 2020). En particular, el Comité subrayó que durante las campañas electorales se difunden discursos racistas e incitaciones al odio, y que ciertos partidos y candidatos recurren con frecuencia a insultos contra grupos minoritarios y personas específicas (CERD, 2017).
Aislamiento y desarraigo
En Bulgaria, alrededor de 2000 niños y niñas son separados de sus familias cada año. Más de 1000 siguen viviendo en instituciones, mientras que más de 11 000 permanecen separados de sus familias (UNICEF Bulgaria, s. f.).
Además de la institucionalización y la separación formal, Bulgaria enfrenta un desafío particular con los llamados «niños dejados atrás»: aquellos cuyos padres viven o trabajan en el extranjero. Este fenómeno está extendido en todo el país y afecta a todas las comunidades, sin distinción de origen étnico ni nivel socioeconómico. Los beneficios económicos parecen pesar más que los problemas derivados de esta situación, mientras que cientos de niños (incluidos romaníes) se ven gravemente afectados (CoE, 2021).
Algunas estimaciones sugieren que entre el 20 % y el 25 % de los niños en Bulgaria tienen a uno o ambos padres viviendo y trabajando en el extranjero, porcentaje que supera el 37 % en el caso de la infancia romaní. Sin embargo, no existen datos más precisos, y la hipótesis actual es que 1 de cada 4 o 5 niños en Bulgaria ha sido dejado atrás por padres que residen o trabajan fuera del país (CoE, 2021).
El marco jurídico búlgaro no clasifica a los niños dejados atrás como niños en situación de riesgo, ni los considera niños abandonados, pese a que muchas de sus necesidades suelen quedar desatendidas. La investigación de campo muestra que la ausencia parental tiene un impacto significativo en el desarrollo normal y saludable de los niños y niñas (CoE, 2021).
Si bien muchos padres organizan cuidados sustitutos y mantienen contacto en línea de manera regular, su ausencia física en la vida cotidiana del niño puede acarrear consecuencias perjudiciales, como el abandono escolar o el consumo de drogas. Algunos niños presentan manifestaciones físicas del malestar emocional provocado por la separación, como fiebre breve tras la partida de sus padres. También pueden caer en aislamiento social, conductas agresivas o conflictos con sus compañeros (CoE, 2021).
Otro efecto negativo para algunos niños es el agravamiento de la pobreza debido a tutelas no reguladas, que impiden a los adultos responsables recibir prestaciones sociales y beneficios por hijos a cargo. Según los datos recopilados por el Consejo de Europa, no existe comunicación suficiente entre las entidades públicas competentes ni estudios sistemáticos que proporcionen información sobre estos niños dejados atrás (CoE, 2021).
Tampoco existe un procedimiento claro y sencillo para que los padres puedan organizar la tutela de sus hijos eligiendo a una persona (por ejemplo, un pariente cercano). El personal público no está preparado para responder adecuadamente a las necesidades de estos niños, de sus padres o de los adultos responsables de su cuidado (CoE, 2021).
Justicia de menores
El Código Penal estipula que los niños y niñas menores de 14 años son inimputables (artículo 31, párrafo 1 del Código Penal). Los menores que cometen actos considerados socialmente peligrosos (infracciones), solo pueden recibir medidas educativas. Los niños y niñas de entre 14 y 18 años («adolescentes» o «menores») que cometen delitos, tal como los define el Código Penal, o «actos antisociales», pueden ser considerados responsables penalmente solo si, tras evaluar sus circunstancias personales, se determina que tienen capacidad para comprender el acto y sus consecuencias (UNICEF, 2019).
Los menores que superan la edad mínima de responsabilidad penal se clasifican en dos grupos: de 14 a 16 años y de 16 a 18 años. Si son sospechosos, acusados o declarados culpables de infringir la ley, deben someterse a las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Son citados ante la Fiscalía y, posteriormente, ante el tribunal. En Bulgaria no existen tribunales especializados para niños en conflicto con la ley (UNICEF, 2019).
Cada año, aproximadamente 5000 niños y niñas en Bulgaria son investigados por cometer diversos delitos y unos 200 son enviados a instituciones cerradas, donde se les priva de libertad. Además, unos 3500 niños son víctimas de delitos anualmente y participan en procesos penales que a menudo no se adaptan a sus derechos ni a sus necesidades específicas. No hay datos fiables sobre la cantidad de niños y niñas implicados en procesos civiles o administrativos, como disputas de custodia o casos de violencia doméstica (UNICEF Bulgaria, s. f.).
La responsabilidad penal de los adolescentes es menor que la de los adultos; sin embargo, en el caso de quienes tienen entre 16 y 18 años, esta reducción es más limitada (UNICEF, 2019). En 2019, 931 adolescentes de entre 14 y 17 años fueron condenados por algún delito, lo que representó el 4,1 % del total de infractores. Dado que la población de 14 a 17 años constituye el 3,7 % de la población total de Bulgaria, los niños parecen estar ligeramente sobrerrepresentados entre los delincuentes (UNICEF Bulgaria, 2020).
Escrito por Arianna Braga
Revisión interna por Aditi Partha
Traducido por Rocío Piña
Revisado por Cristina Morillo
Actualizado el 1 de mayo de 2025
Referencias:
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[1] Este artículo no pretende ofrecer una descripción completa ni representativa de los derechos de los niños en Bulgaria; de hecho, uno de los principales retos es la escasa información actualizada sobre los niños búlgaros, gran parte de la cual es poco fiable, no representativa, obsoleta o simplemente inexistente.

