Niños de Colombia

Descubriendo los derechos infantiles en Colombia

La República de Colombia ha visto reducida la violencia contra los niños y también ha registrado un declive en el homicidio infantil. Sin embargo, debido a las medidas de aislamiento impuestas para combatir la trasmisión por el COVID-19, las denuncias por violencia de género se han incrementado. Además, indígenas y afrocolombianos continúan sufriendo discriminación, desplazamiento forzado de menores y una gran disparidad entre niños y niñas de áreas urbanas y rurales.

Índice de los Derechos del Niño: 7.22 / 10
Nivel rojo: Situación difícil

Población: 251.512.766
Pob. de 0 à 14 años: 22,184 %

Esperanza de vida: 77,287 años
Mortalidad en menores de 5 años: 13,2 ‰

Colombia de un vistazo

La República de Colombia se sitúa al noreste de América del Sur. La costa norte limita con el  Caribe y la costa oeste con el océano Pacífico; al noroeste limita con Panamá, que divide las dos masas de agua; con Venezuela y Brasil al este y con Perú y Ecuador al sur (Garavito, 2022).

La historia refiere que a principios del siglo XVI y una vez iniciada la colonización del Caribe los españoles fueron expandiendo el imperio hacia el territorio continental. Poco después comenzó la colonización de Colombia y fue fundada Santa Marta en 1525, seguida de Cartagena en 1533, el Nuevo Reino de Granada en 1535 y Cali en 1536. Cuando enfermedades europeas como la viruela redujeron la población indígena del Caribe, se trajeron esclavos de África.

El dominio españolen Colombia se extendió aproximadamente desde 1525 hasta 1808, tiempo durante el cual la región del Nuevo Reino de Granada estuvo bajo el control de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá (Infoplease, 2016). El Nuevo Reino de Granada comprendía lo que ahora se conoce como Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Venezuela y Ecuador abandonaron el Nuevo Reino de Granada en 1829 y 1830, respectivamente.

En 1861, el país pasó a denominarse Estados Unidos de la Nueva Granada; en 1863 se convirtió en los Estados Unidos de Colombia; y en 1885 fue nombrada República de Colombia. En 1899 estalló una guerra civil, conocida como la Guerra de los Mil Días, que duró hasta 1902. Panamá se convirtió en una nación independiente en 1903 con la ayuda de los Estados Unidos de América, pero no fue reconocida por Colombia hasta 1921 después de que los EE.UU. le pagara 25 millones de dólares como indemnización (Iexplore, 2015).

A partir de entonces, Colombia vivió una relativa estabilidad hasta que grupos guerrilleros marxistas organizados en las décadas de 1960 y 1970, principalmente el Movimiento 19 de Mayo (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hundieron el país en violencia e inestabilidad (Iexplore, 2015). El período entre 1970y1990 asistió al surgimiento de violentos y poderosos cárteles de la droga, entre los que destacan los de Medellín y Cali, que influyeron en la sociedad colombiana al alterar significativamente su política y economía.

En 1991, se aprobó una nueva constitución que incluía la prohibición de extraditar ciudadanos colombianos, disposición derogada luego en 1996. A pesar de las reformas, Colombia siguió plagada de facciones ilegales y una violencia asociada al narcotráfico que el presidente Andrés Pastrana intentó reducir entre 1999 y 2002.

Álvaro Uribe fue elegido presidente en 2002 y sus operaciones intensivas de seguridad contra las FARC fueron productivas, ya que la cifra de crímenes, secuestros y ataques terroristas en Colombia disminuyó significativamente durante su mandato (Garavito, 2022). El 15 de agosto de 2017, el gobierno colombiano declaró oficialmente finalizado el conflicto con las FARC y las últimas armas de las que disponía el grupo fueron entregadas a representantes de la ONU (Garavito, 2022).

La historia de Colombia has ido turbulenta, marcada por la esclavitud y la apropiación de tierras indígenas durante el período colonial, seguido de inestabilidad política, guerra civil y, en los últimos años, de violencia asociada a las drogas. A pesar de ello, la cultura predominante es una rica mezcla artística de costumbres españolas, herencia indígena y tradiciones afrocaribeñas (Iexplore, 2015).

Situación de los derechos de la niñez [1]

La República de Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) de Naciones Unidas el 28 de enero de 1991 (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2020) y la incorporó a la legislación nacional. Colombia también ratificó el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armadosel 25 de mayo de 2005 (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2020) y el Protocolo Facultativo de la CDN sobre la Venta de Menores, la Prostitución Infantil y la Empleo de Menores en la Pornografía el 11 de noviembre de 2003 (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2020). A pesar de ello, Colombia debe aún ratificar el Protocolo Facultativo de la CDN sobre el Procedimiento de Denuncias ante el Comité de los Derechos dela Niñez de 2011.

En el ámbito regional, Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José (1969) (en adelante Pacto de San José) el 18 de agosto de 1978 (UNTC, 1969). El objetivo del Pacto de San José es establecer normas internacionales que describan los roles de los estados en la protección de derechos humanos, como el derecho a la vida

Adicionalmente el artículo 19 reconoce la importancia de proteger a los niños al señalar que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección por parte de su familia, la sociedad y el Estado que su condición de menor requiere” (UNTC, 1969).La cooperación con los organismos regionales es esencial para garantizar la implementación de los derechos de la niñez, tanto en el Estado miembro, como en otros Estados miembros del Pacto de San José.

A nivel nacional, Colombia cuenta con una sólida y amplia estructura legislativa que establece medidas detalladas de protección de los derechos de la niñez. La legislación nacional colombiana sobre la niñez ha cambiado a lo largo de los años, principalmente debido a las diferentes concepciones existentes respecto a los principios que deben incluirse en dicha legislación. Conforme a la constitución colombiana de 1991 con sus enmiendas hasta 2015 específicamente, el artículo 44 detalla los derechos del niño y establece que estos derechos tengan prioridad ante los derechos de los otros (Max Planck Institute, 2021).

Otras disposiciones que abordan directamente los derechos de la niñez son los artículos 42 y 45. Colombia cuenta con un Código de la Infancia y la Adolescencia integral, que fue adoptado en 2006 y que incluye expresamente la CDN como parte integral del Código para guiar su interpretación y aplicación.

El país también cuenta con otras leyes relacionadas con los derechos del niño, como la Prevención de la Violencia Sexual y la Atención Integral de los Niños Víctimas de la Violencia Sexual de 2007. Además, Colombia adoptó una serie de políticas relevantes en la protección de la infancia, que incluye el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia (2009-2019), el Plan de Desarrollo (2014-2018) y la Política de la Primera Infancia.

Abordar las necesidades de los niños y niñas

Derecho a la educación

En las dos últimas décadas, el sistema educativo colombiano ha experimentado una transformación fundamental (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016). El resultado más visible es la impresionante extensión del acceso a todos los niveles educativos como resultado de políticas ambiciosas para abordar las barreras de inscripción y llevar los servicios educativos a todos los rincones del país. La matrícula ha aumentado considerablemente en todos los niveles.

En solo una década, el tiempo que los estudiantes invierten en educación ha aumentado dos años y la participación en la atención y educación infantil temprana, así como en la educación terciaria se ha más que duplicado, al elevarse al 40 % y al 50 % respectivamente (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016). Asimismo, la inscripción de niños de cero a cinco años se incrementó el doble entre 2007 y 2013, al aumentar de un 16 % a un 41%.

A pesar de estos logros, aún existen grandes desafíos para el sistema educativo en Colombia. La esperanza de vida escolar de los estudiantes de los entornos más pobres es de sólo seis años, comparada con los doce años con respecto a los más ricos. Existe una diferencia significativa en la cobertura educativa que afecta a grupos mayoritariamente indígenas, afrocolombianos, niños desplazados y de zonas rurales, y que es aun más desproporcionada en el caso de las niñas (Committee on the Rights of the Child, 2015).

También se carece de estrategias para lograr una educación inclusiva para los niños con discapacidad. Los datos recopilados en 2014 y 2015 por el Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación son alarmantes en lo que respecta a las personas con discapacidad. La matrícula de personas con discapacidad para 2014 representó el 1,21 % de la matrícula total, siendo las cifras más altas para la educación pública (1,72 %) y más bajas (0,77 %) para la educación privada (Saldarriaga-Concha Foundation, 2016).

El promedio de matrícula es más alto para los hombres que para las mujeres con discapacidad en todos los niveles educativos. En 2014, las mujeres representaban el 0,96 por ciento de las matrículas de personas con discapacidad en el sistema educativo, mientras que los hombres representaban el 1,46 % (Saldarriaga-Concha Foundation, 2016). En 2015, las mujeres representaron el 1,04 % de las matrículas de personas con discapacidad en el sistema educativo, mientras que los hombres representaron el 1,63 %.

Los efectos de la pandemia de COVID-19 forzaron el cierre de escuelas, lo que provocó que más de nueve millones de niños de primaria y secundaria se vieran obligados a estudiar desde casa a través de transmisiones educativas de radio y televisión o en línea (Trines et al., 2020).Era de esperar que las inscripciones a la educación superior disminuyeran significativamente debido a la pérdida de hasta el 50% de los ingresos (Trines et al., 2020).

Derecho a la salud

Colombia aprobó una ley estatutaria en 2015 (Ley 1751) que reconoce el derecho constitucional a la salud conforme al derecho a la vida y la dignidad (Gómez, 2018, 133-145). El Ministerio de Salud y Protección Social desarrolló un Plan Decenal de Salud Pública en respuesta a las diversas preocupaciones de salud de los niños colombianos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). Estableció tres prioridades para la atención integral A la salud: tolerancia cero a la mortalidad, morbilidad y discapacidad prevenible.

Esta iniciativa ha tenido un impacto positivo y durante la última década la mortalidad infantil se ha reducido, pasando de 20,4 muertes a 17,7 por cada 1.000 nacidos vivos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). La mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) también disminuyó entre los lactantes del país, de 33,8 muertes a 3,7 muertes por cada 100.000 niños menores de cinco años. La misma tendencia se aprecia con respeto a la infección respiratoria aguda (IRA), que descendió de 35,3 muertes a 15,9.

Las tasas de mortalidad infantil y materna continúan siendo muy altas, particularmente entre las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas (Committee on the Rights of the Child, 2015). Todavía mueren niños menores de un año por causas relacionadas con trastornos respiratorios en el período prenatal. Las malformaciones congénitas del aparato respiratorio y las infecciones durante la etapa prenatal, especialmente en provincias como Amazonas, Chocó y Vaupés presentan las tasas más altas de mortalidad infantil. Además, el 13,2 % de los niños menores de 5 años sufre de malnutrición crónica y el 3,4 %, de desnutrición general (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

En cuanto a la salud de los adolescentes, existe una tasa muy alta de embarazo precoz, particularmente en áreas rurales, que afecta a niñas y jóvenes menores de quince años (Committee on the Rights of the Child, 2015). Esto se traduce en una alta tasa de mortalidad materna entre las adolescentes como resultado del acceso inadecuado a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, en 2021, los menores y las familias en Colombia, incluidos los grupos prioritarios, como maestros y niños, se vieron beneficiados por la ampliación de la vacunación contra el COVID-19, la reapertura de escuelas, así como el lanzamiento de una campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola para niños menores de diez años (UNICEF, 2022).

Derecho al agua y saneamiento

En Colombia, 1,4 millones de personas carecen de acceso al agua potable. Esto representa alrededor del 3 % de la población. Entre las poblaciones urbanas y rurales existe una gran disparidad en cuanto al acceso a agua potable (Embry, 2020). En las áreas urbanas los servicios básicos de agua potable alcanzan el 98,8 % de la población en comparación con las áreas rurales donde solo el 86 % de la población tiene acceso a este servicio (Bluma, 2020, 25).

Para 2024, el gobierno colombiano planea aumentar la accesibilidad al agua (World Bank Group, 2019) en regiones rurales, como La Guajira. Por otra parte, en 2019 más de 8000 indígenas (Miller, 2019) de zonas rurales de Colombia obtuvieron acceso a instalaciones básicas de agua a través del desarrollo de embalses e infraestructura secundaria.

Debido al acceso deficiente a las instalaciones WASH, el 2 % del PIB nacional se destina a gastos relacionados con la salud. En 2016, se produjeron en Colombia 366 muertes (World Health Organisation, 2019) debido a las malas condiciones de saneamiento y agua. En 2012, hubo 119 muertes entre niños menores de 5 años debido al acceso deficitario al agua y al saneamiento (World Health Organisation, 2019). Se estima que 4,9 millones de personas (WaterAid, 2020) no tienen acceso a un baño en Colombia.

En las áreas rurales, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a instalaciones sanitarias seguras. UNICEF reportó que solo 1 de cada 5 escuelas tenía jabón y papel higiénico disponibles para uso de los estudiantes (WaterAid, 2020). En 2015, el 88,2 % de la población tenía acceso a servicios básicos de saneamiento en comparación con el 85,6 % que lo disfrutaba en 2000, lo que en 15 años representa una mejora marginal (Bluma, 2020, 26). Ha habido un notable aumento de los servicios de saneamiento básico para la población rural de Colombia, que ha alcanzado el 72 % (Bluma, 2020, 27).

Con la propagación de la COVID-19, la provisión de agua potable, saneamiento y condiciones higiénicas se ha vuelto esencial para proteger la salud humana.  Las poblaciones minoritarias de Colombia, incluidos los afrodescendientes, las comunidades indígenas, los palanqueros, y otros, se encuentran entre los grupos más afectados (Rocha et al., 2020). Ello es especialmente preocupante considerando que la Corte Constitucional colombiana, a través de diversas sentencias, ha otorgado al acceso al agua potable el estatus de derecho fundamental.

Otros problemas relacionados con el acceso al agua potable se relacionan con la población colombiana que no se beneficia de las medidas de reconexión a los servicios de agua; aquélla que solo puede acceder al agua potable a través de conexiones ilegales suele ser la que viven en o por debajo del umbral de la pobreza. (Rocha et al., 2020). 

Derecho a la identidad

En Colombia la inscripción de nacimiento es gratuita y el trámite de inscripción generalmente se realiza en la localidad donde nace el niño o la niña. En el momento del registro, se le asigna al bebé un Número de Identificación Personal (NUIP) (Committee on the Rights of the Child, 2015). Este número es único para el niño; las huellas del niño también se toman durante el proceso de registro del nacimiento.

El derecho a ser reconocido como persona ante la ley es un paso fundamental para garantizar la protección de por vida y es un prerrequisito para poder ejercer todos los demás derechos (UNICEF, 2021). El registro constituye una prueba y puede usarse para acceder a servicios como la educación y la atención médica, así como para documentar la edad de un niño.

Los niños indígenas y afrocolombianos siguen sufriendo discriminación y numerosos desafíos para acceder a la educación, la atención médica, los servicios de registro civil y la justicia (Committee on the Rights of the Child, 2015). Se ven desproporcionalmente afectados por la violencia y el conflicto armado; estos niños son reclutados por grupos armados no estatales.

Factores de riesgo → Desafíos específicos del país

La niñez en conflictos armados

La firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la transformación de las FARC-EP en un partido político (United Nations Security Council, 2017) pusieron fin a un conflicto de cinco décadas y llevaron a la desmovilización de las FARC-EP y su transformación en un partido político.

Sin embargo, la violencia e inseguridad vinculadas a grupos armados que buscan ejercer control en áreas desocupadas por las ex FARC-EP continúan afectando los derechos y el bienestar de los niños (United Nations Security Council, 2019). Entre julio de 2016 y junio de 2019, UN equipo de trabajo verificó 850 violaciones graves contra niños EN EL PAÍS, lo que representa una disminución en comparación con las 2078 violaciones graves VERIFICADAS entre septiembre de 2011 y junio de 2016.

El reclutamiento y empleo de niños fue la más notoria violación grave verificada, la cual alcanzo su pico en 2018. Fueron reclutados niños entre 13 y 17 años, incluidos cinco niños venezolanos. El reclutamiento y empleo de niños de comunidades indígenas, incluso como blanco, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) alcanzó su punto máximo en 2017. Por ejemplo, en febrero de 2017, el ELN reclutó a cinco niños indígenas de entre 14 y 17 años y en junio de 2017, siete niños, incluidas cuatro niñas, todos miembros de una comunidad indígena, fueron reclutados y usados por el ELN.

Las estrategias utilizadas por los grupos armados para reclutar niños incluían promesas de dinero y protección u otras formas de apoyo y beneficios para sus familias. Las niñas estaban expuestas a menudo a la violencia sexual durante su asociación con grupos armados. Desde julio de 2016 hasta junio de 2019, se informó la muerte de 91 niños y la mutilación de 95, de los cuales algunos sólo contaban 5 años. Las bajas infantiles fueron resultado del fuego cruzado, los ataques indiscriminados, el ataque directo a los niños y los bombardeos, así como los accidentes causados por las minas terrestres antipersonales y las municiones sin detonar. Los niños asociados con grupos armados fueron muertos o mutilados durante combates.

Los niños estuvieron expuestos a graves violaciones, en particular el reclutamiento y la violencia sexual, y su acceso a la educación y a los servicios médicos se vio gravemente afectado. Las comunidades afrocolombianas y las personas indígenas se han visto particularmente afectadas por esta violencia, que ha puesto en peligro su supervivencia (Sardiza & García, 2017). Estos dos grupos étnicos representan respectivamente el 47 %y el 25 %del total de la población desplazada masivamente en Colombia en 2017. Históricamente, los grupos étnicos representaron el 10 % y el 3 %, respectivamente, de los 7,4 millones de desplazados internos en Colombia

Desplazamiento forzado

Colombia ha soportado varias décadas de conflicto y esto ha provocado el desplazamiento forzado de familias enteras, con la correspondiente repercusión en niños y niñas. Entre los más graves efectos se encuentran la migración, ya que los niños y sus familias a menudo se ven obligados a abandonar las zonas de conflicto, así como el reclutamiento de menores, que fuerza a los niños a participar directamente en los conflictos y los conduce de manera inevitable a la muerte. En Colombia, la mayoría de niños desplazados son afrocolombianos o de origen indígena. En particular, son las niñas desplazas las más expuestas a la violencia y discriminación, y esto no se ha abordado satisfactoriamente (Committee on the Rights of the Child, 2015).

Según UNICEF, existen aproximadamente 520.000 niños desplazados como resultado del conflicto armado (Pettersson, 1996). Un conflicto armado trastorna la estructura familiary como consecuencia del desplazamiento a la larga tiende a alterar o destruir el núcleo familiar (Soto & Niños, 1999). Se ha estimado que el 60 % de los niños desplazados se vieron obligados a huir con otros miembros de sus familias, mientras que el 63 % confirma que al menos un miembro de su familia fue muerto o resultó víctima de un intento de quitarle la vida.

Con respecto a la calidad de vida, el niño desplazado suele encontrarse en condiciones de extrema necesidad, pues sus padres están desempleados, sufren de desnutrición, enfermedades u otros factores que provocan que su la calidad de vida se deteriore drásticamente ante estas circunstancias.

Trabajo infantil

Colombia ha dedicado esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil. El Código de la Infancia y la Adolescencia fija la edad mínima para trabajar en quince años (Government of Colombia, 2006). Un inspector de trabajo o un funcionario del gobierno local correspondiente deben además otorgar autorización para que los adolescentes de entre quince y diecisiete años trabajen. El Código de la Infancia y la Adolescencia fija la edad mínima en dieciocho años para realizar trabajos peligrosos.

El Código del Trabajo prohíbe expresamente que los niños menores de dieciocho años trabajen en minería subterránea y pintura industrial (Government of Colombia, 1951). Colombia ratificó tanto el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (International Labour Organisation, 2001) el 2 de febrero de 2001 como el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (International Labour Organisation, 2005) el 28 de enero de 2005.

Los niños en Colombia participan en las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial, las actividades agrícolas y el trabajo en las calles. En el sector agrícola, los niños pueden estar expuestos a largas horas a la intemperie y a altos niveles de polvo, realizar tareas físicamente extenuantes, usar herramientas peligrosas y correr un alto riesgo de sufrir accidentes laborales (International Centre of Education and Human Development (CINDE), 2006, 3).

Trabajan en la producción de café, caña de azúcar y coca, un estimulante ilegal. Los niños también se dedican a la minería artesanal, donde están expuestos a gases tóxicos, largas jornadas, explosivos y productos químicos peligrosos como el ácido nítrico. Trabajan en las minas de esmeraldas, oro, arcilla y carbón, rompiendo rocas, cavando en la tierra con picos o con sus propias manos, sacando agua de las minas y levantando cargas pesadas (Andi, 2012).

En las áreas urbanas, los niños trabajan en las calles, donde suelen permanecer  durante largas horas, expuestos a los elementos y al riesgo de lesiones físicas y robos. Levantan cargas pesadas en los mercados y se dedican a la venta ambulante (Bogota City Council, 2012). Los niños también laboran en el reciclaje, donde se exponen a sustancias tóxicas como el plomo y el ácido sulfúrico, así como a otros desechos peligrosos (Bogota City Council, 2012).

En Colombia, los niños se dedican al servicio doméstico. Las familias indígenas en las áreas rurales a menudo envían a sus hijos a hogares urbanos para trabajar como empleados domésticos, donde llegan a trabajar hasta doce horas diarias y realizan tareas domésticas como planchar, limpiar y cocinar. Los niños que trabajan en el servicio doméstico son vulnerables al abuso físico y sexual por parte de sus empleadores.

Se encontró que 2.117 niños practicaban la explotación sexual comercial en once ciudades de Colombia (Plan International et al., 2014). Los niños también son víctima de la pornografía infantil y el turismo sexual, y son objeto de trata con fines explotación sexual comercial a nivel nacional e internacional (US Department of State, 2019).

Desafíos medioambientales

Según el Climate Action Tracker, el plan nacional de Colombia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es muy insuficiente para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales (Roth, 2022). El plan compromete a Colombia a reducir la deforestación a 50.000 hectáreas por año para 2030.

Dos tercios de la destrucción de bosques ocurre en la región amazónica, impulsada en gran parte por ganaderos y grupos disidentes de las FARC que presionan a los residentes locales para talar árboles, extorsionar a los agricultores, promover siembra de cultivos de coca para producir cocaína, así como amenazar a las personas que apoyan los esfuerzos de conservación.

En noviembre de 2021, en la cumbre mundial del clima en Glasgow, COP26, el gobierno colombiano se comprometió a tener el 30 % del territorio del país declarado área protegida en 2022 (Roth, 2022). La cifra se situó en el 15 %. El cambio climático contribuye al aumento de las temperaturas y de las sequías, y podría provocar lluvias extremas e inundaciones, lo que obligaría al gobierno a tomar medidas para proteger a las poblaciones en riesgo de los daños previsibles.

La respuesta inadecuada de las autoridades a la sequía prolongada en el estado nororiental de La Guajira ha socavado el acceso de los indígenas Wayuu a alimentos y agua, lo que ha provocado altas tasas de muertes por desnutrición infantil.

Escrito por Igi Nderi

Traducido por Susana Ibarz De La Torre

Revisado por Gisela E. Valdés

Última actualización el 22 de marzo de 2022

Referencias:

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[1] Este artículo de ninguna manera pretende dar una descripción completa o representativa de los derechos de la niñez en Colombia; de hecho, uno de los muchos desafíos es la escasa información actualizada sobre los niños, mucha de la cual no es confiable, no es representativa, está desactualizada o simplemente no existe.